Resumen

La deportación no termina con el school-to-prison pipeline estadounidense, sino que lo desplaza hacia la burocracia mexicana. Este artículo argumenta que los trámites de acceso a la educación superior operan como una tecnología punitiva que fragmenta y deslegitima trayectorias educativas construidas fuera del marco documental nacional. A partir de una etnografía crítica con hombres deportados en México occidental, se muestra cómo la ventanilla escolar funciona como una frontera interna que prolonga la lógica del castigo mediante la exigencia de documentos inalcanzables y la invalidación de estudios previos. El artículo propone entender la burocracia como un mecanismo central del régimen punitivo transnacional en los debates sobre migración, castigo y ciudadanía.

Palabras claves: burocracia punitiva, fronteras, homies deportados, mutilación biográfica, school-to-prison pipeline

bureaucracy as border: higher education, deportation, and the liminal citizenship of homies in mexico

Deportation does not end the U.S. school-to-prison pipeline; rather, it shifts the pipeline to Mexican bureaucracy. This article argues that the paperwork associated with higher education operates as a punitive technology that fragments and invalidates educational trajectories built outside the framework of national documentation. Based on critical ethnographic research with deported men in western Mexico, it shows how university admissions offices function as internal borders that extend the logic of punishment by requiring unattainable documents and refusing to recognize prior studies. The article proposes understanding bureaucracy as a central mechanism of a transnational punitive regime within debates on migration, punishment, and citizenship.

Keywords: Biographical disruption, punitive bureaucracy, deported homies, school-to-prison pipeline, borders.

En el México contemporáneo, el retorno forzado no constituye un reencuentro con la ciudadanía, sino un mecanismo de bordering interno que opera en su núcleo. La frontera ya no se presenta principalmente como un muro territorial, sino como una tecnología administrativa de clasificación que decide qué trayectorias resultan legibles y cuáles quedan reducidas a “expedientes defectuosos” (DeChaine, 2012). Ante la ventanilla institucional, el deportado no comparece como ciudadano pleno, sino como un problema documental que el Estado gestiona sin alterar el orden que lo produce.

Esta forma de violencia es sistémica. Expresa la lógica de la sociedad bulímica (Young, 2007): sujetos absorbidos por Estados Unidos como fuerza de trabajo y después expulsados –vomitados– a través del sistema penal. El Estado mexicano no interrumpe este circuito, lo prolonga. Al invalidar las trayectorias educativas y vitales construidas “del otro lado”, las instituciones, además de negar un trámite, activan un proceso sostenido de desposesión biográfica que reordena el pasado del sujeto bajo nuevos criterios de valor y pertenencia.

La tesis central de este trabajo es que el retorno forzado produce una mutilación biográfica entendida como un proceso administrativo continuo, no como un evento puntual. No se trata de una falla ni de una disfunción burocrática, sino de una operación sistemática mediante la que apostillas inalcanzables, revalidaciones arbitrarias y la anulación de créditos académicos desarticulan la continuidad temporal de la vida del retornado. Esta burocracia no se limita a regular el acceso institucional, pues produce un régimen de extranjería persistente en el que el individuo es legalmente mexicano, pero operativamente extranjero. La mutilación no borra el pasado, lo vuelve inutilizable.

Este artículo contribuye a los estudios sobre deportación al mostrar que la educación superior –conceptualizada como un dispositivo de integración– funciona, en el contexto del retorno forzado, como una infraestructura central de prolongación del régimen punitivo transnacional, en el que la validación del saber se convierte en un mecanismo de exclusión selectiva. Esta ruptura es profundamente política. A diferencia del movimiento Dreamer, que negoció su inclusión a través del mérito, la respetabilidad y la inocencia moral, los homies retornados cargan con el estigma del school-to-prison-to-deportation pipeline (Brotherton y Barrios, 2011). No buscan redención ni reconocimiento pleno por parte de un Estado que los administra como residuo. En su lugar, despliegan formas situadas y desiguales de invisibilidad, navegación burocrática y apoyo mutuo, no como estrategias emancipatorias, sino como respuestas pragmáticas a un entorno institucional hostil. No reclaman un lugar en el centro; aprenden a habitar la frontera que les ha sido impuesta, desarrollando prácticas de supervivencia en condiciones de mutilación biográfica persistente.

El school-to-prison-to-deportation pipeline

La literatura crítica ha mapeado con precisión el school-to-prison-to-deportation pipeline como un circuito transnacional de control (Brotherton y Barrios, 2011; Golash-Boza, 2016). Este andamiaje permite entender la deportación no como un evento aislado, sino como la culminación de un proceso de criminalización que inicia en el aula y termina en el destierro; sin embargo, existe una asimetría analítica en la sociología de la migración. Mientras la academia ha priorizado la “política de la respetabilidad” del movimiento Dreamer (Nicholls, 2013), ha dejado en la sombra a quienes no encajan en el ideal del “estudiante modelo”. Esta fijación con el mérito académico ha oscurecido la dimensión más profunda del retorno forzado: el hecho de que el estigma penal se utiliza como justificante para la exclusión administrativa en el país de origen. En este vacío teórico la mutilación biográfica deja de ser una metáfora y se convierte en una herramienta analítica necesaria para nombrar aquello que el enfoque en el “mérito” ha decidido ignorar.

Frente a este borramiento, la literatura sobre resistencia transnacional debe expandirse. Si bien se ha explorado el “liderazgo orgánico” en las prisiones hacia las universidades (Zepeda y Rising, 2023), falta un análisis que conecte esa agencia carcelaria con la disputa por el espacio universitario en México. Mi trabajo se inserta en esta brecha: no busco documentar una “re-inserción” exitosa, sino analizar cómo los homies despliegan su capacidad de supervivencia para subvertir la identidad del “ex-convicto”. Al exigir acceso a la educación superior, estos sujetos desafían las barreras burocráticas y, a la vez, impugnan la jerarquía de humanidad impuesta por la literatura académica previa.

Marco teórico: mutilación biográfica

La frontera ha dejado de ser una línea fija en el mapa para convertirse en un conjunto de prácticas de bordering que operan dentro del Estado y a lo largo de la vida de los sujetos. Como han señalado los estudios críticos sobre frontera, el bordering ya no se limita al control territorial, sino que se despliega a través de dispositivos administrativos que clasifican, jerarquizan y producen sujetos legibles e ilegibles para la nación (DeChaine, 2012; Yuval-Davis, Wemyss y Cassidy, 2019). En el caso de los homies deportados, el retorno forzado no implica un reingreso pleno a la ciudadanía, sino la inserción en un régimen en el que la pertenencia existe sin una biografía institucionalmente reconocida.

Este artículo sostiene que el efecto central del retorno forzado es una mutilación biográfica producida por la articulación entre el sistema penal estadounidense y la burocracia mexicana. La deportación no interrumpe el castigo, lo redistribuye. En Estados Unidos, el sistema penal reduce trayectorias educativas, laborales y comunitarias a una identidad criminal administrable (Brotherton y Barrios, 2011). En México, lejos de revertirse, esa reducción se profundiza mediante prácticas burocráticas que invalidan estudios previos, desconocen certificaciones y exigen documentos que el propio régimen de deportación vuelve inalcanzables.

