Sumário

Este artículo analiza los homicidios de sacerdotes en México (1993-2024) documentados por el Centro Católico Multimedial (ccm) y los pone en perspectiva histórica con los ocurridos durante la guerra cristera (1914-1938), según datos de Juan González Morfín. Busca contextualizar la violencia actual frente a la histórica, con el propósito de mostrar diferencias en magnitud, distribución y motivaciones. Mientras la guerra cristera implicó persecución religiosa y conflicto Iglesia-Estado, la violencia contemporánea obedece a dinámicas del crimen organizado y políticas de seguridad fallidas. Hoy, los sacerdotes actúan como estabilizadores sociales en zonas de conflicto. El análisis se apoya en tres conceptos: desencantamiento del mundo (Max Weber), necropolítica (Achille Mbembe) y gobernanza criminal (Benjamin Lessing).

Palavras-chave: asesinatos, crimen organizado, México, sacerdotes, violência

echoes of the cristero war? necropolitics and priestly martyrdom in twenty-first-century mexico

This article examines the killings of Catholic priests in Mexico between 1993 and 2024, drawing on cases documented by the Centro Católico Multimedial (ccm). Using data compiled by Juan González Morfín, it situates them historically in relation to those that took place during the Cristero War (1914-1938). The aim is to contextualize present-day violence against clergy in relation to past violence, in order to highlight differences in scale, spatial distribution, and underlying motivations. While the Cristero War was marked by religious persecution and open Church-state conflict, contemporary violence is driven by the dynamics of organized crime and the failure of state security policies. Today, priests help stabilize social life in conflict zones. The analysis engages three key conceptual lenses: the disenchantment of the world (Max Weber), necropolitics (Achille Mbembe), and criminal governance (Benjamin Lessing).

Keywords: priests, Mexico, killings, violence, organized crime.

La historia no se repite, pero rima
Mark Twain

El día 21 de junio de 2022, México amaneció con una noticia que provocó la indignación de muchos en el país y produjo una disrupción en torno a la aceptación de la violencia imperante. El día anterior habían sido asesinados en el templo de Cerocahui, Chihuahua, los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar, así como el guía turístico Pedro Palma Gutiérrez. Los jesuitas habían dedicado su vida a la sierra tarahumara y al acompañamiento espiritual de los rarámuris. Fueron asesinados por José Noriel Portillo Gil, alias el “Chueco”, líder del grupo criminal Gente Nueva y jefe de zona del Cártel de Sinaloa en el municipio de Urique. Este hecho, más allá del horror y la conmoción que provocó, ha sido también un ejemplo de impunidad. El “Chueco” no fue aprehendido por la justicia, sino que fue encontrado muerto en los territorios de sus jefes, en Choix, Sinaloa.

Estos asesinatos, perpetrados por el crimen organizado fragmentado, son un eco macabro del asesinato de otro sacerdote jesuita, Miguel Agustín Pro, quien el 23 de noviembre de 1927 fue ejecutado sin juicio previo por un pelotón en la comandancia de la policía del Departamento del Distrito Federal en la capital de México. Esta ejecución extrajudicial representó una disrupción mayor en el marco de la guerra civil que se libraba en esta época: el conflicto cristero. Este conflicto abierto entre el Estado y la Iglesia católica mexicana fue el más mortífero del siglo xx en el país. Lo que sería un ejemplo de fuerza por parte del Estado mexicano se convirtió en uno de los casos de martirio más impactante a nivel global y una muestra de la situación de violencia que se vivía en el México posrevolucionario.

Casi un siglo después, el asesinato de los dos jesuitas en el norte del país vuelve a poner en la mira pública los niveles de violencia que se están viviendo en todo el territorio. Como expresó la provincia de la Compañía de Jesús en México: la muerte de los sacerdotes no vale más que la de otros; sin embargo, visibilizó un fenómeno que parecía tener en letargo a la sociedad mexicana. Desde 2007, México ha sido uno de los países más violentos para quienes ejercen la vocación sacerdotal. La muerte violenta, las ejecuciones extrajudiciales, los crímenes de odio, el cobro de piso son parte de la cotidianidad que se vive en varias regiones del país, y los sacerdotes no son exentos de ello.

Existen al menos dos periodos disruptivos en los que un número considerable de sacerdotes fue asesinado en México. El primero comenzó durante la Revolución mexicana (17 sacerdotes entre 1914 y 1918), continuó durante las dos guerras cristeras: entre 1926 y 1929 (96), así como entre 1930 y 1938 (19). En total, en esos años, al menos 131 integrantes del clero regular y secular fueron asesinados. El contexto era el de una guerra civil, inesperada y disruptiva.

El segundo periodo de asesinatos inició hace más de 30 años. De 1993 hasta la fecha, el Centro Católico Multimedial (ccm) ha registrado más de 80 asesinatos de ministros, misioneros, religiosas y religiosos católicos. Si bien es difícil establecer que en los años noventa México ya era una región en disputa, la política del presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (2006-2012) para combatir el crimen organizado transformó al país en una zona de conflicto.

Este artículo propone poner en perspectiva histórica los datos de homicidios contra el clero regular y secular en México, compilados por el ccm para el periodo 1988-2024, junto con los datos reunidos por Juan González Morfín entre 1914 y 1938. Los ejes de análisis serán los conceptos de desencantamiento del mundo de Max Weber, de necropolítica de Achille Mbembe y de gobernanza criminal de Benjamin Lessing.

Weber explica cómo, en el mundo moderno, lo religioso ya no forma parte de la vida pública. Ya no hay fuerzas misteriosas y la racionalización ha contribuido a la secularización del mundo. Mbembe, por su parte, plantea que la soberanía reside en el poder y la capacidad de decidir quién puede vivir y quién debe morir. Finalmente, Lessing sostiene que el orden básico está proporcionado por organizaciones criminales y que los leviatanes delictivos coinciden con el Estado para gobernar sobre los territorios, recursos y poblaciones. La intención de este artículo es plantear las diferencias entre esos dos periodos de “martirio católico” y mostrar, si es que existen, las continuidades históricas en las dinámicas de violencia.

El artículo se divide en dos apartados. El primero, “De una disrupción a la otra”, plantea el escenario general en el que se producen los homicidios de los sacerdotes. Se analizará un conflicto religioso de baja intensidad para el periodo de 1914 y 1938, marcado por un conflicto de alta intensidad durante las dos guerras cristeras. En el segundo apartado, “Del perpetrador Estado al perpetrador crimen organizado fragmentado”, se presentarán los datos duros en torno al asesinato de sacerdotes, para situarlos en tiempo y espacio en la guerra contra el narcotráfico.

