Desde mediados de la década de 1990, los periódicos guatemaltecos han publicado fotografías de hombres con el cuerpo tatuado a quienes identifican como mareros. La movilización de estas fotografías juega un rol clave en la socialización de ideas acerca de quiénes son estos sujetos y qué hacen, lo que da pie a la formación de una mirada pública del crimen como fenómeno concomitante a la posguerra. La formación de la referida mirada pública, a su vez, devino en un componente nodal de una nueva contrainsurgencia en la forma de lucha contra el crimen, de la cual la nota roja operó como uno de sus dispositivos retóricos. La discusión que ofrezco se centra en el desempeño de los dos periódicos representativos del género: Al Día y Nuestro Diario, y se acota al decenio 1996-2005.

Después del genocidio de los años ochenta y el proceso de paz ocurridos en Guatemala se puso en marcha un proceso de despojo territorial vinculado a la actividad de industrias extractivas y megaproyectos. La respuesta fue una movilización de las comunidades afectadas que se convirtieron en el eje de la organización indígena y antineoliberal en el país, al que el Estado ha respondido con la deslegitimación, la represión y la criminalización de activistas líderes y autoridades comunitarias. En este contexto, un grupo de activistas me invitaron a participar en un proyecto político de acompañamiento a esas comunidades a través del análisis, la difusión y la reflexión. El mismo contexto obligó a que el proyecto terminara convirtiéndose en una iniciativa de comunicación alternativa —Prensa Comunitaria— y acciones en contra de la criminalización. En este texto reflexiono alrededor de mi experiencia en este espacio y este proceso, como un caso de uso político del oficio de investigador social. Me detengo en los retos y posibilidades que suponen procesos en que las ciencias sociales se trasponen en herramientas para la acción comunicativa y legal, y muestro las tensiones que se hicieron presentes.