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Resumen

La cuestión social en América Latina ha sido despolitizada, desde la década de 1980, a partir de la concepción de las carencias que impuso los enfoques prevalecientes sobre pobreza. Si bien posteriormente, por la importancia adquirida por la problemática de la desigualdad, la cuestión del poder no pudo ser soslayada, se impuso una mirada que ha limitado la comprensión de la conflictividad. En el presente texto y a partir de una propuesta alternativa para abordar las desigualdades, donde poder y conflicto ganan protagonismo, se busca re-politizar lo social. Al respecto, se abordan dos conjuntos de problemáticas. El primero tiene que ver con las dinámicas de desempoderamiento profundo que ha generado el nuevo modelo de acumulación globalizado, sustento del orden (neo)liberal, y que ha llevado a que una parte no despreciable de los sectores subalternos se vean arrinconados en situación de marginación social. El segundo es que, a pesar de ello, hay respuestas de estos sectores para resistir ese desempoderamiento e incluso revertirlo de manera parcial. Entre estas respuestas se ha destacado: la violencia, la migración, la religiosidad y la acción colectiva. Se concluye con reflexiones sobre la pertinencia de pensar las desigualdades desde esta perspectiva para ver como lo social, con el orden (neo)liberal, se ha re-politizado de manera amplia y profunda.

Palabras claves: desigualdad, migración, movimientos sociales, neoliberalismo, religiosidad, violencia

Inequality and the Re-politicization of the Social in Latin America

Social issues in Latin America have been de-politicized since the 1980s, the outcome of a conception of scarcity that ordered the prevailing focus on poverty. While questions of power could not be avoided later, due to the importance the inequality problematic had taken on, a perspective that impairs understanding conflict has been imposed. The present text –based on an alternative proposal for taking on inequality in which power and conflict occupy central positions– seeks to re-politicize the social. Two problem-sets are to be considered. The first relates to the dynamics of profound disempowerment that have arisen from a model of globalized accumulation, a pillar of the (neo)liberal order. It has led to a not-insignificant number of secondary sectors being pushed into social marginalization. Despite this, the second problem-set concerns these sectors’ responses in resistance to disempowerment as well as disempowerment’s partial reversal, notably in the form of violence, migration, religiosity and other collective actions. The essay ends with reflections on the pertinence of considering inequality from this perspective as a means of seeing how the social –vis-à-vis the (neo)liberal order– has widely and deeply re-politicized.

Keywords: Inequality, neoliberalism, violence, migration, religiosity and social movements.

La década de los años 1980 del siglo pasado implicó para América Latina transformaciones profundas. El ámbito de lo social no fue excepción, pero una de sus mutaciones más drásticas y menos señaladas fue su resignificación por el orden (neo)liberal.1 Las carencias fueron abordadas desde el enfoque de la pobreza que introdujo el Banco Mundial, proveniente de la teoría de las necesidades básicas, y que la propia cepal asumió de manera bastante acrítica. No fueron entendidas en su oposición a las opulencias sino respecto a estándares establecidos por expertos. “Pobres” y “ricos” no se definieron en términos de antagonismo. De ahí que la discusión sobre “pobreza” en América Latina tuvo énfasis metodológico, con propuestas muy elaboradas, pero con apenas debate sustantivo sobre sus fundamentos teóricos.2 La consecuencia principal fue que, en la comprensión de las carencias, se evacuó toda referencia al poder y al conflicto. De esta manera la cuestión social en la región se des-politizó por varias décadas (Pérez Sáinz, 2012).3

La consolidación del orden (neo)liberal con un nuevo modelo de acumulación inserto en el proceso globalizador y la generalización de regímenes de democracia electoral supusieron que los déficits sociales se comenzaran a politizar de nuevo.4 Emergió la problemática de la desigualdad y los organismos internacionales no tardaron en posicionarse al respecto: el Banco Interamericano de Desarrollo a finales del siglo pasado (bid, 1999), el Banco Mundial unos años después (De Ferranti et al., 2004) y la cepal (2010) al final de la primera década del presente siglo.5 A partir de ahí se ha generado un imaginario societal sobre la desigualdad que goza de hegemonía y que ha estructurado el sentido común sobre esta cuestión. La mirada predominante se focaliza en la desigualdad de ingreso entre personas, medida normalmente por el coeficiente de Gini a partir de la información recabada por las encuestas de hogares. Pero se trata de una mirada limitada que no logra captar tal profundidad y entender la persistencia de este fenómeno, debido a varias razones.

La primera es que mirar al hogar es centrarse en la redistribución, pero antes ha habido una distribución que se ignora porque se da por buena y no se problematiza. Segundo, los ingresos son un resultado, y si se limita a ellos no se entienden suficientemente las causas de las desigualdades. Tercero, focalizar en los hogares, en tanto que se entiende como mero agregado de personas, supone privilegiar a los individuos como sujeto de las desigualdades, y ésta es una visión parcial porque ignora la incidencia de otros sujetos sociales. Y finalmente, por la fuente de información que se usa, las encuestas de hogares, no se capta a los que verdaderamente acaparan la riqueza, las elites, por lo que no se tiene una verdadera comprensión del poder que es el fundamento de las desigualdades.6 Es decir, la re-politización de lo social, a partir de esta perspectiva sobre las desigualdades, es limitada y no cuestiona –de manera sustantiva– el orden imperante. Por lo tanto, es necesario otro tipo de mirada basada en premisas distintas.

La primera es que hay que rescatar el tema del poder para entender las desigualdades como procesos de desempoderamiento. Esto es imprescindible para lograr una re-politización sólida de lo social y, en este sentido, se sigue la propuesta de Lukes (2004), quien articula de manera intrínseca poder con conflicto.7 Segundo, se debe desplazar la mirada de la esfera de la redistribución a la de la distribución. Esto supone centrarse en los mercados básicos: de trabajo, de capitales y de tierra.8 En tercer lugar, como corolario de lo anterior, en tanto en estos mercados tienen lugar la configuración de condiciones para la generación y apropiación de excedente económico, es analizando esta problemática como se entienden los procesos que gestan las desigualdades. Y cuarto, hay que tener una comprensión plural de los sujetos, porque en la pugna por el excedente no se pueden soslayar las clases sociales como sujeto social. Además hay que incorporar la problemática de las diferencias y explicar cuándo éstas se convierten en desigualdades. Esto conlleva que, junto a clases sociales e individuos, hay que tomar en cuenta a los pares categoriales que remiten a oposiciones de distinta naturaleza (de género, etnia, territorio, etc.). Por consiguiente, esta nueva mirada se desplaza a la distribución, prioriza la problemática del excedente y pluraliza los sujetos que entran en pugna por tal excedente a través de dinámicas de desempoderamiento (Pérez Sáinz, 2014, 2016).

A partir de estas premisas se piensa que se puede ofrecer una perspectiva más sólida de re-politización de lo social. Para mostrarlo, en el presente texto se quiere abordar dos cuestiones en sendos apartados.9 La primera tiene que ver con las dinámicas de desempoderamiento profundo que ha generado el nuevo modelo de acumulación globalizado, sustento del orden (neo)liberal, y que ha llevado a que una parte no despreciable de los sectores subalternos se vean arrinconados en situación de marginación social. La segunda es que, a pesar de ello, hay respuestas de estos sectores para resistir ese desempoderamiento e incluso lograr cierto empoderamiento. Se concluye con reflexiones sobre la pertinencia de pensar las desigualdades desde esta perspectiva para ver cómo lo social, con el orden (neo)liberal, se ha re-politizado de manera amplia y profunda.

Orden (neo)liberal, desigualdades extremas y desempoderamiento

A partir de este enfoque alternativo se han propuesto cuatro claves históricas para entender este tipo de desigualdades en América Latina: en el mercado laboral se ha tendido a generar trabajo antes que empleo, mostrando asimetrías a favor del capital; los propietarios pequeños han estado sistemáticamente excluidos de las oportunidades de acumulación que han sido acaparadas por las elites; los procesos de constitución de ciudadanía, en especial la social, han sido frágiles y han resultado en dinámicas de individualización con soportes endebles; y las diferencias han tendido a procesarse en términos de inferiorización o de asimilación impuesta (Pérez Sáinz, 2014, 2016).

Centrándonos en el actual orden (neo)liberal imperante en la región se pueden identificar, de manera sucinta, dinámicas de desempoderamiento extremo respecto de cada una de estas claves.