De una disrupción a la otra

Entre 1914 y 1938, fueron asesinados en México aproximadamente 131 sacerdotes, la gran mayoría entre 1926 y 1929 (96). Si bien estas cifras son muy superiores a los homicidios contra sacerdotes perpetrados entre 1991 y 2024, es fundamental entender cómo los contextos de ambos fenómenos se desarrollan en periodos disruptivos, marcados por transiciones políticas relevantes y conflictos nacionales: la Revolución, las guerras cristeras para los asesinatos de principio de siglo xx, así como la transición democrática y la guerra contra las drogas para el segundo fenómeno. Aunque los contextos son muy diferentes, es importante resaltar algunas continuidades que permiten entender las dinámicas de la violencia y los posibles caminos hacia la pacificación y la reconstrucción del tejido social tras conflictos que podrían parecer insuperables. No se debe olvidar que la guerra es también un medio para establecer la soberanía (Mbembe, 2011: 21). El estado de excepción y el estado de sitio favorecen procesos extrajudiciales o justifican, como en el caso de México, la intervención del ejército en tareas de seguridad que no le corresponden en una república representativa, democrática y federal, tal y como lo señala el artículo 34 de la Constitución de 1917.1

Los dos conflictos cristeros (1926-1929/1931-1938)

La Revolución mexicana tuvo un impacto social, cultural, económico y político. Un aspecto menos estudiado ha sido el impacto religioso. Si entendemos el proceso revolucionario como uno de mediana duración, es posible insertar la violencia ejercida contra sacerdotes católicos en un marco temporal mayor al que normalmente se considera para analizar el impacto religioso de este proceso. Con base en las aportaciones de Jean Meyer ([1973], 2005)2 o Alicia Olivera Sedano (1966), algunos estudiosos limitan el conflicto religioso a su etapa de alta intensidad entre 1926 y 1929 (Blancarte, 1992; Valvo, 2023). En este artículo se prefiere seguir al historiador Juan González Morfín y situar este conflicto en un marco temporal de mediana duración, que empieza en 1914 y termina en 1938 (González Morfín, 2009, 2010).

El 70% de los homicidios ocurrió durante el primer conflicto cristero; sin embargo, el rol jugado por algunos sacerdotes y sus posturas sociales y políticas3 fueron vistas como un obstáculo para los poderes locales o estatales, que, apoyados por el ejército, optaron por eliminarlos vía fusilamientos someros, sin juicio previo. Esos crímenes, cometidos desde el Estado, han sido conceptualizados como ejecuciones extrajudiciales (Cruz y Kloppe-Santamaría, 2019; Kloppe-Santamaría, 2023; Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico, ibero, Ciudad de México, 2024; Allier Montaño, 2024). En las postrimerías de los años veinte se muestran con claridad la lucha por el poder y el control de las masas ejercido por las dos fuerzas políticas dominantes de México: la Iglesia católica y el Estado moderno revolucionario. Es importante poner este primer fenómeno disruptivo de asesinatos de sacerdotes en México en su contexto.

Las fechas claves que enmarcan este estudio y llevan al lector a un recorrido cronológico son 1911 y 1938. En 1911 se fundó el Partido Católico Nacional y durante el periodo de la escisión revolucionaria (1914-1918) se dio un primer momento de persecución religiosa. Entre 1918 y hasta 1926 –momento en que se decidió suspender el culto– se podía caracterizar al conflicto entre Estado e Iglesia como uno de baja intensidad. El segundo periodo es el de 1926 a 1929, conocido como el primer conflicto cristero. El clero católico ofreció un apoyo abierto y un acompañamiento espiritual a quienes optaron por la defensa armada. Los acuerdos religiosos que se concretaron en junio de 1929 no solucionaron los problemas de fondo, pero cambiaron las relaciones entre la Iglesia católica institucional y el Estado. Dichos arreglos fueron el resultado no solo de negociaciones en México, sino también de acciones diplomáticas conjuntas del Vaticano, Chile, Francia y Estados Unidos de América. Los arreglos resolvieron, momentánea y parcialmente, el conflicto religioso en México, aunque no fueron una solución duradera; de ahí que historiadores como el franco-mexicano Jean Meyer hablan del concepto de “modus moriendi" (Meyer [1973], 2005: 344; Guerra Manzo, 2009), en lugar del acomodo entre el Estado y la Iglesia católica. Varios católicos vivieron el proceso como la renuncia a una alternativa real católica frente al Estado revolucionario mexicano.

Después de 1929 las instrucciones pastorales cambiaron y los grupos cristeros se sintieron abandonados por sus pastores. Con la llegada al poder de Lázaro Cárdenas en 1934, la élite clerical esperaba mejorar su relación con el Estado y no fue así. La implementación de la educación socialista y sexual en ese año fue un tema de quiebre entre ambas instituciones. Así pues, el conflicto a nivel nacional se extendió hasta finales de 1937 y principios de 1938, a pesar de que la Iglesia institucional dejó de aportar un apoyo abierto a los cristeros, cuya resistencia duró hasta muy avanzada la década. No fue sino hasta la segunda mitad del sexenio de Lázaro Cárdenas que se pudo apreciar un giro en la relación entre el Estado mexicano y la Iglesia católica en México. Las nominaciones del nuevo arzobispo de Guadalajara, en 1936, en la persona de José Garibi y Rivera y del arzobispo de México con Luis María Martínez y Rodríguez,4 en 1937, permitieron renovar los marcos de la institución eclesial. Su llegada significó un mejoramiento de las relaciones con el Estado y la creación de un modus vivendi real. La amnistía nacional ofrecida por el gobierno de Lázaro Cárdenas (que incluyó a los combatientes cristeros y grupos complotistas católicos) en diciembre de 1937 fue un signo claro de distensión.

Por su parte, la expropiación petrolera llevó a los obispos de las arquidiócesis de Guadalajara y de México a hacer un llamado público a la feligresía católica para sumarse al esfuerzo nacional y reconciliar la Iglesia y el Estado. Ambos prelados supieron aprovechar sus relaciones personales dentro de un contexto internacional favorable con la intención de alcanzar una solución duradera para el conflicto. El modus vivendi inició una tradición de simulación política, en la que los líderes de la Iglesia y del Estado pudieran asumirse como aliados, de manera explícita y abierta, sin modificar el marco legal existente, solo dejando de aplicarlo.