La mutilación biográfica no es una forma simbólica de exclusión, sino una tecnología temporal de bordering. Siguiendo a Sandro Mezzadra y Brett Neilson (2013), el bordering no expulsa simplemente; produce gradaciones de inclusión. En este caso, la frontera se materializa como una suspensión del tiempo biográfico: el pasado del sujeto no desaparece, pero pierde eficacia institucional. Segmentos completos de la vida quedan fuera del tiempo estatal, bloqueando el acceso a derechos presentes y futuros. El resultado es una ciudadanía formalmente reconocida, pero operativamente restringida.

Esta forma de violencia se encarna de manera cotidiana en la ventanilla. Lo que Michel Herzfeld (2020) denomina “indiferencia burocrática” no debe entenderse como disfunción administrativa, sino como una práctica rutinaria de soberanía que sanciona trayectorias transnacionales. Desde un discurso humanitario de bienvenida y reintegración, el Estado administra una espera indefinida que gestiona –sin reparar– la biografía mutilada.

Frente a este régimen de bordering temporal, los homies no buscan integración plena ni reconocimiento moral. Como sujetos formados en la intersección entre criminalización, deportación y exclusión institucional, desarrollan estrategias de navegación, invisibilidad y apoyo mutuo que les permiten habitar una frontera que ya no se localiza en el territorio, sino en la continuidad misma de la vida social. La lucha por el acceso a la educación superior no es únicamente una demanda de movilidad, es también un intento por rearticular el tiempo, suturar una biografía fragmentada y disputar el monopolio estatal sobre qué vidas pueden avanzar.

Metodología: epistemología de trinchera

Mi condición de retornado no constituye una nota autobiográfica añadida al análisis, puesto que es el punto de partida metodológico de esta investigación. Siguiendo a Dorothy Smith (2005), el estudio se sitúa en el standpoint de quienes experimentan cotidianamente las relaciones de gobernanza, entendiendo el conocimiento no como una abstracción neutral, sino como algo producido desde ubicaciones sociales concretas. Es desde esa posición –marcada por el encierro, la deportación y el retorno– que se construye esta etnografía institucional.

Esta experiencia no otorga acceso privilegiado a una “verdad” esencial, pero sí orienta la mirada hacia prácticas ordinarias que suelen pasar desapercibidas en aproximaciones más distantes. Allí donde los discursos institucionales describen fricción administrativa o descoordinación burocrática, mi análisis se detiene en cómo esas interacciones producen interrupciones, suspensiones y desautorizaciones de trayectorias vitales que se materializan en documentos, sellos y ventanillas. La formación académica no opera aquí como un instrumento de distanciamiento, sino como una herramienta para rastrear cómo los textos, procedimientos y formatos estatales coordinan formas específicas de exclusión en la vida cotidiana (Smith y Griffith, 2022).

El trabajo de campo se desarrolló siguiendo una tradición de la criminología crítica que privilegia el análisis situado de las instituciones punitivas y sus extensiones más allá del sistema penal formal. Más que asumir la figura clásica del observador participante, la investigación implicó atravesar, junto con otros sujetos, los mismos circuitos burocráticos, laborales y administrativos que estructuran el retorno forzado. Desde oficinas gubernamentales hasta espacios laborales precarizados, el bordering no fue analizado como una política abstracta, más bien se planteó como una experiencia corporal y temporalmente situada.

En este proceso, la noción de hipercriminalización propuesta por Víctor M. Rios (2011) adquiere una dimensión transnacional. Los estigmas producidos en barrios, escuelas y prisiones en Estados Unidos no desaparecen con la deportación; se reconfiguran en México mediante dispositivos administrativos que reinscriben la sospecha y la ajenidad. La estética, el lenguaje y los antecedentes penales de los retornados se convierten en marcadores que condicionan su elegibilidad institucional.

Las interacciones desarrolladas en el campo se concibieron como espacios de diálogo prolongado y análisis compartido. En consonancia con el trabajo de David Brotherton y Luis Barrios (2011), el conocimiento se produjo de manera relacional, a partir de conversaciones orientadas a comprender cómo se enfrentan, negocian y resisten los dispositivos de exclusión. Más que documentar narrativas de sufrimiento, el análisis se centra en prácticas concretas mediante las que los sujetos navegan la burocracia y disputan los efectos de la mutilación biográfica.

Los diarios de campo registran lo que Herzfeld (2020) denomina “intimidad burocrática”: momentos aparentemente menores –una negativa, una espera, un documento rechazado– en los que el poder estatal se vuelve tangible. Siguiendo a Rios (2011), estas prácticas no se interpretan como mera adaptación, sino como afirmaciones de dignidad frente a regímenes que buscan suspender la continuidad de la vida social. En este sentido, la demanda por acceso a la educación superior no aparece como una solicitud de asistencia, puesto que resulta una estrategia para rearticular una biografía fragmentada y disputar las fronteras que la burocracia impone.

La máquina burocrática: lógica interna e implementación

La caracterización educativa de los homies no puede entenderse fuera de la lógica del pipeline. La mayoría de los sujetos de este estudio llegaron a Estados Unidos antes de los cinco años; crecieron habitando el espanglish del barrio como lengua materna, y el asfalto y las celdas como aulas. Su trayectoria escolar no es lineal: aunque la mayoría inició la secundaria en sus comunidades, la necesidad de sobrevivir, la violencia de la vida callejera y la criminalización derivada de ser etiquetados como pandilleros hicieron que completar la preparatoria fuera inviable. Así, un diploma de high school o su equivalente, el ged (General Educational Development), obtenido tras las rejas, se convierte en su principal –y muchas veces único– capital académico. Muchos de ellos provienen de pueblos de los alrededores de Jalisco, Michoacán y Zacatecas y, tras la deportación, terminan en Guadalajara y la Ciudad de México en busca de trabajo y documentación.

Es importante destacar algunas excepciones recientes que ilustran cambios en las políticas penitenciarias: Tomás pudo acceder a educación superior en prisión y obtuvo tres associate degrees en Illinois mediante un programa penitenciario; John cursó algunos estudios superiores en Folsom. En ambos casos, estos logros reflejan transformaciones ocurridas en los últimos quince años, cuando las prisiones comenzaron a ofrecer educación superior como estrategia para reducir la reincidencia. Luis, por su parte, no pudo estudiar debido a que estuvo preso en California a principios de los años noventa, en un contexto de constantes lockdowns y motines que hacían imposible la educación formal. No se trata en estos casos, por tanto, de “estudiantes migrantes” en el sentido tradicional; son sujetos cuyo único vínculo formal con la institucionalidad estadounidense se consolidó dentro del complejo industrial-carcelario, que evidencia cómo la educación –cuando existe– se encuentra subordinada a la lógica punitiva del Estado.