La precarización del mundo asalariado

En términos del mercado laboral, la problemática central es la de la precarización del mundo salarial. Estamos ante un fenómeno cuya importancia ha sido subrayada en los últimos tiempos (Lindenboim y Pérez, 2004; Arellano et al., 2009; Castillo Fernández, 2009; Mora Salas, 2010; Pacheco et al. 2012; Guadarrama et al., 2012). Sus dimensiones son varias y complejas.

La primera tiene que ver con las estrategias empresariales que, ante la apertura y la competencia global, no pudieron seguir transfiriendo los costos salariales a los consumidores como acaeció en el marco proteccionista de la industrialización sustitutiva de importaciones (Murillo, 2001). Esto planteaba la necesidad de redefinir drásticamente la relación capital/trabajo buscando el desempoderamiento de los asalariados. Dos han sido las estrategias seguidas y están íntimamente ligadas: la externalización de tareas y funciones que tradicionalmente se realizaban en el interior de las empresas y su posterior subcontratación como actividades ajenas. La primera de ellas ha generado una fractura de los trabajadores entre un núcleo que normalmente permanece en la empresa originaria y que goza de ciertos derechos, y una periferia sin derechos y –por tanto– profundamente desempoderada (Iranzo y Leite, 2006). Pero más importante aún es que este desempoderamiento se ve apuntalado por la segunda estrategia, dado que el nexo de subcontratación pierde su carácter laboral para convertirse en una relación entre empresas. De esta manera se produce el fenómeno de la deslaborización en el que el derecho mercantil sustituye al laboral, mixtificando totalmente la relación entre capital y trabajo (Celis y Valencia Olivero, 2011). Ésta es la expresión más inequívoca de desempoderamiento de los trabajadores de esta dimensión de la precarización.

Una segunda dimensión ha tenido que ver con la desregulación laboral. Independientemente de la mayor o menor desregulación que ha caracterizado cada sociedad, lo significativo es que las normas laborales no tienden a cumplirse de facto. Así, como señala Bensusán (2009), a pesar que América Latina es una región donde hay un alto nivel de ratificación de convenios internacionales sobre el trabajo, los referidos al ejercicio pleno de la libertad sindical y a la negociación colectiva, fundamentales para hacer cumplir otros derechos laborales, no están garantizados en la mayoría de los países.

En tercer lugar, hay que mencionar la crisis de la acción colectiva de los trabajadores y, en concreto, del movimiento sindical. El descenso de la tasa de sindicalización –en el ámbito regional– desde 22.9% antes de la crisis de los años 1980 a 10.7% a principios del presente siglo muestra este debilitamiento profundo (Roberts, 2012: cuadro 1). Pero su efecto más nefasto es que los trabajadores, sea a través de sindicatos de empresa subordinados o directamente, deben negociar sus condiciones laborales de manera individual. La asimetría de la relación capital/trabajo tiende a maximizarse en este tipo de negociación en detrimento de los asalariados.

Pero respecto al mercado de trabajo hay que señalar otra dinámica desempoderadora de los trabajadores: el desempleo. No es tanto la función de presionar a la baja el salario por el exceso de oferta de mano de obra, sino que representa una amenaza de sustitución de trabajadores, lo que implica disciplinamiento para los amenazados. De esta manera, se acaba confiriendo al tener trabajo un estatuto de privilegio a defender a cualquier precio y que genera un sentimiento profundo de miedo a perderlo, por lo que se acepta la asimetría que lo sustenta (Correa Montoya, 2009).

La exclusión de los pequeños propietarios de la globalización

Respecto a la segunda clave histórica, la de la exclusión de los pequeños propietarios de las oportunidades de acumulación, dos serían los fenómenos a destacar en términos del desempoderamiento de sectores subalternos: la ofensiva global sobre tierras y territorios y la configuración, dentro del nuevo modelo de acumulación, de un polo de exclusión.

En la modernización globalizada se asiste a una ofensiva para el control de la tierra por grandes empresas que hace pensar en la “ofensiva liberal” del período oligárquico, a finales del siglo xix, contra las tierras corporativas, especialmente las comunitarias. El primer paso lo ha constituido la promoción de mercados de tierra, que han representado uno de los componentes centrales de la política agraria (neo)liberal, con la finalidad de asegurar la propiedad privada de este medio de producción. El resultado de esa mercantilización es que la tierra ha perdido su carácter de medio de vida, que provee alimentos básicos, para constituirse en un medio generador de divisas (Teubal y Rodríguez, 2002). Pero, probablemente, la gran ofensiva global ha tenido lugar en términos de control de territorios por el denominado “neo-extractivismo”.10 Este fenómeno expresa una asimetría profunda entre capital globalizado y comunidad local, en la que el primero tiende a despojar de parte de su territorio a la segunda. Además esta asimetría puede adquirir una dimensión simbólica expresada en el desprecio, desde el discurso dominante, de saberes ancestrales sobre la naturaleza.

El segundo fenómeno de este campo de desigualdades de excedente remite a la configuración de un polo de exclusión dentro del modelo de acumulación inducido por la globalización. En este polo se encuentra el excedente estructural de fuerza de trabajo generado en el periodo de modernización nacional, pero que ha sido sometido a transformaciones. Una de ellas tiene que ver con las actividades urbanas denominadas como informales en el periodo previo y con la producción campesina proveedora de granos básicos para la población urbana, que ante el actual contexto de globalización han perdido su funcionalidad de antaño (Rubio, 2003). De esta manera, se vuelven afuncionales y, por tanto, prescindibles. Es decir, se ha constituido en masa marginal, en el sentido clásico de este término (Pérez Sáinz, 2016).11

Múltiples dinámicas de individualización, pero todas frágiles, para los sectores subalternos

En cuanto a la tercera clave histórica, la referida a la naturaleza frágil de los procesos de individualización por la debilidad de los soportes y –en concreto– de la ciudadanía social, el orden (neo)liberal ha supuesto transformaciones significativas de tal ciudadanía, que históricamente estuvo ligada al empleo formal. Su núcleo básico, educación y seguridad social (pensiones y salud), se ha visto mercantilizado, lo que ha tenido como resultado la estratificación de su acceso, dando lugar a procesos diferenciados de individualización.12 Así, los sectores subalternos, con menores niveles de cobertura y –sobre todo– de menor calidad, tienen los soportes más frágiles. Una segunda mutación, que afecta directamente a estos mismos sectores, ha sido la de regresar a la escisión entre trabajo y ciudadanía y redefinir a esta última en términos de “pobreza”. Pero, como se ha señalado en la introducción, se está ante una comprensión no relacional de las carencias que evita toda referencia al poder y al conflicto y que ha creado un sujeto social imaginario: “los pobres”.

Sin embargo se puede argumentar que el principal proceso de individualización en el orden (neo)liberal, que generaría soportes sólidos, sería el consumismo. En este sentido, se ha señalado que la inclusión social en la modernización globalizada no pasa por el mundo del trabajo, asalariado o no, sino por el acceso a ciertos bienes y servicios. Es decir, tal acceso constituiría un nuevo piso de igualación mostrando el poder democratizador del consumismo. Pero esta supuesta democratización se puede cuestionar desde varios ángulos. Primero, la existencia de un consumo mínimo compartido por toda la sociedad se contradice con el acceso estratificado, ya mencionado, a servicios sociales que representan bienes públicos básicos. Segundo, si bien la globalización ha hecho posible el acceso a ciertos bienes que antaño diferenciaban socialmente, minimizando así el resentimiento, este argumento se relativiza con las nuevas generaciones que no tienen esos referentes históricos. Por el contrario, los nuevos bienes “necesarios”, en el sentido smithiano de pertenencia social, se redefinen de manera permanente y desde arriba, por lo que las diferencias sociales persisten y, por lo tanto, la fuente de resentimiento social no desaparece. Finalmente, si bien a principios del presente siglo era difícil rebatir la tesis del desplazamiento del centro de la acción social de la producción al consumo, la crisis del capitalismo –que comenzó en 2007– ha mostrado los límites del consumo sustentado en una capacidad de endeudamiento que se pensaba ilimitada. La producción y el trabajo, como componentes centrales de la economía real, están de vuelta (Pérez Sáinz, 2016).

Procesamiento de diferencias que siguen generando desigualdades

Finalmente estaría la clave histórica referida al procesamiento de las diferencias. Curiosamente, ha sido durante la modernización globalizada que han acaecido los dos procesos de reconocimiento más importantes en la historia de la región: el de los indígenas (y, en menor medida, de los afrodescendientes) y el de las mujeres. Sin embargo ambos son culminaciones de procesos que iniciaron antes. Así, en el caso de los indígenas hay que remitirse a una “larga marcha” que comenzó en el siglo xix, y en el caso de las mujeres a la denominada “segunda ola feminista”, que arranca en la década de 1970. La pregunta inevitable es la siguiente: ¿los logros obtenidos son suficientes para postular que, en América Latina, las diferencias ya dejaron de procesarse a través de la inferiorización? Nuestra respuesta es negativa por varias razones.