El conflicto religioso en México es complejo y rebasa la lógica nacional. Tuvo repercusiones importantes en la Santa Sede y en Estados Unidos. En este último país hubo actores que apoyaron al Estado y otros que respaldaron a los cristeros (Redinger, 2005; Meyer, 2014; Young, 2015; Foulard, Butler y Solis, 2020; Valvo, 2023). Para muchos, las motivaciones no eran solamente religiosas, sino que existían móviles comerciales y financieros de peso para buscar una solución al conflicto (Meyer, 2014: 79-215). Para simplificar un tema complejo, se puede decir que existían al menos tres grandes grupos de presión que querían la pacificación de México. El primero era animado por las empresas petroleras y los dueños de tierras y haciendas que sentían que la Revolución mexicana no les había hecho justicia y apoyaban la resistencia armada para debilitar el Estado mexicano. El segundo tenía que ver con los pagos de la deuda nacional, ya que para que se reanudaran los pagos se requería de estabilidad política y social en México; es decir, para que el gobierno de México les pagara a los bancos era necesario que la defensa armada no amenazara regiones económicamente dinámicas. Finalmente, el tercero estaba vinculado con el tema religioso en sí. México era visto en esa época como una tierra de mártires. La resolución del conflicto religioso estaba asociada con asuntos internacionales y el papel de los Estados Unidos sería preponderante. Las cuestiones petrolera y minera estuvieron siempre muy vinculadas con el asunto religioso.5

Es conveniente preguntarse por qué los obispos no actuaron con la radicalidad de 1926, a pesar de que entre 1934 y 1935 –durante una situación igual de crítica– no suspendieron el ejercicio del culto. A pesar de que desde 1930 ciertos “cristeros” retomaron las armas para luchar contra el Estado anticlerical, anticatólico, que no había respetado el espíritu de los arreglos de 1929, los obispos mexicanos nunca dieron su bendición oficial y pública a los luchadores católicos.⁶ Ello se debe en gran parte a la postura del papa que privilegió en México la atención pastoral sobre el poder temporal de la Iglesia. Los obispos optaron, con el apoyo de la Santa Sede, por la vía pacífica y para ello crearon la Acción Católica (Aspe Armella, 2008: 104).

La guerra contra el narco (2007-2023)

El segundo momento de disrupciones inicia con el asesinato de alto impacto del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en 1993. Este caso mediático y complejo es uno de los más estudiados, aunque sigue sin ser judicialmente un caso cerrado (González, 1996; Díaz Aranda, 2005; Astorga, 2016; Petersen Farah, 2017). Sin embargo, el aumento real de los casos se produce a partir de 2007 cuando la guerra declarada al narcotráfico genera una disrupción mayor que tuvo implicaciones dramáticas a nivel económico, social, cultural y religioso. El impacto se dio no solo en el mundo católico, sino también en el evangélico y en otros grupos cristianos. Este fenómeno, que tiene sus peculiaridades, se enmarca en uno mayor de violencia generalizada.

El cambio de política pública frente al crimen organizado fragmentado por parte del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa provocó un aumento de la violencia. Entre los múltiples estudios hechos sobre la cuestión, Raúl Zepeda Gil propone un repaso de la literatura existente para explicar su incremento. En “Siete tesis explicativas sobre el aumento de la violencia en México” (Zepeda Gil, 2018) reflexiona sobre las numerosas interpretaciones del crecimiento drástico de los homicidios, desapariciones y desplazamiento forzados en México a partir de 2007, tras una época en la que esos indicadores iban en claro descenso. Las principales explicaciones incluyen 1) la acción gubernamental, 2) el conflicto criminal, 3) la descoordinación intergubernamental, 4) la debilidad estatal, 5) la influencia externa, 6) el trasfondo socioeconómico y 7) la guerra criminal contra el Estado (Zepeda Gil, 2018).

La declaración de guerra fue contra el narcotráfico, uno de los negocios más visibles del crimen organizado fragmentado en México, pero no el único, ni el más redituable (Dammert y Sampó, 2025). El politólogo y filósofo político Felipe Curcó Cobos insiste en La guerra perdida: dos ensayos críticos sobre la política de combate al crimen organizado 2006-2010 (2010) que el crimen organizado fragmentado es mucho más que el narcotráfico y que no se debe limitar su rango de acción a la compra, venta, producción y transporte de drogas. Es importante poner en perspectiva histórica el momento que se está viviendo en relación con el tráfico de drogas ilegales, como lo hace precisamente el sociólogo Luis Astorga en su obra ya clásica, El siglo de las drogas (2016).

En 2022, la revista Istor del Centro de Investigación y Docencia Económica (cide) dedicó su número 86 a “Pensar la guerra en México”. Este número, a cargo de Alexis Herrera, refleja el trabajo realizado desde 2016 por el Programa de Política de Drogas (ppd) del propio cide.7 Existen al menos cuatro proyectos que analizan datos en torno a la violencia generada por el ejército o el crimen organizado fragmentado en el marco del conflicto entre el Estado y los diferentes grupos criminales en México. El ppd ha puesto parte de los datos a disposición del público a través de la Plataforma de Proyección de Datos Abiertos. Otra iniciativa es la del Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México. Una tercera es una propuesta transnacional liderada por la doctora Cecilia Farfán-Méndez y el doctor Michael Lettieri, llamada Mexico Violence Resource Project. La última es el Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, que ha sido uno de los pocos en abordar la cuestión religiosa en torno al fenómeno y que apoyó la realización en 2022 de un diagnóstico en la zona de influencia de la diócesis de Valle de Chalco con un enfoque especial en temas de salud, economía, seguridad ciudadana, así como en las dinámicas de desigualdad y violencia en el ámbito familiar (“Para reconstruir la esperanza”, ibero, Ciudad de México, 2022).

Sin importar si se habla de la guerra contra el narco (Calderón Hinojosa), la guerra no declarada contra el narco (Enrique Peña Nieto) o la política de “Abrazos, no balazos” (Andrés Manuel López Obrador), la violencia en México, en aumento desde 2007, ha sido un elemento disruptivo que ha impactado.