Al retornar, este diploma obtenido en prisión –un símbolo de resiliencia personal– se estrella contra la frontera impenetrable de la burocracia mexicana. Aquí, el pipeline se extiende mediante indiferencia ritualizada (Herzfeld, 2020). Para quienes intentaron ingresar a la universidad hace una década, la revalidación se convirtió en un laberinto de opacidad y discrecionalidad.

La exclusión no siempre se manifiesta como una negativa rotunda, sino como un desgaste programado: ser enviado de oficina en oficina, enfrentar el desinterés de funcionarios de bajo nivel que operan como guardianes de la frontera y, por otro lado, el silencio sistemático ante llamadas y correos. Aunque las reformas recientes han facilitado el proceso para algunos, la estructura de fondo permanece: el retornado es legalmente “elegible”, pero políticamente invisible. El hecho de que la autoridad para decidir sobre una vida quede en manos de un administrativo sin capacitación revela que, para el Estado mexicano, la reinserción del “criminal deportado” no es una obligación de derecho, sino un residuo administrativo sin prioridad.

Alberto recordó su experiencia: “Bueno, decidí regresar a la escuela en 2015 y, como tenía un ged, no pude revalidarlo como certificado de preparatoria. En ese momento, el gobierno mexicano no reconocía el ged como una preparatoria “real” […] así que tuve que ir a una escuela abierta, la Azteca, durante un año y medio.

El caso de Alberto muestra cómo el acceso a la educación superior dependía tanto de la ley escrita, como del momento histórico, el capital social disponible y la disposición –o capacidad– de pagar a intermediarios. La burocracia imponía su propia lógica ajena al sistema estadounidense: lo que en ee. uu. era un diploma válido (ged), en México no tenía ningún valor. Sin embargo, a partir de 2015, con la modificación al Acuerdo 286, se facilitó la revalidación: ya no era necesario apostillar documentos ni traducirlos por peritos certificados. Este cambio fue producto de la presión de organizaciones de deportados en la Ciudad de México. Antes, muchos no podían apostillar sus documentos porque no podían costear traducciones, notarios, ni viajes de regreso a ee. uu. El triunfo legal evidenció que la resistencia de los sujetos estigmatizados puede abrir grietas en estructuras aparentemente monolíticas.

Otros, como Jesús, tuvieron menos suerte. En 2005, su ged tampoco fue reconocido como preparatoria y solo pudo revalidar la secundaria. Su diploma, válido en Estados Unidos, no tenía valor en México. En las oficinas de la Secretaría de Educación Pública (sep) no hubo nadie que escuchara o entendiera su situación. En palabras de Loïc Wacquant (2009), lo que se vivió fue una “indiferencia burocrática” que obliga a aceptar los términos del Estado o resignarse a la exclusión.

Antes de las reformas, otros homies relataron haber contratado abogados, pagado mordidas o aceptado la compra de certificados falsos no como actos excepcionales, sino como formas informales de acceso dentro de un régimen burocrático que bloqueaba sistemáticamente las trayectorias de retorno. Como lo expresaban ellos mismos, “lubricar” la máquina administrativa no era corrupción en sentido estricto, sino una estrategia para reactivar un tiempo biográfico que el Estado había dejado en suspensión. El pago no compraba un privilegio, compraba la posibilidad de que un pasado ya vivido volviera a contar.

Estas palancas, sin embargo, no estaban distribuidas de manera equitativa. Su uso dependía de capitales sociales específicos a los que pocos homies tienen acceso tras la deportación. Varios participantes señalaron que incluso aproximarse a posibles intermediarios resultaba difícil: su forma de vestir, hablar o moverse producía desconfianza y temor, reforzando su aislamiento. De este modo, el bordering no solo operaba en la ventanilla formal, sino también en el acceso desigual a los circuitos informales que permitían sortearla. En este contexto, la revalidación adquiría un costo múltiple: económico, emocional y temporal. Más que resolver un trámite, estos procesos profundizaban la mutilación biográfica al obligar a los sujetos a negociar su historia a través de prácticas precarias, riesgosas y moralmente ambivalentes. La informalidad, lejos de corregir la exclusión burocrática, se convertía en otro mecanismo mediante el que el Estado delegaba y descentralizaba el trabajo de frontera.

La presión colectiva derivó en cambios más amplios: modificaciones al Acuerdo 286 en 2017 y reformas a la Ley General de Educación, que buscaban simplificar y facilitar la integración de personas con estudios en el extranjero (Garrido de la Calleja y Anderson, 2018). A partir de 2018, los ged y diplomas de high school podían revalidarse siempre que el 40% del plan coincidiera con uno mexicano, eliminando la obligación de repetir la preparatoria. Aun así, las experiencias de Alberto y Jesús muestran que la implementación fue desigual, dependiente de la discrecionalidad de funcionarios locales. La burocracia, lejos de ser solo un mecanismo administrativo, se convierte aquí en una frontera cultural y social –un bordering interno–.

Con el paso del tiempo, el ged pasó a ser reconocido por el gobierno mexicano como equivalente a la preparatoria. Henry relató que cuando intentó revalidarlo por primera vez, en 2010, su solicitud fue rechazada. En 2022, sin embargo, el proceso se resolvió en menos de un mes, sin requerir apostilla ni traducción oficial, y sin objeciones por las inconsistencias en su nombre –como la ausencia del apellido materno en sus documentos estadounidenses– ni por la falta de comprobantes de escolaridad previa. Cuando le solicitaron constancia de secundaria, Henry respondió que nunca había cursado ese nivel y la revalidación procedió sin mayores obstáculos. Este resultado no puede explicarse únicamente por un cambio normativo. En su segundo intento, Henry no acudió solo: el trámite se realizó en presencia de la dirección estatal encargada del programa de revalidación en Jalisco. La ley, en este contexto, no operó como un marco estable, sino como un recurso activado selectivamente según quién acompañaba el expediente.

La experiencia de John en la Ciudad de México revela el reverso de este mismo mecanismo. Sin intermediarios ni acceso a niveles directivos, su trámite fue gestionado por personal subalterno –secretarias y becarios– con escaso conocimiento de la legislación vigente. A diferencia de Henry, a John se le exigió presentar un certificado de secundaria como requisito indispensable para validar la preparatoria, a pesar de que dicha exigencia contravenía la normativa. En su caso, la biografía no fue rearticulada, fue bloqueada.

Este contraste no revela una disfunción burocrática ni una lógica moral abstracta, sino un mecanismo concreto de gestión diferencial de las biografías. La burocracia no opera como un sistema que premia la obediencia, sino como un dispositivo que mide la capacidad del sujeto para soportar la suspensión de su propia historia. Los errores, contradicciones y exigencias arbitrarias no deslegitiman el procedimiento; funcionan como pruebas de resistencia que filtran quién puede mantener su vida en pausa el tiempo suficiente para que el trámite avance.

