Después del genocidio de los años ochenta y el proceso de paz ocurridos en Guatemala se puso en marcha un proceso de despojo territorial vinculado a la actividad de industrias extractivas y megaproyectos. La respuesta fue una movilización de las comunidades afectadas que se convirtieron en el eje de la organización indígena y antineoliberal en el país, al que el Estado ha respondido con la deslegitimación, la represión y la criminalización de activistas líderes y autoridades comunitarias. En este contexto, un grupo de activistas me invitaron a participar en un proyecto político de acompañamiento a esas comunidades a través del análisis, la difusión y la reflexión. El mismo contexto obligó a que el proyecto terminara convirtiéndose en una iniciativa de comunicación alternativa —Prensa Comunitaria— y acciones en contra de la criminalización. En este texto reflexiono alrededor de mi experiencia en este espacio y este proceso, como un caso de uso político del oficio de investigador social. Me detengo en los retos y posibilidades que suponen procesos en que las ciencias sociales se trasponen en herramientas para la acción comunicativa y legal, y muestro las tensiones que se hicieron presentes.