La retórica de guerra adoptada inicialmente por el presidente de la República [Felipe Calderón Hinojosa] fue acompañada por la decisión de recurrir al instrumento militar para realizar tareas que son ajenas a la misión de defensa que constitucionalmente le corresponde a las Fuerzas Armadas Mexicanas. Lo que ha sucedido desde entonces resulta inquietante: de algún modo, el ejercicio de la violencia ha rebasado la capacidad de nombrar la naturaleza del escenario de seguridad mexicano. Por lo demás, el despliegue de las tropas sobre el terreno también ha borrado las fronteras que deberían separar al orden penal de aquello que corresponde a los ámbitos de la seguridad nacional y la defensa. En los hechos, muchos de los patrones de abuso e impunidad que hoy resultan tan preocupantes en México se han gestado a la sombra de esa ambigüedad creciente (Herrera, 2021: 9-10).

En torno a la violencia religiosa existen al menos tres iniciativas que miden y analizan los diferentes tipos de violencia: la base de datos de incidentes compilada por el Observatorio de Libertad Religiosa y el Instituto Internacional para la Libertad Religiosa (olire), la organización Puertas Abiertas y finalmente el Centro Católico Multimedial.

Dos escenarios de violencia generalizada

Al poner en perspectiva histórica la violencia disruptiva de la guerra contra el narcotráfico con la violencia que ha surgido a raíz de las guerras cristeras se puede observar que, a lo largo de casi un siglo, existe la persistencia de prácticas como la desaparición forzada, la tortura y la ejecución extrajudicial de civiles desarmados, a diferencia de los cristeros quienes sí luchaban armados. Para algunos es una muestra “del naufragio moral e intelectual sobre el que ha descansado la política de seguridad y defensa del Estado mexicano en las últimas décadas” (Herrera, 2021: 14). No obstante, existen algunas diferencias mayores. En el conflicto cristero y la segunda, en el marco de una guerra civil, el principal perpetrador era el Estado. Como lo menciona el politólogo José Antonio Aguilar Rivera en su texto La guerra y la paz, a diferencia de lo que está pasando en la guerra contra el narco, cuya violencia no encuentra justificación, la “Revolución fue un fenómeno violento y disruptivo, aunque necesario, pero después de la fase armada el país se pacificó y la violencia, que había prevalecido en las décadas de conflicto armado, llegó a su fin” (Aguilar Rivera, 2021: 33). Sin embargo, en la guerra contra el narco la situación es más gris, pues el principal perpetrador es el crimen organizado fragmentado, integrado en la compleja situación de la gobernanza criminal y la necropolítica, en la que funcionarios, ejércitos y sicarios tienen relaciones y conexiones que vuelven complejo el análisis.

En este caso, el enemigo no es un ejército extranjero o un ejército insurgente, sino un mercado económico. Este mercado se encuentra conformado por cultivadores, traficantes y distribuidores individuales que buscan ganancias vendiendo drogas a ciudadanos estadounidenses. Estos individuos no se han unido para atacar a Estados Unidos o a sus aliados ni buscan destruirlos: están tratando de vender su producto a personas que quieren comprarlo (Bertram y Sharpe, 1996: 44). Todo ello obliga a romper con las visiones maniqueístas en la cual el Estado es el bueno y los sicarios de los grupos delincuentes, los malos. El Estado y el crimen organizado fragmentado conviven en una relación simbiótica, puesto que uno se nutre del otro a través de la corrupción. Por ello se debe tener cuidado de la construcción

de un argumento normativo crucial: el Estado, a pesar de ser corrupto y de participar en el narcotráfico, se entiende como una entidad que permite limitar la violencia y el desorden social […] A posteriori, el Estado priista se ve como un paradigma de regulación y represión de los actores ilegales, y da lugar a una concepción rígida de las relaciones político-criminales, entendidas nuevamente a partir de un juego de suma cero: donde el crimen se expande y el Estado se contrae y viceversa (Le Cour Grandmaison, 2021: 57).

Esta violencia rebasa las lógicas partidistas: ni el Partido Revolucionario Institucional (pri), ni el Partido Acción Nacional (pão), ni Morena han sido capaces de disminuir la escalada de violencia. El fin de la hegemonía partidista priista complejizó más la situación. Los grupos del crimen organizado fragmentado favorecieron acuerdos municipales y solo algunos grupos fueron capaces de negociar a nivel estatal y federal. Al mismo tiempo, los partidos en el poder favorecieron lógicas de apoyo partidistas, más que atender las necesidades locales y promover políticas públicas que le den prioridad al bien común. Ahora, es importante no confundir la presencia de grupos del crimen organizado fragmentado con violencia. Existen varios estados en los que la gobernanza criminal ha sido funcional y la ausencia de grupos rivales o el acuerdo con las autoridades ha generado un ambiente de paz social. “Los mercados ilícitos que están regulados y controlados por instituciones públicas de protección (state-sponsored institutions of protection) presentan bajos niveles de violencia” (Le Cour Grandmaison, 2021: 57). La violencia homicida, de acuerdo con Romain Le Cour Grandmaison, es el síntoma de al menos tres dinámicas:

1. La lucha para obtener la protección de las autoridades.
2. La guerra entre cárteles.
3. La represión ejercida por las múltiples fuerzas públicas involucradas en el combate a la delincuencia.

Durante la cristiada, el Estado definía con mayor facilidad al enemigo: era el cristero que defendía su fe con todos los recursos a su disposición; a él lo catalogaba como fanático. Hoy en día la situación es más compleja. Militares y políticos son a la vez socios y verdugos del crimen organizado, alineándose no solo con intereses nacionales, sino también con los de los Estados Unidos. Por ello es tan complicado entender las dinámicas de la violencia, y México parece estar en un ciclo de violencia perpetuo (Le Cour Grandmaison, 2021: 57). Las investigaciones de Gema Kloppe-Santamaría y Le Cour Grandmaison tienden a mostrar que la violencia es un recurso para el juego del poder. Es clave para establecer cuotas de poder tanto a nivel local como federal. A diferencia de la visión moderna europea del Estado, que tiene la ilusión del monopolio de la fuerza, el Estado mexicano no monopoliza la violencia y ha jugado históricamente sobre la permisividad ante ella para poder promover un control social más eficaz (Le Cour Grandmaison, 2021; Kloppe-Santamaría, 2023):

[El Estado es] juez y parte, tanto en la definición de las reglas como en el uso de la violencia […] El poder del Estado no es perfecto ni absoluto en tiempo y espacio. Al contrario de los conceptos de democracia “débil” o de Estado “fallido” decenas de trabajos académicos han mostrado que los “órdenes violentos” no provocan el quiebre del Estado, sino una redefinición de su papel en la regulación del uso de la violencia, en relación con una multitud de actores (Le Cour Grandmaison, 2021: 65).