En este régimen, el acceso institucional no depende de cumplir correctamente una norma, sino de sobrevivir al desgaste biográfico que el proceso impone. Quienes cuentan con intermediarios, capital institucional o proximidad al poder administrativo logran reactivar trayectorias suspendidas. Quienes no, quedan atrapados en una temporalidad detenida en la que el pasado no desaparece, pero tampoco puede convertirse en presente. La mutilación biográfica no es el resultado de una exclusión explícita, ya que se trata de un sistema que administra el tiempo como forma de control y convierte la espera en un criterio de pertenencia.

El cambio legal no solo amplió derechos: abrió un nuevo mercado educativo. Tras la reforma, preparatorias estadounidenses comenzaron a operar en México para captar a estudiantes retornados cuyas trayectorias habían sido bloqueadas por la burocracia local. Luis, por ejemplo, obtuvo una beca del Education Justice Project de la Universidad de Illinois y la utilizó para inscribirse en Libereco, una preparatoria registrada en Estados Unidos con sede en Querétaro. Después de año y medio de clases en línea, recibió un diploma estadounidense y un documento de revalidación emitido por la sep que lo reconocía oficialmente en México. Su biografía no fue reparada por la ventanilla pública, sino tercerizada al mercado educativo transnacional.

Los casos de Henry y Luis ilustran tanto el potencial de la reforma como su sesgo estructural. Ambos contaron con acompañamiento de profesores, abogados y redes académicas capaces de activar la ley a su favor. La normativa existía, pero solo se volvía operativa cuando era mediada por capital institucional. En contraste, otros homies que acudieron a oficinas de la sep después de 2018 enfrentaron información falsa, trámites interminables o indiferencia absoluta. Algunos fueron informados –incorrectamente– de que el ged no podía revalidarse; otros escucharon que el proceso tomaría seis meses o más, aun cuando la ley establecía lo contrario. Esta brecha no es accidental. La reforma produjo un régimen de inclusión estratificada en el que quienes cuentan con recursos económicos, capital social o confianza institucional pueden traducir la ley en continuidad biográfica, mientras que quienes carecen de ellos permanecen invisibles para el sistema. Para estos últimos, la ausencia de protesta o litigio no expresa conformidad, sino desgaste. La burocracia no los excluye abiertamente; los deja esperar hasta que la biografía se vuelva inviable.

Aunque algunos homies que recientemente revalidaron sus diplomas de preparatoria en Jalisco tuvieron una experiencia positiva, otros que lo intentaron hace varios años –o en otras entidades– describieron un proceso engorroso, excluyente y arbitrario. Miembros de Otros Dreams en Acción (oda), activistas de deportados y retornados (d&r), señalaron que las modificaciones al Acuerdo 286 fueron apenas el inicio, no el final, de la lucha por la integración educativa de d&r. La razón era simple: los burócratas, una y otra vez, se negaban a aplicar la ley (Anderson y Solís, 2014). Así, la lucha por la revalidación se volvió también una lucha por obligar al propio Estado a cumplir sus reglas.

Para muchos homies, el trámite se sintió diseñado para agotarlos, excluirlos. La ley mexicana prometía acceso, pero, en la práctica, cada paso exigía más pruebas de “legitimidad”. Primero el diploma, luego las transcripciones escolares. Muchos dependían de familiares en Estados Unidos para obtener documentos, pero en ocasiones estos familiares estaban sobrecargados o simplemente no había nadie que pudiera ayudar. Los funcionarios que atendían a los homies seguían versiones desactualizadas de los requisitos o ni siquiera conocían los recursos legales disponibles. Ante la frustración y con la imposibilidad simbólica y material de cuestionar a la autoridad burocrática, algunos se sometían resignados; otros, simplemente abandonaban sus estudios en México.

La implementación desigual de la ley quedaba claramente expuesta en los testimonios. Un director de la sep en Jalisco me lo expresó sin rodeos: “Solo estamos mi secretaria, dos becarios y yo para atender a toda la población migrante de regreso en el occidente del país. Es imposible, pero hacemos lo que podemos con lo que tenemos”. Esta admisión dejaba al descubierto la precariedad institucional que sostiene el régimen de revalidación: a pesar de la creación de leyes, programas y discursos orientados a facilitar la integración de las personas retornadas, su ejecución efectiva recaía en un equipo de apenas tres personas (Jacobo-Suárez, 2020).

La brecha entre la promesa normativa y la realidad administrativa no es menor. Los casos de Henry y Luis mostraban cómo el sistema podría funcionar bajo condiciones ideales de acompañamiento, información y acceso directo a funcionarios con capacidad de decisión. Sin embargo, estos casos eran la excepción y no la regla. Para la mayoría de los retornados, la falta de inversión estatal, personal capacitado y estructuras operativas convertía la revalidación en un proceso arbitrario y agotador. En este sentido, más allá de las reformas legales, los resultados –y su alcance limitado– hablan por sí mismos: la integración de las personas retornadas no fracasa por ausencia de marco jurídico, sino por la decisión política de sostenerlo con recursos claramente insuficientes.

En 2023, John intentó revalidar su diploma de preparatoria en un centro para retornados creado por deportados educados en Ciudad de México. Lo primero que le pidieron fue llenar una encuesta de una hora. “Él no sabía por qué era ni para qué servía la encuesta”, me contó. Tras el trámite, lo atendieron para darle una instrucción desconcertante: debía hacer coincidir sus credenciales académicas estadounidenses con su acta de nacimiento mexicana, es decir, agregar su apellido materno a todos sus documentos. Pasó meses escribiendo correos y llamando a instituciones educativas en Estados Unidos, intentando que cambiaran sus diplomas, sin resultado alguno. Cuando lo llamé para darle seguimiento, me respondió: “Se lo dije en mi preparatoria y en la universidad, pero están perdidos. Nadie jamás ha pedido cambiar su nombre”. El requisito era inexistente. La desinformación, proveniente de una organización que supuestamente debía apoyarlo, lo dejó exhausto, ansioso y sin avances.

Lo que muestra este caso es doble. Primero, cómo incluso espacios creados en nombre de los retornados pueden reproducir dinámicas de explotación simbólica, al usar a los homies como fuente de datos (encuestas, entrevistas) sin dar seguimiento real. Segundo, cómo la burocracia se convierte en frontera social, generando procesos inconsistentes, costosos, lentos y deshumanizantes, que rara vez consideran la inviabilidad práctica que enfrentan los deportados y marginados. Aquí, la teoría apunta a un problema conocido pero insuficientemente atendido.

Como señala Kevin Johnson (2012: 37), “el acceso a los derechos siempre ha estado atravesado por dinámicas de privilegio y opresión, y ciertos grupos han sido históricamente excluidos tanto de la idea de ciudadanía como de sus beneficios empíricos”. En el caso mexicano, los homies retornados encarnan esta paradoja de forma particular: aunque son ciudadanos plenos en términos legales, son leídos institucionalmente como sujetos ajenos. Su dominio de otro idioma, sus códigos culturales y el hecho mismo de haber sido deportados activan una sospecha persistente que los sitúa en una frontera interna, siempre provisional.