En primer lugar, al ser resultado de luchas desarrolladas por los propios grupos subalternos, las elites no asumen plenamente tales reconocimientos; de hecho puede haber replanteamientos para redefinir la inferiorización, como sería el caso del “racismo cultural” (Hale, 2002; González Ponciano, 2004). Es decir, estos procesos de reconocimiento no son resultado de dinámicas “bondadosas” del orden (neo)liberal, aunque se haya querido apropiar de ellos a través de su propuesta de multiculturalismo (Bastos y Camus, 2004; Hooker, 2005). Segundo, suele haber hiato entre el reconocimiento plasmado en textos legales y el desconocimiento (o sea, no reconocimiento) de facto. Tercero, las categorías de los distintos pares categoriales, cuando tienden a equiparase, especialmente en el mercado de trabajo, lo suelen hacer “hacia abajo”. Éste ha sido el caso con el cierre de brechas salariales en términos de etnia y, sobre todo, en términos de género (Escobar Latapí, 1999; Gálvez, 2001; Figueiredo Santos, 2005; Barbary y Estacio Moreno, 2008). Cuarto, el reconocimiento puede llevar a la “autosegregación” de la categoría subordinada, generando nuevas desigualdades, como se puede pensar en relación con ciertos espacios étnicos vedados a los no indígenas. Finalmente, estos logros de reconocimiento se ven desvalorizados porque la globalización privilegia el consumismo antes que la ciudadanía (Pérez Sáinz, 2016).

De hecho, las manifestaciones de desigualdades extremas señaladas en los mercados básicos muestran acoplamientos entre las dinámicas de clase y pares categoriales. Así, la precarización de las relaciones asalariadas no es ajena a la creciente feminización de los mercados de trabajo en la región. Las mujeres, aunque aún siguen padeciendo problemas de segregación primaria porque sus tasas de actividad son aún inferiores a las masculinas, se ven afectadas por segregación secundaria porque constituyen gran parte de la mano de obra de esa periferia que las estrategias empresariales de externalización han generado, y se ubican en los niveles inferiores de los encadenamientos de la subcontratación (Iranzo y Leite, 2006; De la O y Guadarrama, 2006). Es decir, precarización y feminización del mundo laboral son las dos caras de una misma moneda (Pérez Sáinz, 2016). Y cuando logran superar esta segregación, se ven confrontadas a la discriminación, especialmente salarial.

También hay que señalar acoplamiento en el campo de acaparamiento de oportunidades de acumulación con el par categorial territorial. Así, el fenómeno del “neo-extractivismo” opone al capital de alcance global con la comunidad confinada a lo local. La asimetría global versus local es elemento fundamental de este fenómeno. De manera similar funciona el par étnico cuando la comunidad es indígena, como suele acontecer en un buen número de casos de proyectos “neo-extractivistas”. De hecho, este par categorial étnico también incide en el otro campo de desigualdades de excedente. Éste sería el caso de las migraciones laborales donde se generan nichos etnizados caracterizados por la precarización. Como señala Bastos Amigo (próxima publicación), el (neo)liberalismo global recrea la etnicidad profundizando las desigualdades que tienden a institucionalizarse a través de la “estamentalización” de la sociedad, donde una minoría de grupos se autoproclaman diferentes e imponen fueros especiales para normar su acciones. El resto de la sociedad se ve sometida a una pérdida progresiva de los derechos adquiridos históricamente que tiene efectos sobre los procesos de ciudadanía, como se argumentará en el próximo apartado. Es una vuelta al orden colonial estamental pero sin el contrapeso de la corporatividad que tenían los de abajo.13

Resumiendo, en la modernización globalizada los procesos de desigualdades extremas han generado dinámicas múltiples de exclusión social. Así, la precarización de las relaciones asalariadas ha supuesto la deslaboralización de las relaciones de trabajo, los recortes de derechos laborales por desregulación estatal y, sobre todo, de facto, y acción limitada a lo individual. En complemento de ello, hay que señalar la amenaza de sustitución casi ilimitada del/de la trabajador/a que implica el desempleo. En el otro campo de desigualdades de excedente se han generado sectores, especialmente dentro del campesinado, que resultan afuncionales al proceso de acumulación y, por tanto, prescindibles. Además, el “neo-extractivismo” global está despojando de sus territorios a comunidades locales. Por otro lado, no se detectan procesos, incluyendo al consumismo, de individualización de los sectores subalternos con soportes sólidos. Y finalmente, la inferiorización y la asimilación no generosa siguen vigentes y generan pares categoriales que se acoplan a las dinámicas de clase en los mercados básicos, como lo muestran el par de género en el mercado de trabajo, el territorial en el campo de acaparamiento de oportunidades de acumulación, y el étnico en ambos. Es esta constelación de fenómenos lo que configura actualmente el mundo de la marginación, que es la problemática que se aborda en el siguiente apartado.

Marginación social y respuestas al desempoderamiento

Este conjunto de dinámicas de desempoderamiento profundo, resultado de desigualdades extremas en la modernización globalizada, se cristalizan en el mundo de la marginación. Esta cristalización se manifiesta en tres fenómenos básicos: carencias, desciudadanización e invisibilización. Hay que aclarar que estos fenómenos no son exclusivos del orden (neo)liberal, sino que su génesis es anterior.

La marginación y sus dimensiones

La marginación representa un mundo de privaciones materiales y simbólicas. Sufrir precarización extrema o desempleo implica que los medios que se pueden obtener para la supervivencia son muy limitados. Igualmente, las posibilidades de acceder a verdaderas oportunidades de acumulación desde ese mundo son prácticamente inexistentes. Las actividades no asalariadas autogeneradas quedan atrapadas en las exigencias de subsistencia del respectivo hogar, sin posibilidades de dinamizarse. Es decir, se está ante un universo de escasez y privaciones.

De manera concomitante, es un mundo donde difícilmente puede haber derechos y, por tanto, la ciudadanía se desdibuja. O sea, la desciudadanización es otro rasgo fundamental de la marginación social. Si bien este fenómeno puede asociarse a la presencia marginal del Estado,14 responde fundamentalmente a las tendencias de “estamentalización” que impone el orden (neo)liberal, como se señaló en el apartado precedente. Puede ser que la ciudadanía se universalice, pero lo hace de manera estratificada. No toda la población tiene de facto los mismos derechos, especialmente la que queda ubicada en los márgenes de la sociedad.

Finalmente, la diferencia de este mundo la procesan las elites en términos de inferiorización, porque representan a su población como ciudadanos disminuidos y atrapados en la miseria. Pero esta inferiorización adquiere un rasgo peculiar: la invisibilización. Es decir, el orden imperante intenta ignorar esa franja de marginación en tanto que masa sin funcionalidad alguna, como si no fuera parte de la propia sociedad y resultado de las relaciones de poder que definen tal orden.15 Es la orilla, y como tal no se visualiza.

Estos tres fenómenos, carencias, desciudadanización e invisibilización, constituyen el núcleo estructurante del fenómeno de la marginación social. Por la variedad y amplitud de las tendencias desempoderadoras –señaladas en el apartado anterior–, gran parte de los sectores subalternos se ven afectados por estos fenómenos, si no de manera efectiva, al menos como amenazas vigentes. No obstante, a pesar del profundo desempoderamiento que invocan, no implican que la población que las padece de hecho quede inerme y atrapada. Todo sujeto social, por muy desempoderado que esté, debe afrontar su existencia y lidiar con ella. Esto conlleva comprender su realidad, interpretarla otorgándole significados y desarrollar herramientas de control de ella a través de la acción. Sin estos tres mecanismos sicosociales básicos no habría acción social. Por lo tanto, siempre hay un empoderamiento subjetivo mínimo (Zetino Duarte, 2006). Es decir, las relaciones de poder nunca son totalmente asimétricas, porque siempre hay algún tipo de resistencia que busca modificar las condiciones de la realidad haciendo que el conflicto persista y no desaparezca. Es justamente a partir de esta base que, desde la propia marginación, se generan respuestas diversas que la cuestionan: la temida, que se expresa en la violencia; la de salida, que se materializa en la migración; la mágica, que busca el refugio de la religiosidad, y la basada en la acción colectiva, que puede dar lugar a movimientos sociales.16

El repertorio de respuestas desde la marginación

Se señala que estas cuatro dinámicas son respuestas porque no se originan de manera exógena a la marginación social, sino que son inducidas por ella, sin que esto implique afirmar que sea su causa única ni tampoco la principal.