En este sentido, existen similitudes en lo que se vive hoy en México con lo que se vivía en Italia en los años sesenta y setenta o en Colombia en la década de los ochenta y noventa.8 Como lo estableció Leonardo Sciascia en 1972: “La mafia […] no surge ni se desarrolla con el ‘vacío’ del Estado (es decir cuando el Estado, con sus leyes y sus funciones es débil o ausente) sino ‘en’ el Estado. En suma, la mafia no es otra cosa que una burguesía parasitaria, una burguesía que no es emprendedora, sino explotadora” (Sciascia, 2011).

Por ello resulta tan complejo un juicio moral y utilizar las categorías de “bueno” o “malo” cuando se pretende analizar el impacto del crimen organizado fragmentado en la sociedad mexicana y en las de otras latitudes. En todo caso, si hay un “bueno”, su destino es terrible, pues este grupo está compuesto por los sacerdotes, pastores, defensores de derechos humanos, madres buscadoras y grupos comprometidos con la defensa y promoción de la dignidad humana. El Estado no está ausente, sino que es parte de esta simbiosis que le ha permitido al crimen organizado fragmentado en México crecer y prosperar desde hace más de cien años (Astorga, 2016).

Al contrario […] el Estado no está ausente, como tanto se lee. Está presente, pero constituye un actor político más, inmerso en las dinámicas y prácticas de regulación de la violencia que se observa en Michoacán y en muchos otros territorios de la República […] La violencia crónica y la presencia de centenares de grupos violentos en México no impiden la estabilidad del sistema político, siguiendo la hipótesis de que los actores violentos buscan establecerse como intermediarios, interlocutores y aliados de las autoridades para el mantenimiento del orden social a escala local. Por ende, la multiplicación de actores violentos en México, lejos de implicar el fracaso del Estado, responde a una transformación de las modalidades de regulación de la violencia entre las autoridades y decenas de socios turbulentos (Le Cour Grandmaison, 2021: 51-52).

Del perpetrador Estado al perpetrador crimen organizado fragmentado

El fenómeno de los asesinatos de sacerdotes, tanto en el marco del conflicto cristero como de la guerra contra el narco, puede verse como una muestra de lo que Max Weber definió como el desencantamiento del mundo (Weber, 2005: 141). La fuerza e impacto de estos homicidios provocaron que varios actores nacionales e internacionales voltearan hacia esta violencia que, en su fase más contemporánea, también afecta a periodistas y luchadores sociales. La violencia contra ministros de culto, sacerdotes diocesanos, religiosos u otro personal católico puede ser interpretada como la transgresión de una figura considerada anteriormente “intocable” o sagrada.

La Iglesia perseguida por el Estado

“Entre 1914 y 1925, habían muerto violentamente […] 17 sacerdotes” (González Morfín, 2010: 27). Los estados con mayor número de incidencias fueron Jalisco (tres), Oaxaca (tres) y Zacatecas (tres), seguido del Estado de México y Tlaxcala (dos casos cada uno). Durante este periodo –en voz de sus sacerdotes y sus obispos–, la Iglesia se había opuesto en su mayoría al proyecto revolucionario y sus jerarcas habían criticado abierta y públicamente la Constitución de 1917 a la que juzgaban, entre otros calificativos, como anticlerical y anticatólica. En lo que concierne al conflicto religioso, el conteo de sacerdotes asesinados violentamente está sujeto a mayores interpretaciones. El propio Juan González Morfín es muy crítico con relación a los datos duros.

En algunas fuentes, como el libro de Luigi Ziliani [Messico martire. Bergamo: Società Editrice S. Alessandro, 1934], editado por primera vez cuando apenas estaba terminando la guerra cristera, la afirmación del total de muertos difiere de los sacerdotes con nombre y apellido que se da en una extensa lista de sacerdotes asesinados. En concreto, mientras que Ziliani llega hablar de un total de 238 presbíteros asesinados, en el momento de decir quiénes fueron éstos el número total es de 70. En L'Osservatore Romano [llegó a mencionar] un número de varios centenares de muertos [aun y si solo se mencionaban por su nombre] 32 sacerdotes caídos durante la guerra cristera. Historiadores que han contado con la perspectiva del tiempo para elaborar la lista del total de sacerdotes asesinados, no suelen dar un número demasiado alto; así, por ejemplo, Lauro López Beltrán menciona por su nombre a 41 sacerdotes; José Gutiérrez Casillas, a 58; Fidel González Martínez, a 84 (González Morfín, 2010: 28-29).

A partir de 1926 se promulgaron varias reformas legislativas impulsadas por el presidente Plutarco Elías Calles que acabaron, entre otras cosas, con la tolerancia religiosa que beneficiaba al clero católico mexicano. El episcopado contestó a esos ataques con la suspensión del culto. El Estado decretó el cierre de templos y condicionó su apertura a la creación de juntas vecinales. Esa medida le quitaba al sacerdote la gestión y posesión del templo. Los católicos de algunas regiones optaron por la defensa armada de su fe. Con ello inició el estallido de una guerra civil conocida como la cristiada. Durante este periodo aumentó el número de sacerdotes asesinados. Juan González Morfín establece un catálogo de 96 de ellos, cifra que se utiliza en este estudio. La región con mayor número de incidentes fue Jalisco (42), seguido por Guanajuato (16), Durango (nueve), Zacatecas y Michoacán (cada una con cinco). El Bajío, principal zona de operación militar, fue también el lugar donde más sacerdotes fueron ejecutados.

De esta larga lista, solamente seis eran sacerdotes combatientes o capellanes castrenses. La mayoría de los ministros de cultos asesinados seguían con sus oficios pastorales tradicionales, varios desde la clandestinidad, y la mayoría fueron, sin juicio previo, ejecutados por integrantes del ejército o agraristas (Meyer, [1973] 2005; González Navarro, 2000; González, 2001). Por ello nos es tan útil el concepto de necropolítica desarrollado por Achille Mbembe. Para él, una expresión de la soberanía es justamente el poder de decisión en torno a quién puede vivir y quién debe morir (2011: 19). El uso de la autoridad en México ha sido históricamente, a nivel local, estatal o federal, mediado por la violencia. Un ejemplo claro de ellos son las ejecuciones extrajudiciales (ajusticiamientos) llevadas a cabo por el propio Estado. Un dato interesante al momento de poner en perspectiva histórica la impunidad en torno a ofensas contra derechos humanos por parte del Estado y la violencia ejercida por algunos grupos del crimen organizado fragmentado. Durante el conflicto religioso el principal perpetrador fue el conjunto de los diferentes ejércitos revolucionarios y el propio Estado, o grupos que hoy podrían ser considerados como paramilitares, controlados por un cacique local (Butler, 2006), así como algunos integrantes de gavillas de bandoleros (Matute, 2013). “El homicidio es una forma previsible de adjudicación de conflictos políticos, en la cual participan las autoridades (el gobernador), los criminales y los caciques rivales” (Aguilar Rivera, 2021: 44). Los caciques no solo están del lado del gobierno, sino también de los ejércitos cristeros, como lo ha demostrado muy bien el historiador inglés Matthew Butler (2006).