El bordering no opera aquí como un acto puntual de exclusión, sino como una práctica reiterada que desactiva el pasado. Cada interacción burocrática vuelve irrelevante la trayectoria previa: los estudios cursados, los proyectos imaginados, los esfuerzos acumulados. Para la mayoría de los homies, obtener un diploma de preparatoria no representó una culminación, sino apenas un primer intento por reactivar una biografía suspendida. Con ese documento buscaban dar continuidad a aspiraciones académicas y ocupacionales concebidas en Estados Unidos, ahora desde México. Sin embargo, el tránsito hacia la educación superior estuvo marcado por obstáculos institucionales que funcionaban como fronteras temporales, obligándolos a demostrar, una y otra vez, que su historia merecía seguir contando.

En este proceso, el bordering contribuye directamente a la mutilación biográfica al imponer un régimen en el que el pasado debe ser constantemente justificado, traducido o descartado. No se trata solo de barreras visibles, sino de una acumulación de negaciones menores que interrumpen la continuidad de la vida social. Frente a esta repetida invalidación, los homies desarrollan estrategias pragmáticas de supervivencia para moverse en un sistema que no los expulsa abiertamente, pero que insiste en comenzar su historia desde cero.

Aspiraciones de educación superior en un mundo fronterizado

Si las aspiraciones de educación superior de los homies se formulan en un mundo atravesado por fronteras administrativas que desactivan el pasado, es necesario volver a un momento anterior: el punto en el que muchos de ellos comenzaron a reimaginar su biografía por primera vez. Antes de enfrentarse a la ventanilla, ese trabajo de reconstrucción ya había comenzado en espacios donde el control era más explícito, pero paradójicamente más legible.

Alberto recordó los últimos años de su condena en prisión como un punto de quiebre. Tras una pelea con cuchillos fue trasladado a una de las prisiones federales de mayor seguridad en Estados Unidos. Allí, rodeado de líderes de organizaciones criminales internacionales, se encontraba, según sus propias palabras, en la cúspide de su trayectoria como pandillero. El encierro era más duro, más silencioso, más definitivo. Fue en ese espacio –en una celda cerrada, aislado del ruido cotidiano– donde algo comenzó a fracturarse: “Ahí mismo en una celda, y tenía miedo con todo el ‘alto poder’ que había ahí. Nunca había estado en una situación así… Tenía 30, 34 años. Pensé: ¿realmente soy yo? ¿Es este el resto de mi vida?”. El miedo no provenía únicamente del entorno, sino de la sensación de haber llegado a un límite biográfico. Frente a esa clausura, Alberto empezó a leer compulsivamente: libros de gramática, manuales, cualquier texto que le permitiera aprender la enseñanza de inglés. No buscaba certificaciones ni beneficios institucionales. Buscaba una forma de abrir tiempo dentro del encierro.

La educación no apareció como una promesa abstracta de rehabilitación, sino como una táctica inmediata para interrumpir una trayectoria que parecía cerrarse sobre sí misma. En un contexto diseñado para congelar el futuro, estudiar se convirtió en una manera de sostener la posibilidad de otra vida. Siguiendo a Brotherton (2015), quien documenta cómo los sujetos criminalizados reconfiguran identidad y sentido bajo regímenes de exclusión, la educación emerge en este caso no como redención, sino como una grieta desde la que Alberto comenzó a disputar el significado de su encierro.

No fue el único. Varios homies, como Tomás, encontraron en la enseñanza del inglés una forma de escapar a la lógica carcelaria. Certificado por la Universidad de Illinois mientras cumplía condena, Tomás comenzó a reimaginar su identidad. Con el tiempo, la docencia y el aprendizaje lo alejaron de su pasado, a la vez que lo conectaron con profesores y personal universitario que lo veían como algo más que un convicto. Al regresar a México, ese capital académico le abrió las puertas para trabajar como maestro de inglés. Sin embargo, pronto se topó con una nueva frontera: la credencialización académica. Aunque era competente y bilingüe, el mercado –y particularmente las plataformas en línea que lo contrataban desde China– exigían licenciaturas. “If I was making 25 000 pesos a month. At some point in China, I was making 80 000 a month”. Ese diferencial brutal entre pesos y dólares, entre un salario local y uno global, fue el incentivo para terminar la universidad.

A diferencia de Alberto, Tomás evitó el laberinto de la revalidación mexicana al concluir su licenciatura en línea en Illinois. Su vida, aunque físicamente anclada en Michoacán, se desarrollaba en un espacio virtual que desdibujaba fronteras nacionales. Ante empleadores y plataformas educativas, aparecía como un académico estadounidense; en la práctica, era un homie deportado trabajando desde un pueblo mexicano. Esta disociación le permitió esquivar temporalmente la frontera burocrática local, pero no anularla. Incluso con un título universitario, la promesa de movilidad permanecía frágil. El cierre del mercado chino de educación en línea (Reuters, 2021) lo obligó a reinventarse nuevamente, esta vez a través de un boot camp de programación ofrecido por la Universidad de Columbia: “I just took a coding course through Columbia University… I also didn’t tell them I was in Mexico. I think it is an unwritten rule that it is for people in the us”. La acumulación de capital académico no eliminó la frontera, simplemente desplazó el trabajo de ocultamiento hacia el propio sujeto.

Aquí emerge una tensión central: la invisibilidad estratégica. Tomás aprendió a moverse dentro y fuera de su “caparazón”, ocultando su condición de deportado y exconvicto cuando era necesario (Villegas, 2010). Esta doble posición –el profesional valorado versus el migrante criminalizado– ha sido documentada en otros contextos (Villegas, 2010; Bybee et al., 2021), pero en el caso del exconvicto deportado adquiere un carácter particularmente riesgoso, dado que el estigma penal intensifica la sospecha sobre su pertenencia y su “ciudadanía fallida” (Golash-Boza, 2016). La trayectoria de Tomás muestra que, incluso cuando los homies logran acumular credenciales formales, el acceso a la educación superior y a la movilidad profesional sigue condicionado por un entramado de fronteras burocráticas y simbólicas. Sus logros no producen reconocimiento estable; son continuamente puestos a prueba, exigiendo nuevas muestras de legitimidad y nuevas formas de ocultamiento.

Entre los académicos que pasaron por la cárcel, Tomás resultaba atípico en su narrativa del encierro. Más que enfatizar la violencia cotidiana, describía la prisión como una injusticia personal y un espacio de preparación para la liberación. Este encuadre no es excepcional: como documentan Samuel R. Gross et al. (2022), personas racializadas y etiquetadas como gang members son frecuentemente condenadas sobre bases probatorias endebles. En su relato, la prisión aparece menos como un lugar de expiación que como un espacio de reorientación biográfica, donde el estudio y la enseñanza funcionaron como tácticas para reabrir el tiempo en condiciones punitivas. José, en cambio, veía la educación como un medio estratégico de movilidad, aunque no siempre con entusiasmo. En prisión obtuvo su ged, pero jamás aspiró a un título universitario hasta que regresó a México. Recordaba con claridad: “Estaba trabajando en logística allá en Centro Sur, y todos ahí hablaban de la universidad, ¿sabes? Yo no sabía nada de eso, así que decidí inscribirme. Sí, pensé que mejor hacía algo. Tenía el tiempo y, supongo, también el apoyo. Eso es lo que más significa: tener ese apoyo”.