El padecimiento de carencias posibilita dos rutas hacia la violencia, tal como lo han argumentado Savenije y Andrade-Eekhoff (2003). Así, por un lado, los sujetos pueden sentir frustración por sus privaciones. Pueden permanecer inermes ante tal situación, aislados en el descontento. Pero la frustración se puede proyectar socialmente, a través de un ejercicio relacional, cuando los sujetos contrastan sus carencias con las opulencias de otros dentro del horizonte de su cosmovisión. Cuando conlleva que el sujeto carenciado aspira a ser el sujeto opulento a través de una inversión simbólica, el resultado es el resentimiento (Bourdieu y Wacquant, 2005), que puede constituirse en catalizador de hechos de violencia. Por otro lado, las carencias se pueden abordar no desde lo emocional sino desde lo intencional, en tanto que los sujetos desearían acaparar bienes materiales y simbólicos valiosos. Como en una situación de marginación social tales bienes son escasos y difícilmente accesibles, el uso de la violencia emergería como un mecanismo eficaz. A ello hay que añadir la presencia marginal del Estado que, al no lograr imponer su monopolio de la coerción, hace que puedan emerger actores violentos que acaban controlando esos territorios imponiendo una nueva normatividad –de naturaleza discrecional– que dificulta el desarrollo de derechos.17 Se puede pensar que, en esos territorios, la ciudadanía es sustituida por la existencia de poblaciones que esos actores violentos “administran”.

La globalización (neo)liberal ha supuesto, según Márquez Covarrubias y Delgado Wise (2012), que las migraciones se conviertan en “forzadas”. De las distintas modalidades identificadas por estos autores, dos pueden ser relacionadas con la marginación social: por despojo de medios de producción y de subsistencia, y por exclusión social, desempleo estructural y pobreza.18 El término “forzadas” apunta inequívocamente al desempoderamiento, pero es necesario matizarlo. Para ello es útil recurrir a la propuesta de Zetino Duarte y Avelar (2016), quienes han planteado tres niveles a considerar en la fase premigratoria para entender las razones de la migración; niveles que constituyen sendos campos de poder. El primero sería el de la propia sociedad, y ahí se materializarían las dinámicas desempoderadoras resultado de desigualdades extremas, tal como se ha planteado en el apartado precedente. Un segundo nivel es el de las relaciones comunitarias, respecto al cual se pueden señalar –al menos– tres factores que pueden incidir: historias de migración exitosa que generan presiones de orden simbólico, porque migrar expresaría prestigio comunitario; territorios en los márgenes del Estado y donde la violencia sería un factor clave para explicar la migración; destrucción del hábitat comunitario, como puede acontecer con el impacto del “neo-extractivismo”, que representaría el factor central de la explicación del desplazamiento de la población.19 El último nivel a considerar sería el espacio de las relaciones inmediatas dentro del ámbito familiar, que es donde se confronta el tema de las carencias. La migración sería la respuesta para intentar paliarlas o evitar que su amenaza se convierta en realidad.

Por su parte, la religiosidad se asocia con el fenómeno de desciudadanización, pero de manera peculiar. En el apartado precedente se ha señalado que una de las características claves de la actual modernización globalizada es la proliferación de dinámicas de individualización, pero que –en el caso de los sectores subalternos– provee soportes frágiles. La religiosidad podría ofrecer a estos sectores soportes menos endebles. En la base de ello se encuentra la tendencia hacia la desinstitucionalización de las prácticas religiosas. Su consecuencia principal es que la búsqueda de lo transcendente, que es lo que define la especificidad de lo religioso, se tiende a dar individualmente. La diversidad de religiosidades está asociada con la desconfianza por las mediaciones institucionales, sean de la Iglesia católica o de protestantismos históricos (Miguez, 2000). Es decir, se rehúyen tales mediaciones y se refuerza la individualización de la religiosidad y, al respecto, el pentecostalismo desempeña un papel clave. Es necesario aclarar, como lo hace De la Torre (2012), que esta religiosidad no constituye ni una confesión ni una iglesia, sino una corriente que atraviesa a las diferentes iglesias cristianas, incluyendo a la propia católica, como lo atestigua el fenómeno del movimiento carismático. En este sentido, se ha insinuado la hipótesis de una “revolución silenciosa” donde esta nueva ética se ajustaría al espíritu del capitalismo globalizado, desregulado y (neo)liberal (Mardones, 2005). Se ha establecido un paralelismo en términos de privatización entre el (neo)liberalismo y el pentecostalismo fundamentalista: mientras el primero promueve la privatización de lo estatal, el segundo lo haría con la fe (Ceballos, 2008).

En cuanto a la acción colectiva, las carencias se relacionan en términos de procesos de desempoderamiento directos de los mercados básicos. Esto implica que las respuestas que puedan surgir tienen un componente de clase, aunque no sería el único factor que explicaría tal acción colectiva. Es importante enfatizar que el fenómeno del desempoderamiento está relacionado con la problemática de las amenazas, porque mientras mayor es aquél, más creíbles devienen éstas. En tal sentido, el planteamiento de Almeida (2015) de que ciertas clases de amenazas no desincentivan la acción colectiva sino lo contrario, siempre y cuando haya cierta capacidad de organización, es totalmente pertinente para establecer la ligazón entre carencias y acción colectiva. Al respecto, este autor plantea tres tipos de amenazas: las represivas, las generadas por acciones económicas del Estado y las medioambientales. Justamente, dinámicas desempoderadoras generadas en los dos campos de desigualdades de excedente, señaladas en el apartado precedente, remiten al segundo y al tercer tipo de amenaza.

¿Qué tanto logran estas respuestas frenar el desempoderamiento e incluso revertirlo? Se intenta responder de manera muy sucinta. Para ello se va a recurrir, como se mencionó en la introducción, a la propuesta de Lukes (2004) sobre su concepción del poder, que es la que hemos utilizado en textos anteriores sobre desigualdades y exclusión social. Recordemos que este autor aborda el tema del poder en términos de conflicto e identifica tres tipos de situaciones que expresarían relaciones diferenciadas de poder: el conflicto abierto, el encubierto y el latente.

Religiosidad y conflicto latente

Comenzando con esta última modalidad de poder, se postula que la respuesta basada en la religiosidad, especialmente la pentecostal, respondería a este tipo. Así, la conversión al pentecostalismo en contextos de marginación social ha ayudado a adaptarse mejor a las condiciones de carencias y violencia y a las presiones sicológicas que conlleva (Garma Navarro, 2004; Antequera, 2008; Cantón, 2008). Como bien señala Mansilla (2012: 195), el pentecostalismo transforma necesidades en virtudes: el hambre en ayuno, la ropa vieja en lujo espiritual, la pobreza material en virtud espiritual, la vivienda precaria en morada espiritual o el cuerpo físico en espíritu. De esta manera, no se cuestiona el orden social imperante, sino más bien se le reproduce. Esta afinidad es aún más evidente con el “neopentecostalismo”. Así la Teología de la Prosperidad, su base ideológica, plantea una relación entre la comunión con Dios y el bienestar material a partir de tres ideas básicas: la confesión positiva internalizando la palabra de Dios respecto de la vida propia para testimoniarla públicamente; la liberación económica exorcizando los demonios de la pobreza, y el carácter sacramental de los diezmos (Semán, 2005). De esta manera, aunque se mantiene el individualismo, éste ya no quedaría confinado a comunidades locales de naturaleza emocional. Se trata de transcender al nivel de la sociedad en su conjunto, que sería el ámbito del Reino de Dios, un espacio de acumulación donde los creyentes deben tener un papel protagónico. La mayordomía obediente sería la ascesis del empresario globalizado con el fin de acumular; en este sentido capitalismo y libertad se homologan (Coto Murillo y Salgado Ramírez, 2008: 112).

Esto no supone que esta respuesta sea simplemente desempoderadora de sectores subalternos marginados porque los condena a la alienación. La promesa del éxito económico plantea el horizonte de la movilidad social que, como se sabe, es accesible a muy pocos en este mundo de marginación social, pero posiciona la fuerza simbólica de la ilusión. Tal vez más importante es la resignificación de las carencias como virtudes, porque implica dar sentido a la supervivencia, lo cual, en este tipo de contexto, no es un logro menor. Es decir, es una respuesta que puede conseguir que la potencialidad de lo simbólico se imponga a las penurias de lo material.