De una persecución a otra

Junto con la investigadora Fernanda Durand se ha creado un mapa de los asesinatos religiosos que incluye los dos periodos que se están comparando en esta reflexión (Figura 1).

Figura 1. Mapa de las localidades donde ocurrieron asesinatos religiosos en México. Inicios del siglo xx (1914-1940) en verde y modernos (1990-2024) por sexenio en rojo (Solis Nicot y Durand).

Figura 1. Mapa de las localidades donde ocurrieron asesinatos religiosos en México. Inicios del siglo xx (1914-1940) en verde y modernos (1990-2024) por sexenio en rojo (Solis Nicot y Durand).

Al ver los datos de asesinatos de religiosos perpetrados durante la cristiada y la época contemporánea se puede notar que algunas zonas coinciden, como el caso de Jalisco, Michoacán, Estado de México, Veracruz y Oaxaca. En otros casos, como Durango, Zacatecas y Guanajuato, la violencia mayor se fue dando durante la primera mitad del siglo xx. En otras entidades, como Baja California, Guerrero y Chihuahua, los homicidios contra ministros del culto católico se dieron en el marco de la guerra contra las drogas. Un análisis del mapa permite ver que el mayor número de homicidios se encuentra entre los paralelos 21 y 18. La zona del norte de Guerrero y la del centro-occidente del país han sido, históricamente, las más peligrosas para quienes han ejercido este ministerio.

Las razones para asesinar a un sacerdote durante la Revolución, la cristiada o la segunda eran de orden religioso principalmente, en el marco de un conflicto abierto con el Estado con un trasfondo político y cultural. El sacerdote católico era un freno para el establecimiento del nuevo orden político revolucionario. En la era contemporánea, tras las reformas constitucionales de 1992, ya no existe ese peso político. El Estado y la Iglesia entraron en una nueva relación. Ello no significa que no hubiera fricciones, pero, en términos generales, no representan un obstáculo al poder estatal o federal. Sin embargo, a través de sus homilías –en su labor de apoyo a madres, adolescentes en situación de riesgo o migrantes– entran en conflicto con los intereses del crimen organizado fragmentado y de funcionarios públicos que colaboran con ellos. Para el Centro Católico Multimedial:

Los sacerdotes son asesinados por su capacidad de convocatoria, por promover el evangelio a todos los hombres de buena voluntad. Además, ofrecen su apoyo en donde hay ausencia de libertad de pensamiento y expresión donde las acciones de gobierno dejan mucho que desear y existe grado de descomposición social, desempleo, migración e inseguridad […] Molestan a grupos de poder […] que operan en acciones ilícitas, bajo eternos cacicazgos en zonas donde se concentran altos porcentajes de población indígena y de pobreza extrema […] Defienden a los migrantes en su paso por México […] (Sotelo Aguilar, 2017: 59-60).

El neomartirio sacerdotal en el marco de la guerra contra el narco

Ello explica en gran parte por qué entre 1993 y 2024 se fue dando un nuevo fenómeno de asesinatos de sacerdotes. El número de homicidios se triplicó en cada década, pasando de ocho durante los años noventa, a 16 en los 2000 y 52 la década de 2010, siendo el sexenio con mayor incidencia el de Peña Nieto (32 homicidios) (Figura 2).

Mapa 2 Homicidios de personal religioso católico en México entre 1993 y 2024. Realizado por: Mtra. Fernanda Durand basado en los datos del Centro Católico Multimedial

En este mapa hecho por la maestra Fernanda Durand, basado en los datos del Centro Católico Multimedial, se pueden observar los lugares en que ocurrieron los asesinatos de sacerdotes y distinguir, con código de color, las zonas con mayor frecuencia de homicidios violentos en el mismo periodo. De 1993 a la fecha han sido registrados más de 80 asesinatos de ministros, misioneros, religiosas y religiosos católicos. Si bien es difícil establecer que en los años noventa México era una zona de conflicto, la política del presidente Calderón Hinojosa (2006-2012) sí lo transformó en ello. Esta situación da testimonio de manera brutal del rol, papel y poder jugado por el crimen organizado fragmentado a nivel social, político, económico, así como cultural y religioso. No obstante, México no es el único caso latinoamericano; existen similitudes con el ocurrido en Colombia (Cárdenas y Casas-Zamora, 21 de septiembre de 2010).

En 2010, la entonces Secretaría de Estado de los Estados Unidos reconoció públicamente que el crimen organizado fragmentado tenía el control de una buena parte de México, así como de Centroamérica, fenómeno que hasta hoy no se ha logrado frenar (Carroll, 9 de septiembre de 2010). Nuevamente Mbembe ofrece claves explicativas: si bien no se puede hablar como tal de un sistema colonial en la relación entre los Estados Unidos y los países de América Latina, hay una voluntad imperial que quedó exacerbada durante la Guerra Fría y que, tras la caída del bloque soviético, necesitó transformarse. Los atentados del 11 de septiembre de 2001 provocaron una recrudescencia del uso de la violencia contra los nuevos “enemigos” (Chomsky, 2002). Los Estados Unidos han jugado un papel complejo y contradictorio en América Latina y en México. Sin importar que estén los demócratas o los republicanos en el poder, hay un desprecio claro por la vida de los mexicanos. Por una parte, existieron presiones sobre los gobiernos de México y Centroamérica para declarar al narcotraficante como el enemigo, a través de la Iniciativa Mérida; mientras que, por la otra, el Departamento de Estado ideó un plan para “dizque” luchar contra el crimen organizado fragmentado al armarlo contra armas de rango militar.9 Algo similar a lo que ya se había realizado con el Plan Colombia a finales de los años noventa. Ello obedece a que no hay un respeto por parte de los Estados Unidos hacia las poblaciones latinoamericanas. En un proceso similar al que describe Mbembe cuando habla de la asimetría colonial entre naciones europeas y las dominadas se puede decir que las decisiones tomadas desde Washington:

No implican la movilización de los sujetos soberanos (ciudadanos) que se respetan mutuamente en tanto que enemigos. No establecen distinción entre combatientes y no combatientes o bien entre enemigos y “criminales”. El hecho de que las colonias puedan ser gobernadas en ausencia absoluta de ley procede de la negación racista de todo punto común entre el conquistador y el indígena (Mbembe, 2011: 39).