La motivación de José no provenía de una vocación académica, sino del contagio social: al rodearse de pares que sí se beneficiaban de la universidad, comenzó a verla como un camino viable. Además, su regreso estuvo marcado por privilegios estructurales: vivienda gratuita en Guadalajara, una casa semiconstruida que ocupaba media cuadra –lujo inalcanzable para la mayoría– y un apoyo mensual de 500 dólares enviado por su familia en Estados Unidos. Ese soporte financiero le permitió estudiar sin la presión de múltiples empleos. Para 2018 ya estaba en la universidad estudiando negocios internacionales, campo en el que además trabajaba directamente en logística: “loads for tesla and Mercedes, Nissan, Ford, Walmart”. Su aspiración era clara: convertirse en gerente.

Extractivismo translacional y local en los negocios y la academia

El caso de Luis muestra que la mutilación biográfica no se limita a la exclusión administrativa, sino que organiza los circuitos cotidianos de supervivencia tras la deportación. Al llegar a prisión en México, comenzó a organizar a otros deportados de California mediante rutinas corporales aprendidas en cárceles estadounidenses. Esa disciplina –leída por él como orden y autocontrol– fue interpretada por las autoridades del autogobierno como una amenaza. No inquietaba la violencia, sino la capacidad de esa praxis chola para producir lealtad y cohesión. Por atraer a otros internos, Luis fue castigado, golpeado y enviado a confinamiento solitario durante un año. Su testimonio es elocuente: “They rounded all of us up… If you are gonna kill someone, just kill me and get over with it”.

La sanción no buscó corregir conductas, sino desactivar una forma alternativa de autoridad. En California, el cuerpo funciona como arma; en el sistema penitenciario mexicano, en el que el poder armado pertenece a otros actores, lo intolerable es la hegemonía cultural. La deportación no borra esa cultura: la vuelve peligrosa. Aquí, la mutilación biográfica opera como una desposesión selectiva de saberes incorporados que, en otro contexto, habían permitido sobrevivir.

Tras el aislamiento, a Luis se le permitió circular bajo una condición precisa: no organizar, sino enseñar inglés. Durante doce horas diarias impartió clases sin salario, a cambio de alimento, protección relativa y reconocimiento simbólico. La enseñanza funcionó como dispositivo de regulación: canalizaba el tiempo, producía orden y contenía la agencia dentro de márgenes aceptables. El conocimiento no era un derecho ni un capital, sino un mecanismo de gobierno tolerado. Al salir de prisión en sus cuarentas, Luis no buscaba “rehacer su vida”, sino sostener un ethos punitivamente producido, en el que el saber operaba a la vez como refugio y límite.

Ese ethos continuó fuera de la prisión mediante una infraestructura mínima: Facebook. Un mensaje lo conectó con un homie deportado que trabajaba en un centro de atención telefónica (call center) en Guadalajara. No fue una recomendación laboral, sino una señal de legibilidad. El centro de atención telefónica aparece como un espacio ambivalente: ofrece salario y protección frente al cártel y la informalidad extrema, pero bajo vigilancia constante y alta reemplazabilidad. Opera como un régimen de soberanía graduada (Ong, 1999): incorpora al retornado como fuerza de trabajo bilingüe mientras mantiene su pasado penal como amenaza latente. El mismo historial que lo vuelve empleable –el inglés aprendido en la calle y en prisión– justifica la posibilidad permanente de exclusión mediante verificaciones de antecedentes.

Antes de cualquier aspiración educativa, Luis tuvo que volverse administrativamente legible. Al llegar a Guadalajara se instaló en una casa de vida para homies para ordenar su expediente: actas, certificados, sellos. La biografía quedó de nuevo en suspensión, subordinada al ritmo del papel. La educación superior apareció así no como derecho, sino como promesa condicional, dependiente de la traducción documental del pasado. Aquí se hace visible una continuidad estructural: la universidad no suspende el régimen punitivo, lo rearticula. No hay barrotes, pero hay filtros; no hay custodios, pero hay ventanillas. El ecosistema institucional que permite la supervivencia del retornado también lo mantiene contenido, disponible y reemplazable. La frontera no desaparece; se desplaza hacia espacios institucionales ordinarios.

Este espacio intermedio es también un terreno de extracción. Los circuitos de apoyo creados por los homies comenzaron a atraer a investigadores interesados menos en acompañar procesos que en capturar relatos. La frontera se desplazó una vez más: del archivo estatal al campo etnográfico, en el que la experiencia del retornado corre el riesgo de convertirse en materia prima académica. Esta lógica se reprodujo dentro de la universidad. En Jalisco, una iniciativa comunitaria para apoyar a migrantes retornados solo accedió a financiamiento cuando un académico con afiliación institucional actuó como intermediario ante la burocracia universitaria. Una vez obtenidos los recursos, el control se recentralizó. La autoridad no emanó del conocimiento situado ni del trabajo comunitario, sino de la firma autorizada y del acceso al presupuesto. Cuando los retornados intentaron recuperar agencia, sus trayectorias carcelarias –irrelevantes mientras resultaban funcionales– reaparecieron como marcas de riesgo. El pasado fue reactivado para disciplinar el presente (iteso, 2023; HomieLens, 2025).

Navegar el laberinto a la educación superior

El caso de Alberto muestra otra ruta. Desde lavar camiones en Guadalajara hasta conseguir empleo en un centro de atención telefónica, utilizó el inglés y la experiencia adquirida en prisión para abrirse camino. Como él mismo dijo: “No me importaba si tenía que vender naranjas en la calle, Chino; ya había terminado con ese estilo de vida”. El centro de atención telefónica no solo le dio ingresos; le permitió ahorrar para estudiar docencia y después enseñar en una escuela privada. La simultaneidad de trabajos –enseñar de día, atender llamadas de noche– configuró un modelo de acumulación precarizada pero estratégica. Sin embargo, aquí emergió otra frontera burocrática: cuando intentó certificar su formación docente con el icelt de Cambridge, los cambios del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval) invalidaron su esfuerzo. Lo que durante más de un año representó estudio, inversión y disciplina se convirtió, en sus palabras, en “una pérdida de tiempo”. Una vez más, la maquinaria burocrática se imponía sobre los saberes callejeros y carcelarios, obligándolo a comenzar de nuevo.