Por otro lado, esta respuesta no tiene mayor impacto en términos de desciudadanización porque, como en el consumismo, hay tránsito del individuo/ciudadano hacia el individuo/creyente, en este caso. O sea, la individualización que induce este tipo de religiosidad no pasa por la ciudadanía. Y la inferiorización, que sustenta la invisibilización, tampoco aparece como problemática a confrontar. En el caso de “autoexclusión”, con el “alejamiento del mundo”, el ascetismo que glorifica las carencias supone superioridad espiritual frente a los opulentos y sus riquezas materiales. Y en términos de éxito económico, los que no lo logran son, de acuerdo con la Teología de la Prosperidad, malos mayordomos que merecen ser tratados como inferiores. Es decir, esta respuesta no afronta estas dos dimensiones de la marginación social, y afirma así su carácter reproductor del orden social vigente.

Se podría concluir, como hipótesis a explorar en el futuro, que este tipo de religiosidad ofrece a ciertos sectores subalternos la posibilidad de ser individuos dentro de contextos de marginación social. En este sentido, se estaría ante otra dinámica de individualización, propiciada por el orden (neo)liberal y distinta de la que se sustenta en el consumismo, pero más adecuada a este mundo. El problema radica en el adverbio “dentro”, porque implicaría una individualización confinada que además, lo que ofrece son, fundamentalmente, soportes simbólicos. Por lo tanto, es una respuesta que se puede calificar como adaptativa.

La migración como conflicto encubierto

La modalidad de poder basada en el conflicto encubierto podría asociarse con la respuesta basada en la migración. Sin embargo, hay que destacar, en primer lugar, que hay posibilidades de empoderamiento que se expresan principalmente a través de tres fenómenos: el uso de la remesa para fines de inversión, especialmente en un negocio (Papail, 2002; Massey, Durand y Riosmena, 2006); el retorno voluntario con fines de desarrollar un negocio propio o dejar de trabajar, y la constitución de lo que se denomina el “migrante colectivo transnacional” (García Zamora, 2005; Moctezuma, 2008; Delgado Wise y Márquez Covarrubias, 2009). No obstante, estas posibilidades son limitadas.

Respecto a este último, si bien se está ante un sujeto con reconocimiento binacional y con capacidad de negociar con el Estado, y que además, a través de remesas colectivas, logra generar un fondo de ahorro de uso colectivo (Moctezuma Longoria y Pérez Veyna, 2006), las experiencias de este tipo no son generalizadas. En cuanto al retorno voluntario, un análisis de las tres últimas observaciones censales de México donde se comparan retornados con trabajadores de características similares y migrantes internos arroja varias conclusiones relevantes. Primero, las posibilidades de retiro del mercado laboral de los retornados se han visto mermadas al paso del tiempo. Concomitantemente, la imagen de éxito del/de la retornado/a que confería ese estatus se ha visto deteriorada. Segundo, si bien los retornados tienen aún mayores posibilidades de crear negocios, esa opción también ha disminuido con el tiempo. Corolario de ello, en tercer lugar, es que el retorno implica salarización creciente con deterioro de las remuneraciones, deterioro que afecta también los ingresos de los trabajadores por cuenta propia. Finalmente, estas tendencias no muestran diferencias ni por género ni territorialmente entre regiones de vieja y nueva migración (Parrado y Gutiérrez, 2016). Es decir, las posibilidades empoderadoras del retorno voluntario parecen erosionarse. Finalmente, hay un gran consenso en la bibliografía que el principal uso de la remesas no es para fines de inversión sino para solucionar carencias básicas. Al respecto resulta ilustrativo uno de los hallazgos para el caso mexicano de Canales (2008: 228 y ss.): que de cada cuatro personas que reciben remesas en ese país, apenas una logra mejorar significativamente sus condiciones de vida a través de la movilidad social. Son hallazgos que sospechamos que no se limitan a la realidad mexicana. Es decir, como argumenta este autor, la remesa actúa como un fondo de salario que sirve, fundamentalmente, para paliar la situación de carencias del hogar, pero no para resolver las causas estructurales que la generan.

En este sentido se puede argumentar que la migración ligada a un contexto de marginación social implica, fundamentalmente, resistencia al desempoderamiento. Pero, paradójicamente, los miembros que migran acaban siendo sometidos a un desempoderamiento intenso, que va más allá de padecer carencias, e incluye también procesos profundos de desciudadanización e invisibilización. Es decir, se está ante una estrategia familiar de naturaleza “sacrificial”.20

Así, en el tránsito y teniendo como referente la migración centroamericana por México en los últimos tiempos, se está ante una travesía del horror y el desempoderamiento que alcanza expresiones extremas de deshumanización de los migrantes. Si la modalidad es con el uso de “coyotes” o “polleros”, éstos, haciendo valer su condición de “gestor logístico” (Gaborit et al., 2012) controlan a las personas apropiándose de su documentación. La experiencia de desempoderamiento, que suele estar al origen del acto migratorio indocumentado, hace que la persona migrante no se perciba como sujeto de derecho, lo cual es expresión de la desciudadanización que caracteriza la marginación social. A partir de ahí comienza un proceso de pérdida progresiva de humanidad, tanto en términos de derechos existenciales (hablar, comer, expresar sentimientos, etc.) como de valores (comprensión, solidaridad, respeto, etc.), y la persona migrante acaba desprendiéndose de atributos humanos fundamentales (identidad, voluntad, dignidad, etc.). La deshumanización de la persona migrante conlleva su cosificación, lo que hace que algunos “coyotes” consideren a las personas que trasladan meras mercancías que puede intercambiar (Gaborit et al., 2012).21 Además hay que mencionar las transformaciones recientes en la figura del “coyotaje”, porque se ha pasado de una persona conocida en la comunidad, normalmente miembro de ella, que acompañaba a todo lo largo del trayecto, a una cadena de tráfico de personas con distintas etapas a cargo de guías diferentes. Éstos son desconocidos por las personas migrantes y sus familias y se contactan a través de un nuevo actor: el promotor comunitario de la migración (Zetino Duarte y Avelar, 2016). Esta nueva configuración no parece ser ajena a las consecuencias de la nueva política de “securitización” de los Estados Unidos que obliga a buscar nuevas rutas que incrementan costos y riesgos para los migrantes (Sandoval García, 2015). Estos incrementos están relacionados con el hecho de que los nuevos trayectos suelen cruzar territorios de organizaciones delictivas. Hay pagos extras por transitarlos, pero más trágica es aún la posibilidad del secuestro y del asesinato de migrantes a manos de grupos de tales organizaciones (Carrasco González, 2013; Castillo y Nájera, 2015; Sandoval García, 2015).22 Es decir, se ha operado la sustitución de los “coyotes” tradicionales por lo que Camus (2012: 82) denomina “narcocoyotes”.

Estos riesgos son aún más evidentes cuando la migración es por cuenta propia. Los migrantes se ven confrontados a los filtros de la “frontera vertical” en la que se ha convertido México. No se trata sólo de los operativos, retenes o detenciones de las autoridades, sino también que éstos han convertido a los migrantes centroamericanos indocumentados en víctimas de organizaciones delictivas e incrementado los riesgos. Se estaría ante una nueva manifestación de la frontera como espacio-umbral de la violencia, donde lo que se pone en juego es la misma vida, que puede ser autorizada o negada (Reguillo, 2012). Así, lo que se suponía debería ser una situación de transitoriedad, el mero paso por un territorio, deviene en dificultades crecientes de movilidad, y esa población queda atrapada en territorio mexicano (Silva Hernández, 2015). El resultado ha sido la criminalización de los migrantes y la militarización de los controles migratorios. De hecho, la frontera es un espacio donde confluyen migración y narcotráfico, y el discurso oficial los presenta como fenómenos vinculados (Sandoval García, 2015; Segura Mena, 2016). Esta “zona de tránsito precario” deviene un espacio donde confluyen múltiples violencias. En este sentido, es pertinente la propuesta de Camus (2017) de considerarla también como una “zona gris”, en tanto se pierde la distinción de actores en términos de victimarios y víctimas, porque hay abusos entre los propios migrantes como parte de las estrategias límites de supervivencia.23

