Las crisis que estamos viendo en el Mediterráneo, en la frontera norte y sur de México o en Sudamérica, derivadas de las movilizaciones masivas de personas que huyen de sus países, nos obligan a reflexionar en torno al papel que están adoptando los Estados frente a la llegada y/o el tránsito de personas desplazadas y refugiadas, ante lo que parece ser una política global regresiva, basada en la externalización de fronteras, la restricción y la selectividad.

Este artículo analiza la coacción ejercida en contra de la prensa en el noreste de México durante la llamada guerra contra el narcotráfico, con base en las experiencias de 10 comunicadores desplazados entre 2010 y 2015. Evidencia la lucha de los grupos armados en contienda por controlar la línea editorial de los medios, así como la vulnerabilidad de los heraldos por encontrarse en medio de la línea de fuego, por la falta de protocolos de seguridad desarrollados por las empresas, y los nexos existentes entre funcionarios públicos y la delincuencia organizada. En este contexto, donde los homicidios y las desapariciones de periodistas quedan impunes, están surgiendo iniciativas que buscan resarcir su alta vulnerabilidad profesional.