Israel ofrece una tercera variante de navegación fronteriza. Su ingreso a un centro de rehabilitación ocurrió inicialmente como estrategia de resguardo frente a la persecución policial. Sin embargo, en ese espacio emergió un nuevo campo de acción: rodeado de otros deportados con depresión y adicciones, Israel movilizó una forma de conocimiento encarnado que le permitió leer, acompañar y contener experiencias de sufrimiento compartido. “Creo que la conducta destructiva es conducta destructiva, y creo que el consumo de drogas no es más que una forma de escapar de aquello que se está sufriendo”. Esta capacidad de hablar desde la experiencia –desde la violencia vivida y el rechazo acumulado– lo posicionó rápidamente como una figura de liderazgo dentro del centro. Aquí, la frontera volvió a funcionar como recurso. Sin credenciales formales, Israel se transformó en consejero reconocido, viajó a Medellín para capacitarse y convirtió lo que él mismo llamaba “educación del barrio” en una credencial práctica. La paradoja es clara: las mismas trayectorias de ilegalidad, encierro y deportación que habían producido su exclusión institucional se convirtieron en la fuente de su legitimidad profesional.

La trayectoria de Israel no constituye una “reinvención”, sino una forma de contrabando epistemológico. Al circular saberes sobre adicción, disciplina y supervivencia entre Colombia y México, Israel, además de adquirir credenciales, validó un tipo de conocimiento que la academia suele desestimar. Su ingreso posterior a una maestría en Navarra no fue el resultado de una inclusión burocrática ordinaria, sino de la capitalización del estigma: la transformación de una biografía marcada por el pandillerismo, la prisión y la deportación en un activo académico certificable. En este proceso, Israel forzó a la institución a reconocer un “conocimiento sucio” (lived experience) que los rituales burocráticos suelen excluir o purificar (Herzfeld, 2020).

No obstante, este reconocimiento fue profundamente contingente. Tras el colapso del financiamiento que sostenía los centros de rehabilitación, Israel fue desplazado nuevamente hacia formas de trabajo precarizado, esta vez en el sector de los centros de atención telefónica. Este retorno no debe leerse como un fracaso individual, sino como un indicador de la fragilidad estructural de la inclusión institucional. La trayectoria de Israel muestra que la aceptación del conocimiento encarnado es siempre reversible: puede ser celebrado cuando resulta funcional, pero rápidamente desechado cuando deja de serlo.

El caso de Jesús expone una frontera más sutil y letal: la del silencio institucional. Fue el único que logró hackear el ingreso a la Universidad de Guadalajara, convirtiendo la repetición forzada de la preparatoria en una ventaja táctica. Su puntaje de 99.9% en el bachillerato y los 175 puntos en el examen no fueron un triunfo del sistema, sino un error en la matriz: un sujeto “indeseable” se coló en la élite académica por puro mérito intelectual. Sin embargo, su expulsión no requirió que nadie conociera sus tatuajes ni su historial de deportación. La universidad pública mexicana opera bajo una ceguera estatutaria: al tratar a todos los estudiantes como “iguales” –asumiendo que todos tienen el respaldo económico y familiar para ser estudiantes de tiempo completo– ejerce una violencia invisible. A diferencia de los contextos donde existen (aunque sea defectuosamente) acciones afirmativas o soportes para minorías, aquí impera un darwinismo administrativo.

La estructura universitaria no necesitó discriminar activamente a Jesús; simplemente le aplicó la “igualdad” de un horario incompatible con la supervivencia. La falta de flexibilidad institucional funcionó como un filtro de clase automatizado. El sistema absorbió su estadística de ingreso (validando su propia retórica de apertura), pero su rigidez burocrática asfixió al sujeto real. Jesús no “desertó” por falta de capacidad; fue purgado por la economía. Su salida demuestra que, en la universidad pública, el derecho a la educación sigue estando hipotecado al privilegio de no tener que trabajar para comer.

Discusión: la anatomía del estado depredador

Es necesario abandonar la explicación cómoda de la “ineficiencia administrativa”. El laberinto burocrático que enfrentan los homies deportados no es un fallo técnico del Estado mexicano, sino una forma específica de gobierno. El rechazo de una inscripción escolar o la dilación indefinida de la validación de identidad no protegen estándares académicos; prolongan, por medios administrativos, una lógica punitiva ya desplegada en el school-to-prison-to-deportation pipeline. Lo que este estudio documenta no son simples barreras de acceso, sino el funcionamiento cotidiano de un proceso de mutilación biográfica que se ejerce en tiempo presente.

Esta lógica opera de manera selectiva. El Estado incorpora al sujeto allí donde resulta funcional –por ejemplo, como fuerza de trabajo bilingüe en sectores precarizados como los centros de atención telefónica–, pero suspende su reconocimiento cuando se trata de su historia educativa, su agencia política o su proyección intelectual. El trámite no apunta a la reinserción, sino a la contención. La ventanilla escolar funciona menos como una puerta de entrada que como un punto de filtraje donde el castigo se reconfigura y se externaliza bajo lenguajes administrativos.

Las trayectorias de Alberto, Israel y Jesús no deben leerse como experiencias individuales de frustración, sino como expresiones de un patrón estructural. Aquí, la “intimidad burocrática” descrita por Herzfeld (2020) adquiere una forma radicalizada: no se trata únicamente del rechazo estatal, es también una desnacionalización de facto ejecutada a través de documentos, sellos y silencios. El diploma no reconocido o el requisito imposible no son errores menores; funcionan como tecnologías de suspensión vital que interrumpen la continuidad temporal de la biografía y fijan al sujeto en una espera indefinida.

Al invalidar credenciales, el Estado invalida pasados. Los retornados quedan atrapados en una ciudadanía precaria: formalmente mexicanos, pero tratados como ajenos en la práctica. Como señalan Mezzadra y Neil-son (2013), la frontera deja de ser un límite territorial para convertirse en una práctica difusa que se reproduce en espacios ordinarios como el aula o la oficina pública, delimitando quién puede proyectarse como sujeto pensante y quién debe limitarse a obedecer. Desde esta perspectiva, la llamada “inclusión educativa” revela su contradicción central. Con base en una retórica meritocrática, el sistema universitario opera como un mecanismo de selección social que reproduce la exclusión (Gleeson y Gonzales, 2012). Instrumentos como el Acuerdo 286 no funcionan como puentes universales, sino como filtros que solo atraviesan quienes ya cuentan con capital legal, social o institucional previo.

La tensión más aguda emerge cuando el homie intenta desplazarse del lugar de objeto de intervención –el deportado, el pandillero, la víctima– al de productor de conocimiento. En ese cruce, la discrecionalidad burocrática se activa como mecanismo defensivo. El bloqueo no responde únicamente a la ausencia de documentos, sino a la amenaza que ciertas presencias representan para las jerarquías epistémicas que estructuran la institución académica.