También hay desempoderamiento en los lugares de destino.24 Así, se padece en el mercado de trabajo segregación secundaria por su confinamiento a nichos laborales: trabajo agrícola estacional, construcción para hombres y servicio doméstico para mujeres en zonas urbanas. Además, si los migrantes se visibilizan porque sus nichos se vuelven laboralmente atractivos ante la reducción de las oportunidades ocupacionales en el respectivo país, sufren los embates de la xenofobia (Grimson, 2006). Esta manifestación de inferiorización no es de reciente data, sino que se encuentra inscrita en las historias de países receptores de migrantes como Argentina, Costa Rica, Chile y sin olvidar la República Dominicana.25 De hecho, en la construcción del imaginario nacional, la alteridad de los migrantes ha desempeñado un papel central (Novick, 2008; Domenech, 2011; Monclús Masó y García, 2012; Sandoval García, 2002; Alvarenga Venútolo, 2007; Stefoni, 2011; Silié, Segura y Dore Cabral, 2002; Wooding y Moseley-Williams: 2004). Por consiguiente, se está ante ciudadanos disminuidos (Morales Gamboa, 2007). Esta ciudadanía restringida como mecanismo de regulación social de los inmigrantes instaura un régimen de ilegalismos habilitando otros dos mecanismos de control sobre los inmigrantes que generan una doble espacialización social: una vertical, basada en el racismo que jerarquiza, y otra horizontal, sustentada en el fundamentalismo cultural que excluye. Son tres mecanismos que desempoderan a los inmigrantes: el racismo marca sus cuerpos asociando atributos morales a rasgos físicos; el fundamentalismo esencializa las diferencias para justificar la segregación, y las dificultades de acceso a la ciudadanía generan una existencia negada de los inmigrantes. De esa manera, el sujeto inmigrante se configura de una manera triple: como inferior, como extraño y como clandestino (Caggiano, 2008).

Pero a pesar de estos múltiples desempoderamientos, tanto en el tránsito como en el lugar de destino, los (in)migrantes resisten en silencio para que el hogar de origen pueda oponerse a la amenaza de la marginación social y al desempoderamiento que conlleva. Es una respuesta de resistencia.

Las dos restantes respuestas son las que tienen más posibilidades de empoderamiento, porque se plantean en el ámbito del conflicto abierto. Pero, justamente, la asimetría de la confrontación determina si tales posibilidades se concretan y en qué magnitud. No obstante, cada una de estas respuestas tiene fundamentos muy distintos y deben ser diferenciadas.

La violencia y el conflicto abierto

En términos de violencia, un primer tipo de respuesta remite a lo ya señalado sobre el resentimiento. Pero hay que añadir dos elementos. El primero es que, con la actual globalización, el resentimiento se ve reforzado por las frustraciones consumistas. El segundo es que el sujeto que más lo padece son jóvenes de sectores subalternos que, ante lo exiguo de sus ingresos laborales, que normalmente representan contribuciones al ingreso del respectivo hogar, transgreden la ley para satisfacer sus necesidades consumistas (Kessler, 2002; Ramos, 2004; Calderón Umaña, 2012). Pero se trata de una violencia que no empodera verdaderamente, por su naturaleza ocasional y dependiente de los impulsos consumistas. Distinto es el caso de otras violencias que emergen de la presencia marginal del Estado y que tienen un fuerte anclaje territorial: la ejercida por grupos locales excluidos de la cobertura de la seguridad estatal y del acceso al sistema judicial y que asumen acciones punitivas por su cuenta; la de naturaleza mixta (predominantemente social pero también con una dimensión ganancial) y que expresa los comportamientos trasgresores y delictivos de jóvenes en territorios que controlan; la que tiene un carácter marcadamente ganancial, porque es ejercido por organizaciones delictivas.

En cuanto a la primera, se está ante casos donde los límites del Estado reflejan la difusión histórica del poder coactivo, porque las diferenciaciones entre Estado y sociedad y entre lo público y lo privado han sido inacabadas (Vilas, 2003). Reacciones contra el abigeato, especialmente en el mundo andino, o el secuestro de niños en México y Guatemala son ejemplos al respecto. Últimamente sobresale el caso de las autodefensas comunitarias mexicanas, donde la condición étnica establece diferencias importantes, porque en el caso de comunidades indígenas, están sujetas a autoridades locales y a tradiciones de autogobierno, mientras que en las mestizas tiende a predominar el vigilantismo basado en el código ranchero26y que puede llevar al faccionalismo y clientelismo dentro de las comunidades y acabar incluso subordinado a los intereses de organizaciones delictivas (Gledhill, 2015; Guerra Manzo, 2015). Se trata un escenario de “víctima agresiva” (Romero Salazar y Rujano Roque, 2007: 160) donde la autodefensa se considera violencia legítima.

En cuanto a las pandillas violentas, su empoderamiento como victimarios tiene varias facetas. La primera remite a su naturaleza doble que, en términos de la realidad centroamericana, se expresa en la dualidad pandilla/mara: llenan vacíos que se generaron en la familia y/o en la escuela socializando y generando identidad, pero también implican la aceptación de reglas y compromisos garantizados por la violencia en el interior del grupo. Aparece como instrumento de malestar social que no se proyecta hacia la contestación política. A estos jóvenes se les ha considerado como rebeldes primitivos (eric et al., 2001) o, en los términos de Perea Restrepo (2004: 33), los jóvenes pandilleros no serían ni héroes ni criminales.

La segunda tiene que ver con la sacralidad del territorio y que hace que constituya su fuente de poder (Perea Restrepo, 2004; Pesca Pita et al., 2011). Sería a partir de prácticas territoriales de delimitación y control del espacio que se posibilitaría ese “nosotros” que encarnarían las pandillas (Riaño Alcalá, 2006). El corolario de ello es la disputa del territorio con otras bandas juveniles. Este es el “otro principal” y define, por excelencia, la identidad y la cohesión grupal, por lo que el asesinato del opositor busca también borrar su adscripción pandillera (Nateras Domínguez, 2009; Savenije, 2011).

La provisión de ciertos bienes comunitarios sería un tercer elemento a considerar y que es compartido por las organizaciones delictivas. Así, estos actores violentos pueden proveer cuatro bienes esenciales para la vida local: protección de agresiones externas, intermediación de conflictos intracomunitarios, sean domésticos o entre vecinos, mediación de la actividad comunitaria filtrando y permitiendo acciones de agentes e instituciones extracomunitarias y celebración de actividades festivas que recrean la comunidad y que son muy valoradas por los pobladores (Perea et al., 2014). Habría que añadir que, en tanto esta provisión busca legitimar la dimensión de violencia, se busca también que sea una oferta monopolizada de estos bienes esenciales impidiendo que otros actores lo puedan hacer.

Un cuarto rasgo tiene que ver con su dimensión translocal; es decir, acaece una articulación entre lo local, el territorio marginal urbano excluido, y lo global. Es conocido que, en el caso de las maras en Centroamérica, las experiencias de jóvenes en pandillas en Estados Unidos, posteriormente deportados a sus países de origen, parece haber sido clave en la gestación y el desarrollo de este tipo de grupos, que supusieron el salto desde pandillas transgresoras a violentas y que ha conllevado la construcción de enemistades letales (Savenije, 2011). Estas deportaciones supusieron la “reinvención” de las maras por sí mismas e implicó una transformación más allá de las pandillas callejeras (wola, 2006).

Finalmente, puede haber trayectorias, evitables, que orientan a las pandillas a su articulación subordinada con organizaciones delictivas, como ha acaecido en El Salvador, Colombia (Medellín o Cali) y México (Ciudad Juárez) (Savanije, 2011; Riaño Alcalá, 2006; Concha-Eastman y Concha, 2014; Alanís Legaspi y Durán Martínez, 2014; Cruz Sierra, 2014). Esta subordinación de la pandilla a la organización delictiva supone transformaciones importantes en el comportamiento de sus miembros: de la violencia basada en resentimiento y sustento de masculinidad se pasa a la subordinación a las reglas del negocio; del “tiempo paralelo”27 se transita al productivo del trabajo ilegal; el territorio pierde su valor identitario y se transforma en corredor estratégico; la subjetividad deviene más reflexiva y autocontrolada, y se sustituye el odio al enemigo por el cálculo económico (Ordóñez Valverde, 2017: 123-124).

