Desde la década de 1990, la narcocultura en México ha sido estudiada como el repertorio simbólico del “pueblo criminal” que retrata la vida cotidiana de los narcos. Sus expresiones son entendidas como un registro fidedigno de la vida de los traficantes, con una estética transgresora que presenta el exceso y la ostentación como formas de dominación. En este artículo se estudian formas de protección espiritual entre narcotraficantes a fin de debatir sobre la narcocultura. El material etnográfico fue recolectado entre 2014 y 2017 en los estados de Hidalgo y Michoacán, por medio de observaciones participantes y entrevistas a profundidad. La protección de santos populares como la Santa Muerte, el Angelito Negro y San Nazario, permite entender cómo la narcocultura es un recurso de emancipación social, legitimando las definiciones de justicia y soberanía del crimen organizado.

A continuación se presentan algunos fragmentos de ese diálogo entre dos mujeres Me´phaa, feministas comunitarias de la montaña de Guerrero, y una antropóloga feminista interesada en comprender mejor esta propuesta. No se trata de “las voceras” ni de una posición “oficial” sobre lo que es el feminismo comunitario, sino de lo que para ellas significa esta propuesta en sus vidas y cómo se relaciona con su propia identidad.

El presente artículo muestra la forma en la que la estética de las religiones afroamericanas, en particular la danza y música de la santería afrocubana, se inserta como parte de un repertorio gestual, musical y corporal “negro” que se construye en las interconexiones trasatlánticas desde al menos el siglo XIX. Argumento que en este vaivén, los escenarios de las representaciones de dicho repertorio se vuelven una plataforma que cobra un carácter “refractivo” (Grau, 2005), es decir, que descomponen una idea de lo “negro” en múltiples referentes simbólicos e interpretativos que pueden ser incluso opuestos.

En diciembre del 2006 el presidente de México, Felipe Calderón, declaró la “guerra contra el narco” y sacó al Ejército a enfrentar a los grupos criminales en las calles. Esta tarea de seguridad pública no corresponde específicamente a las funciones de las Fuerzas Armadas y, entre otras consecuencias, ha supuesto un incremento desmesurado de los homicidios y las desapariciones en el país. A pesar de ello se presenta la Ley de Seguridad Interior que institucionaliza este proceso de militarización y justifica, regula y legaliza el papel de las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado. Son muchas las preguntas que surgen en este contexto y esperamos que los invitados de esta sección de Discrepancias contribuyan a animar el debate, quizás a esclarecerlo.