Por ello, a pesar de su aparente búsqueda de fortalecimiento del Estado de derecho, los Estados Unidos no han tenido problema en apoyar opciones autoritarias en América Latina, siempre y cuando sus intereses económicos y de seguridad estén alineados con los suyos. Esto no significa que no existan religiosas y religiosos de Estados Unidos que tengan un profundo compromiso con la transformación de las realidades vividas en América Latina y en México. Tampoco significa que haya que minimizar el impacto del peso de la gobernanza criminal en el aumento de la violencia, incluyendo la que sufren pastores cristianos o sacerdotes, religiosas y religiosos católicos.

Entender las dinámicas de las gobernanzas criminales en México y la manera en la que los sacerdotes católicos se posicionan frente a ellas es relevante para explicar las lógicas detrás de estos crímenes. Este concepto ha sido retomado de los estudios de Lessing. Pensar el fenómeno a través del prisma de la gobernanza criminal (Lessing, 2020) permite comprender cómo, para ciertos actores sociales, políticos o económicos, la pretensión de monopolio sobre el uso de la fuerza por parte del Estado tiene limitaciones. No solo en México, sino también en otros escenarios, como Colombia, Brasil o incluso en los suburbios de las grandes ciudades europeas o norteamericanas, la autoridad a la que recurrir en caso de problemas o dificultades no es el Estado, sino la organización criminal local. El Estado todavía existe y compite en parte con esta gobernanza paralela. Así, los ciudadanos continúan pagando impuestos, los procesos políticos se basan en el voto y el castigo de los grupos criminales sigue siendo ejecutado por el Estado, que a veces es el agente del castigo y a veces colabora con un grupo para reducir el poder de otro.

En este sentido, los grupos criminales ofrecen una gobernanza alternativa a personas que no participan activa y voluntariamente en la propia organización. La gobernanza criminal, de esta manera, se cruza con el Estado y puede promover una simbiosis entre el crimen organizado fragmentado y este (Lessing, 2020: 854). Luis Astorga en su análisis explica cómo desde 1925 “con base en la investigación histórica, el tráfico de drogas aparece en sus inicios como uno más de los negocios posibles desde el poder político y supeditado a éste” (2016: 229).

Andreas Feldmann y Juan Pablo Luna resumen este concepto de manera muy clara cuando explican que se trata de “la creación de un orden paralelo basado en la imposición de reglas sobre el comportamiento ciudadano por parte de organizaciones criminales a menudo con la colaboración de agentes estatales” (Feldmann y Luna, 2022: 1). Es decir, que no es suficiente identificar las zonas con mayor violencia, sino más bien poder identificar las zonas con mayor gobernanza criminal, aquellas zonas donde el discurso comprometido del sacerdote, del pastor, del periodista, del defensor de derechos humanos, incomodan a los diferentes grupos del crimen organizado fragmentado y donde el desencantamiento del mundo genera un terreno fértil para que, sin remordimiento de conciencia, se pueda asesinar al sacerdote. No es un fenómeno nuevo. Lo que explicaba Weber en relación con los estratos de guerreros caballerescos muy bien podría aplicar con los sicarios que buscan metas totalmente mundanas y se aparte de todo “misticismo”. No obstante, no han tenido el deseo, ni tampoco la capacidad, de lograr un dominio racional de la realidad.

La irracionalidad de la “suerte” y, según ciertas condiciones, “la imagen de un vago ‘destino’, considerado de modo determinista […] se han ubicado por encima y por detrás de los dioses y demonios, vistos como héroes vigorosos y apasionados que brindan protección u hostilidad, gloria y riqueza, o muerte, a los héroes humanos” (Weber, 2005: 40). Han perdido el respeto hacia la institución y hacia el ministro de culto, pero no hacia el santo. La Virgen de Guadalupe comparte el altar con la Santa Muerte, Juan Soldado o Jesús Malverde. Esta coexistencia podría explicar el aumento del número de homicidios, no solo del personal religioso católico, sino de otras denominaciones religiosas. Aunque esta reflexión se centra en los asesinatos de sacerdotes católicos, es importante reconocer que los homicidios no son el único tipo de violencia que sufren estos agentes, pues este fenómeno no es exclusivo de esta denominación religiosa.

En México, existen diversas perspectivas teóricas y metodológicas que permiten abordar la violencia ejercida contra grupos religiosos. Entre ellas, destaca la tesis defendida en 2012 por la maestra Erika Valenzuela bajo la dirección de la doctora Olga Odgers, así como el artículo conjunto que publicaron en 2014, en el que documentan y analizan datos sobre tres comunidades religiosas que han visto un aumento de la violencia en Tijuana. Aunque la violencia no es el foco central de su investigación, ya que se centran en las diversas formas en que individuos de tres sistemas de creencias diferentes la interpretan y experimentan, adoptan una interesante aproximación teórica al fenómeno (Valenzuela, 2012; Valenzuela y Odgers Ortiz, 2014). Gran parte de su reflexión sobre la violencia se centra en el contexto urbano, dado que su estudio se ubica en Tijuana, la principal ciudad fronteriza de Baja California, México.

Otra obra que se ha enfocado en la problemática es la de Tragedia y crisol del sacerdocio en México de Omar Sotelo Aguilar (2017: 33). Este es el primer estudio que de manera sistemática busca exponer la violencia contra agentes clericales católicos. Estudios locales de las entidades donde se dé el fenómeno con mayor frecuencia serían útiles para entender mejor la situación.

Pistas de reflexión

Con 85 sacerdotes asesinados entre 1991 y 2024, la cifra se acerca al número de homicidios contra ministros de culto durante los tres años de la primera guerra cristera. Sin embargo, hay una diferencia significativa: entre 1926 y 1929, la mayoría de los 96 sacerdotes asesinados lo fueron a manos del ejército durante un contexto de guerra civil religiosa; mientras que, desde 1991, la mayoría ha sido víctima del crimen organizado fragmentado cuando las relaciones entre las iglesias o asociaciones religiosas y el Estado es pacífica.