En cuanto a las organizaciones delictivas operando en territorios signados por la marginalidad, y limitando la reflexión al desarrollo de micromercados de la droga, varios serían los factores a señalar en términos de su empoderamiento. En primer lugar está la modalidad de control del territorio, que puede tener expresiones diversas. Puede haber casos de control similar al de las pandillas, como sería el de las favelas en Río de Janeiro (Misse y Grillo, 2014; Misse, 2015), hasta situaciones donde ese control se ejerce sólo sobre distintos “puntos”: “fijos” como las casas o centros de venta; “semifijos” como ciertas esquinas, parques u otros lugares de la comunidad, y “móviles” cuando el vendedor se desplaza al lugar sugerido por el comprador (Zamudio Angles, 2013; Calderón Umaña y Salazar Sánchez, 2015). Segundo, el tipo de organización expresa diferentes niveles de empoderamiento. Andrade (1991) ha señalado, reflexionando sobre los pequeños traficantes respecto del caso ecuatoriano, que no se puede hablar de “organizaciones”, sino de redes que caracteriza como “casi amorfas”, no jerarquizadas, subordinadas a la intermediación, sin posibilidades de expansión por su baja capitalización y vulnerables a la represión policial. En relación con las denominadas “bandas de residencia” que operan en Bogotá y que dominan el mercado de la droga en los barrios, Perea Restrepo y Rincón Morera (2014) destacan su naturaleza y trayectoria familiar. Y en el caso de Río de Janeiro, las bandas de traficantes locales tienden a estructurarse como una pirámide, cuyo vértice lo representa el “dueño del morro”, quien administra la “empresa” o delega esa administración en el “responsable”, por ejemplo si se encuentra en prisión; hay “gerentes” según el tipo de droga y para la seguridad territorial, y se complementa la organización con “soldados” y vendedores directos de distinto tipo. Además, desde los años 1990 surgieron los “comandos” o “facciones” que representan alianzas horizontales entre “dueños de morro” para delimitar territorios y para protegerse mutuamente de incursiones de otras “facciones” (Misse y Grillo, 2014; Misse 2015). Finalmente, el poder viene condicionado también por la relación contradictoria entre narcotraficantes y fuerzas policiales, que conlleva el enfrentamiento pero también el soborno y la extorsión. Esto último supone el involucramiento de estas últimas en la economía política del crimen, incluyendo todas sus actividades: tráfico de armas, robos de autos, secuestros, etc. (Souza Alves, 2008). Se está ante lo que Bobea (2016) ha denominado “estadotropismo por inmersión”.28

Este involucramiento de agentes estatales en actividades criminales incorpora al análisis, justamente, otra dimensión de presencia marginal del Estado, que complementa la ya señalada propia a las territorialidades marginadas, y que les hace proclives a devenir espacio de acción de organizaciones delictivas. Así, el Estado se hace presente y no de manera esporádica como es el caso de operativos puntuales. Como se señala en el caso de Río de Janeiro, pero que es aplicable a otras realidades de la región,29 se trata una presencia sui generis, porque no se expresa como poder público, debido a que los policías corruptos utilizan su representación estatal para fines privados. Según Misse (2015), esta privatización del poder estatal configura lo que denomina “mercancías políticas”, porque, para que adquieran valor económico hay que tener una correlación favorable de fuerzas en el territorio en cuestión y suponen un intercambio asimétrico y compulsivo. Pero la clave de este fenómeno reside en la capacidad limitada de las instituciones públicas que hace viables estos comportamientos, los cuales a su vez reproducen esa limitación institucional privatizando el poder público (Míguez, Misse e Isla, 2015). De hecho, el dominio de un grupo irregular en un cierto territorio implica automáticamente presencia marginal del Estado (Cano, 2008).

Hay una reflexión común a los diferentes tipos de violencias consideradas, especialmente las dos últimas:30 el empoderamiento por violencia genera procesos perversos por una doble razón. Por un lado, se sustenta en la existencia de víctimas a las cuales se les niegan derechos fundamentales, incluido el de la vida. Y, por otro lado, no suele conllevar una transformación sustantiva de la condición de marginación social, excepto –en algunos casos– para unos pocos. Es decir, es una respuesta que irrumpe en la esfera central de la sociedad con carácter amenazante pero no plantea transformaciones sustantivas del orden imperante.

La acción colectiva con posibilidades transformadoras

Ésta es la gran diferencia con la última respuesta, la basada en la acción colectiva: no sólo irrumpe sino que busca transformaciones sociales. Tres han sido los ejemplos seleccionados: el Movimiento de los Sin Tierra (mst) en Brasil, el neozapatismo en México y los piqueteros de finales del siglo pasado y principios del presente en Argentina. Se trata de tres casos con características distintas y pertenecientes a tres países claves de la región, que ofrecen un espectro lo suficientemente amplio para la reflexión. Se muestran, para cada uno de ellos, sus conquistas más significativas en términos de empoderamiento.

Los logros alcanzados por el mst son impresionantes. Al comenzar la segunda década del presente siglo estaba presente en 24 de los 27 estados brasileños; controlaba más de siete millones de hectáreas con 550 000 familias organizadas en asentamientos y campamentos, que contabilizaban una población de más de dos millones de personas; había organizado más de cien cooperativas, casi dos mil asociaciones, y casi cien agroindustrias en los asentamientos; se habían establecido más de dos mil escuelas funcionando, con cerca de 170 000 estudiantes, cinco mil educadores/as, además las Cirandas Infantis, responsables del cuidado y la educación de los niños y niñas menores de seis años (Stronzake y Casado, 2012: 4).

Estos resultados son el reflejo de dos procesos sustantivos. Así, por un lado, los asentamientos para sus ocupantes han supuesto una salida de la exclusión que les impone la sociedad, especialmente en términos laborales, posibilitándoles una alternativa de vida (Navarro, 2002). Algo que no hubieran logrado desplazándose a las ciudades. En este sentido y como corolario, Medeiros (2006) va más lejos y señala que los asentamientos han permitido la recomposición de familias, algo que resulta lo opuesto a la salida a través de la migración. De hecho, a pesar de todas las dificultades y los peligros que corren los asentados, los campamentos y las ocupaciones no han cesado. Y, por otro lado, los asentamientos han contribuido a la democratización de la vida local. Como señalan Carter y Carvalho (2010: 302), además de la mejora material de las condiciones de vida, los asentamientos han supuesto la recuperación de la autoestima de los trabajadores rurales y la ampliación de derechos ciudadanos en los medios rurales.

En cuanto al neozapatismo, el primer logro remite al acceso a la tierra. Desde la Primera Declaración de la Selva Lacandona en enero de 1994, cuando lanzó la insurrección armada, se planteó la ocupación de tierras como respuesta a las necesidades campesinas y como oposición a la política del presidente Salinas de Gortari. En este sentido, en las zonas controladas por los zapatistas se dio un nuevo y fuerte impulso a la dinámica de campesinización iniciada con la reforma agraria (Van der Haar, 2005). Pero ese impulso trascendió el territorio de influencia zapatista y así, comparando los Censos Ejidales de 1991 y de 2007, Chiapas aparece como el estado donde se crearon más núcleos agrarios (752), lo que muestra que los zapatistas posicionaron la problemática del reparto agrario en ese estado (Núñez Rodríguez, Gómez Bonilla y Concheiro Bórquez, 2007: 45). En la base del rechazo categórico a la reforma del artículo 27 de la Constitución, que posibilitaba la privatización de tierras ejidales y comunitarias, hay que buscar el significado que tiene para los indígenas la ocupación de tierras: un acto de reposición y justicia histórica que reivindica el formar parte de un Estado-nación en tanto que pueblos (Vergara-Camus, 2011).

La gran apuesta del neozapatismo ha sido la autonomía indígena. Sería en términos de ella que se ha intentado revertir la inferiorización étnica empoderando a la población indígena. Esta era una demanda que no estaba en los planteamientos originarios del ezln. Fue justamente a raíz de esta ruptura del Diálogo de Paz en la catedral de San Cristóbal de las Casas que los zapatistas plantearon que era desde el “México profundo” que se podía construir una alternativa (González Ruiz, 2013). La reivindicación de una identidad indígena por parte del neozapatismo no suponía negar la mexicana; o sea, no se estaba ante una estrategia de autoexclusión nacional. No se planteó ni repliegue comunitario ni nacionalismo cerrado y no se formularon demandas en términos de la especificidad maya identificándose como indígenas mexicanos reclamando ser parte de la nación (Le Bot, 1997; González Casanova, 2001; Ceceña, 2004; Cerda García, 2011). Se trataba de reivindicar la diferencia y su reconocimiento para que no se convirtiera en desigualdad y se respetase una identidad indígena. Es el derecho a ser tratados como iguales, cuestionando así el indigenismo estatal (González Casanova, 1995; Le Bot, 1997; De la Rosa, 2006).