A diferencia de la narrativa Dreamer en Estados Unidos –articulada en torno a la inocencia, el mérito y la petición de inclusión–, los homies retornados no negocian su lugar en términos morales. No solicitan redención ni reconocimiento pleno. Más bien, desarrollan respuestas pragmáticas, fragmentarias y desiguales frente a un entorno institucional hostil. Estas prácticas no constituyen una superación del régimen punitivo, sino modos de subsistencia en condiciones de mutilación biográfica persistente. Esta generación no aspira a integrarse sin fricción a una noción normativa de mexicanidad que la rechaza. Habita una liminalidad estructural (Menjívar, 2006) en la que las formas de vida se reorganizan en los intersticios del orden institucional. El estigma no desaparece; es reconfigurado. La experiencia del encierro no se redime; es tolerada en la medida en que resulta funcional. No se trata solo de reinserción, es la recomposición en condiciones impuestas.

Conclusión: la pluma como herramienta

Lo que se disputa en la ventanilla de servicios escolares no es solo la validación de un certificado, sino el sentido mismo de la ciudadanía en el México contemporáneo. La burocracia aparece aquí no como un aparato neutral, ya que consiste en un dispositivo que clasifica trayectorias, jerarquiza pertenencias y administra el valor del pasado. Este dispositivo, sin embargo, no produce silencio absoluto. Como señaló Luis, “tenemos que pelear con la pluma, no con la espada”. Esta afirmación no remite a una reconciliación con el sistema, sino a una lectura lúcida de sus reglas: acceder a la universidad no implica legitimar el orden institucional, sino exponerse a sus límites y tensiones desde dentro.

El llamado “sueño americano en México” al que alude Israel no expresa una aspiración, se trata de una ironía política. Revela que la pertenencia no se concede; se administra de manera diferencial. Los homies retornados encarnan una de las fallas centrales del Estado-nación contemporáneo: la posibilidad de persistir como sujetos políticos aun cuando las instituciones insisten en tratarlos como excedentes. En ese sentido, la educación deja de ser una promesa de movilidad y se convierte en una forma precaria de defensa biográfica, siempre condicionada, siempre reversible.

Bibliografía

Anderson, Jill y Nin Solís (2014). Los otros dreamers. Ciudad de México: Autopublicado/Offset Santiago.

Brotherton, David y Luis Barrios (2011). Banished to the Homeland: Dominican Deportees and Their Stories of Exile. Nueva York: Columbia University Press.

DeChaine, D. Robert (ed.) (2012). Border Rhetorics: Citizenship and Identity on the us-Mexico Frontier. Tuscaloosa: University of Alabama Press

Garrido de la Calleja, Sandra y Jill Anderson (2018). “Reconocimiento de estudios en México: una mirada crítica al Acuerdo 286”, Revista Mexicana de Investigación Educativa, vol. 23, núm. 76, pp. 441-468.

Gleeson, Shannon y Roberto G. Gonzales (2012). “When Do Papers Matter? An Institutional Analysis of Undocumented Life in the United States”, International Migration, vol. 50, núm. 4, pp. 1-19.

Golash-Boza, Tanya (2016). Deported: Immigrant Policing, Disposable Labor, and Global Capitalism. Nueva York: nyu Press.

Gross, Samuel R., Maurice Possley y Klara Stephens (2022). Race and Wrongful Convictions in the United States 2022. Ann Arbor: National Registry of Exonerations.

Herzfeld, Michael (2020). The Social Production of Indifference: Exploring the Symbolic Roots of Western Bureaucracy. Chicago: University of Chicago Press.

HomieLens (2025, marzo 6). Chicano Fest 2025. https://www.youtube.com/watch?v=LIUupoNtbl0

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (iteso)-Universidad Jesuita de Guadalajara (2023, mayo 5). Encuentro sobre Movilidad Humana y Desplazamientos Forzados. https://www.youtube.com/watch?v=TAHVU95tenw

Jacobo-Suárez, Mónica y Nuty Cárdenas Alaminos (2017). “Back on Your Own: migración de retorno y la respuesta del gobierno federal en México”, Migraciones Internacionales, vol. ii, enero-diciembre.

Johnson, Kevin R. (2012). “The Importance of Student Activism and Immigrant Rights”, en Michael A. Olivas (ed.). No Undocumented Child Left Behind: Plyler v. Doe and the Education of Undocumented Schoolchildren. Nueva York: nyu Press, pp. 33-48.

Menjívar, Cecilia (2006). “Liminal Legality: Salvadoran and Guatemalan Immigrants’ Lives in the United States”, American Journal of Sociology, vol. 111, núm. 4, pp. 999-1037.

Mezzadra, Sandro y Brett Neilson (2013). Border as Method, or the Multiplication of Labor. Durham: Duke University Press.

Nicholls, Walter (2013). The Dreamers: How the Undocumented Youth Movement Transformed the Immigrant Rights Debate. Stanford: Stanford University Press.

Ong, Aihwa (1999). Flexible Citizenship: The Cultural Logics of Transnationality. Durham: Duke University Press.

Reuters (2021, julio 24). “China Bans For-Profit School Tutoring in Sweeping Overhaul. Reuters. 

Rios, Victor M. (2011). Punished: Policing the Lives of Black and Latino Boys. Nueva York: nyu Press.

Smith, Dorothy E. y Alison I. Griffith (2022). Simply Institutional Ethnography: Creating a Sociology for People. Toronto: University of Toronto Press.

Villegas, Francisco J. (2010). “Strategic In/Visibility and Undocumented Migrants”, en Ali A. Abdi y George S. Richardson (eds.). Decolonizing Democratic Education: Trans-disciplinary Dialogues. Nueva York: Peter Lang, pp. 147-170.

Wacquant, Loïc (2009). Punishing the Poor: The Neoliberal Government of Social Insecurity. Durham: Duke University Press.

Young, Jock (2007). The Vertigo of Late Modernity. Londres: Sage.

Yuval-Davis, Nira, Georgie Wemyss y Kathryn Cassidy (2019). Bordering. Cambridge: Polity Press.

Zepeda, Ricardo y Ryan Flaco Rising (2023). Organic Leadership and the Formation of the Underground Scholars. Guadalajara: Prometeo Editores, pp. 71-91.

Ricardo Alfonso Zepeda Orozco es investigador en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (cucsh) de la Universidad de Guadalajara. Su trabajo examina la migración, la educación superior y el encarcelamiento a través de la frontera entre Estados Unidos y México desde una perspectiva decolonial y autoetnográfica. A partir de su propia experiencia como académico transfronterizo marcada por la deportación, la organización comunitaria y la lucha colectiva, su investigación reimagina la educación como un espacio de pertenencia, resistencia y liberación. Zepeda es miembro fundador de la Alianza por la Movilidad Humana en Jalisco y coorganizador del Tercer Encuentro Internacional Educación, Migración y Criminología, con el lema “Puentes, no fronteras: un llamado binacional a la acción”. Su proyecto actual, Iniciativa Transnacional para el Acceso a la Educación Superior de Personas Privadas y Ex Privadas de Libertad, impulsa colaboraciones binacionales para ampliar el acceso a la educación superior de personas encarceladas y deportadas en México.