No es posible establecer una comparación directa entre los conflictos históricos y actuales ni pensarlos como secuenciales. Al adoptar una perspectiva histórica de la violencia contra sacerdotes en México, se observa que los puntos en común son secundarios. Existen diferencias significativas entre los actores y sus motivaciones, así como en el entorno general y el ámbito internacional. El primer conflicto tiene su origen en una cuestión religiosa y en visiones encontradas de Estado y ciudadanía, en tanto que el segundo se deriva de la voluntad del Estado de alinearse con las políticas prohibitivas de los Estados Unidos y de enfrentar de manera directa y violenta a varios grupos del crimen organizado, con los que antes las relaciones habían estado enmarcadas en un contexto de cooperación y tolerancia. Vale la pena, sin embargo, resaltar algunas coincidencias esclarecedoras para desentrañar la situación de violencia que hoy en día se vive en México.

En ambas situaciones, el Estado mexicano ha operado al margen de la ley, recurriendo en muchas ocasiones a ejecuciones extrajudiciales, sin poder eliminar o vencer al enemigo (cristeros o sicarios del crimen organizado). A nivel militar, la imbricación entre las fuerzas en pugna y las poblaciones locales impide la supresión de la violencia. El proceso de pacificación del conflicto cristero fue complejo y mediado por la convergencia de intereses internacionales, nacionales y locales. Los intereses de Estados Unidos, en particular, eran diversos y encontrados, algo similar a lo que se está viviendo con el conflicto generado a raíz de la declaratoria de guerra al narcotráfico en la época del presidente Calderón. Mientras una parte del aparato estatal opta por una postura prohibicionista, una fracción significativa de la población norteamericana consume o busca consumir intensamente los productos y servicios ofrecidos por el crimen organizado, entre los cuales las drogas son una pieza clave, pero no la única.

La reciente postura de los Estados Unidos en torno a la declaratoria de los grupos criminales como terroristas extranjeros puede, en lugar de disminuir los niveles de violencia, aumentarlos a corto y mediano plazo. Existe la posibilidad de reavivar un entusiasmo nacionalista frente a las amenazas de invasión y provocar un acercamiento abierto entre los grupos criminales y las autoridades locales. Esto podría romper la gobernanza criminal, obligando al Estado mexicano y a los grupos criminales a dejar la corrupción y las relaciones discretas que han mantenido durante más de cuarenta años, lo que llevaría a una nueva fase de simulación y acuerdos para pacificar el país. Tanto durante el conflicto cristero como en el momento actual, la actitud del gobierno de Estados Unidos en torno a la compraventa de armas entre los beligerantes ha prolongado los tiempos violentos.

En las primeras décadas del siglo xxi, la violencia contra los sacerdotes en México no es un fenómeno aislado, sino que forma parte de un contexto más amplio de violencia estructural que afecta a diversas comunidades. Esta violencia refleja las tensiones sociales, políticas y económicas que se viven en el país. Los sacerdotes no son víctimas colaterales del crimen organizado ni están siendo cuestionados por su fe católica, como ocurrió en la guerra cristera. Al desempeñar su labor pastoral, se convierten en objetivos de la violencia por su papel religioso y por su compromiso con la justicia social y la defensa de los derechos humanos. Es fundamental profundizar en investigaciones locales para establecer si el hostigamiento, amedrentamiento o asesinato de expertos rituales han sido motivados por la negativa de los sacerdotes a ofrecer sus servicios a ciertos grupos o por su colaboración con grupos rivales o si representan una amenaza debido a su labor social o a su papel como estabilizadores en las comunidades.

La carga simbólica del asesinato de un sacerdote puede ser mayor que la de otros ciudadanos y se puede equiparar a la de periodistas, defensores de derechos humanos, madres buscadoras y defensores de la tierra y el agua. Aunque algunos sacerdotes y obispos, así como el propio ccm han hablado en algún momento de una recrudescencia de la persecución, parece ya haber un consenso sobre el uso del concepto de “hostigamiento continuo” en su lugar. En el periodo actual, a diferencia de las guerras cristeras, esta violencia no es exclusiva del mundo católico.

El fracaso de la política de “abrazos no balazos” para disminuir la violencia y los problemas de gobernanza criminal plantean un escenario mucho más complejo. El Estado mexicano, como lo ha demostrado la socióloga e historiadora Gema Kloppe-Santamaría (2023), tiene una larga experiencia en el uso de la violencia extralegal para mantener el control social y político del país. Es en este marco que el actuar y las posturas de los sacerdotes católicos y pastores cristianos cobran una nueva relevancia, pues pueden promover una transformación profunda que busque cambiar las dinámicas de odio, favorezca la construcción de paz, la reparación del tejido social y priorice la dignidad humana y la defensa y promoción de los derechos humanos.

El papel de las iglesias como mediadoras en conflictos sociales es crucial, ya que su capacidad para promover el diálogo y la reconciliación puede ser clave para construir un entorno más pacífico. Sin embargo, la falta de protección y apoyo a los expertos rituales que trabajan en zonas de alto riesgo es un desafío que debe ser abordado con mayor profundidad. Al estudiar la historia de la violencia contra los sacerdotes en México, se pueden entender mejor las motivaciones de un actor de escala multidimensional y fragmentado como lo es el crimen organizado. Los asesinatos de sacerdotes obedecen a causas complejas que no se explican únicamente por la presencia del crimen organizado, ya que ocurren más en zonas donde hay conflicto entre diferentes bandas o grupos que en aquellas donde un solo cabecilla parece controlar el territorio. El mapeo y la documentación de esta violencia permiten identificar zonas en las que es necesario crear un entorno en el que los líderes religiosos puedan ejercer su labor sin temor a represalias. Solo así se podrá avanzar hacia una sociedad más justa y pacífica.

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Yves Bernardo Roger Solis Nicot mexicano de origen francés, es profesor investigador en la Prepa Ibero, Ciudad de México. Miembro de la Comisión de Estudios Históricos de la Iglesia en América Latina y el Caribe (cehila) y del Centro de Investigación Sociedad, Derecho y Religiones de la Université de Sherbrooke (sodrus). Es historiador y científico social. En 2019 fue profesor invitado de la Universidad Católica de América en Washington, D. C. (comexus, Fulbright-García Robles). Su trabajo de investigación se centra principalmente en aspectos del fenómeno religioso en el México contemporáneo.