Al respecto lo importante a resaltar es, como señala Martínez Espinoza (2007), que tanto los Caracoles como las Juntas de Buen Gobierno (jbg), que expresan la propuesta institucional de autonomía, han supuesto consolidar las dinámicas de subsistencia. Y según este autor, esa consolidación ha enfatizado cuatro aspectos: hacer efectivos los planteamientos de los Acuerdos de San Andrés, promover el desarrollo de las comunidades en lo económico, político y cultural, instaurar la democracia bajo el principio de “mandar obedeciendo” y fortalecer la resistencia de las comunidades ante el hostigamiento cotidiano y permanente. De hecho, según Martínez Espinoza (2007), el criterio de resistencia zapatista se basa en el rechazo de las ayudas gubernamentales para evitar una nueva cooptación. La aceptación de este tipo de ayuda significaría renunciar a la dignidad (González Ruiz, 2013). Martínez Espinoza (2006: gráfico 4) ha sintetizado este proceso señalando que responde a una reforma institucional insatisfactoria por parte del Estado mexicano y su hostigamiento permanente a las comunidades zapatistas. La respuesta fue reorganizarlas, así como redefinir las relaciones con actores externos. Emergieron cinco regiones que integraron los existentes marez (Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas) y que se plantearon cuatro objetivos: autonomía, desarrollo, democracia participativa y deliberativa y resistencia. Y la institucionalización de este proceso fue, justamente, la creación de Caracoles y jbg.

Los logros del movimiento piquetero argentino fueron tanto de orden material como simbólico. Los primeros se asocian a las ayudas que recibieron y que fueron objeto de negociación para levantar los cortes de carreteras. Surgieron de las bases ante las apremiantes necesidades pero, a la vez, reposicionaron a la gente que dejaba de ser receptora pasiva de ayudas estatales y se convertía en sujeto activo con su accionar colectivo, ganándose el derecho a ser beneficiario (Svampa y Pereyra, 2009). La incapacidad administrativa del gobierno central para manejar las ayudas e implementar los correspondientes programas hizo que municipios, ongs y también las propias organizaciones piqueteras, que al principio fueron ignoradas, desempeñaran un papel clave en su realización (Cross y Freytes Frey, 2007). El control de estos programas supuso empoderamiento de las organizaciones piquetera y las tradiciones organizativas sirvieron de apoyo, aunque se resignificaron técnicamente (Manzano, 2004, 2008).

Si bien estas ayudas fueron cruciales para garantizar la supervivencia cotidiana en el contexto de crisis profunda que caracterizaba a Argentina en esos años, hubo logros simbólicos de gran relevancia. En primer lugar se superó la invisibilidad que conllevaba ineludiblemente la situación de desempleo, porque los cortes de rutas atrajeron la atención mediática. Pero más importante fue que cuestionaron la interpretación (neo)liberal del desempleo como problema individual y lo convirtieron en cuestión social que no podía ser soslayada en la agenda pública, y superaron esa presencia sombría que el (neo)liberalismo les había impuesto (Cross y Freytes Frey, 2007; Abal Medina, 2011; Torre, 2016). Segundo, esta visibilización supuso el tránsito desde la desocupación a la acción social colectiva, porque los piqueteros obtuvieron competencias políticas (Fernández Álvarez y Manzano, 2007; Cross y Freytes Frey, 2007); aún más, se ha argumentado que por representar el piquete una acción directa se habría conformado una “identidad insurgente” (Retamozo, 2006: 160). De hecho, mantuvieron protagonismo político porque recordaban la deuda pendiente de la democracia: la exclusión (Muñoz, 2005). Y finalmente, se recuperó dignidad y se logró superar la estigmatización que implicaba la categoría de desocupado (Svampa y Pereyra, 2004, 2009). En este sentido, el movimiento piquetero planteó la necesidad de recuperar lo que denominó “trabajo genuino”, que definió no sólo como el trabajo verdadero sino también como el digno; en efecto, la pérdida de empleo se percibía también como pérdida de dignidad (Retamozo, 2007). Y, en este último sentido, se planteaba una concepción de la vida en un doble sentido: era un medio de reproducción, pero también era una forma de diferenciación de “otros” (ladrones, mendigos, etc.). Es decir, la dignidad constituyó un elemento central de la identidad piquetera (Fernández Álvarez y Manzano, 2007).

Reflexionando en términos más generales sobre esta cuarta respuesta, el conflicto no se plantea simplemente en términos de carencias, sino de las causas que las generan: el no acceso a recursos productivos claves y, en los casos considerados, en concreto a la tierra. En este sentido, va más allá del ámbito de la marginación social, y este tipo de respuesta busca modificar la asimetría del campo de desigualdad de excedente, en este caso el referido al acaparamiento de oportunidades de acumulación. Es decir, trata de incidir sobre las causas y no sólo sobre los efectos y, cuando se logra, se puede superar la situación de marginación social.

También en términos de revertir la desciudadanización, sus planteamientos no se limitan a recuperar ciudadanía sino a profundizar la democracia con prácticas deliberativas y participativas, más allá del ejercicio periódico de elecciones y el otorgamiento de representatividad. Incluso hay respuestas que plantean la problemática de la autonomía. Éste es un tema clave porque implica que se puede, desde el mundo de la marginación social y en contraposición con el resto de la sociedad, ir configurando nuevas relaciones sociales de carácter alternativo al de las predominantes. Es decir, se estaría planteando la recuperación de la utopía, y parecería que, en el actual momento histórico, sería desde los márgenes de la sociedad que pueden emerger propuestas utópicas, pero éstas afrontan grandes desafíos si quieren trascender las territorialidades confinadas en las que germinan.

Finalmente, sólo esta respuesta colectiva se ha opuesto –de manera expresa– a la invisibilización de los subalternos, reivindicando la dignidad de los marginados. Aquí tenemos una de las respuestas más radicales a la inferiorización y una de las propuestas más tajantes de reconocimiento en la historia del capitalismo de la región.

Es decir, de las cuatro respuestas es, sin duda, la que plantea de manera más radical la superación de la marginación social porque, justamente, interpela directamente las causas que la generan. Pero sus logros están condicionados por la asimetría del conflicto. Justamente por su carácter cuestionador del orden imperante, tiene que confrontar actores poderosos que tratan de neutralizar este tipo de movimientos sociales a través del aislamiento, la represión o la cooptación.

Reflexiones breves para cerrar

Si se limita la mirada a la redistribución, como se postula desde posiciones afines al (neo)liberalismo, se supone que el conflicto se centra sobre el excedente captado por el Estado, fundamentalmente por la vía impositiva, y la pugna es entre beneficiarios (hogares e individuos) de las políticas sociales. Es decir, las desigualdades se expresan en disparidades dentro de los sectores subalternos. Las políticas de reducción de la “pobreza” lo ilustran bien. Cuestiones como la “focalización” (una selección adecuada de los beneficiarios) o la “filtración” (beneficios de tales políticas para quien no les corresponde) muestran la naturaleza y el alcance del conflicto. Es decir, se está ante una politización muy limitada de lo social. Enfatizar lo fiscal, como es la propuesta de Piketty, radicaliza la politización, pero no suficientemente, porque la pugna se limita la confrontación entre elites y Estado. Ambas miradas son necesarias para entender las desigualdades y los conflictos que conllevan, pero son insuficientes.

Desplazar la mirada hacia los mercados básicos, o sea hacia la distribución, implica que la pugna es sobre las condiciones de generación y apropiación del excedente y que se trata de un conflicto entre clases: entre capital y trabajo (condiciones de explotación de la fuerza laboral) y entre diferentes tipos de propietarios (condiciones de acaparamiento de las oportunidades de acumulación). Sin embargo, el enfoque propuesto no limita la pugna a las clases sociales. Los individuos pueden incidir, siempre y cuando haya procesos de individualización con soportes sólidos de los sectores subalternos que puedan relativizar las desigualdades de clase. También cuenta si hay o no constitución de pares categoriales, porque, en el primer caso, se pueden acoplar (a través de segregación primaria, secundaria o la discriminación) a las dinámicas de clase, reforzándolas. Es decir, los procesos de individualización y de procesamiento de las diferencias se abordan también en términos de conflicto.

Finalmente, las respuestas por parte de ciertos sectores subalternos consideradas en el apartado precedente son expresiones de desigualdades, porque se generan desde la marginación social, aunque no sea su única causa. Son también expresiones de politización de lo social no sólo en su manifestación de conflicto abierto (violencias y movimientos sociales), sino también en sus expresiones encubierta (migraciones) y latente (religiosidades).

Por consiguiente, el orden (neo)liberal ha re-politizado lo social de manera amplia y a la vez profunda. Es decir, hay una base sólida para cuestionarlo como orden natural y deseable. Para ello hay que proyectar una mirada radical sobre las desigualdades.

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