La Ley de Seguridad Interior establece, para efectos prácticos, un régimen constitucional paralelo en México. Se trata de un modelo de Estado que podemos llamar “discrecionalmente centralizado y autoritario”. La Ley autoriza al Ejecutivo para que, a discreción, ponga al sistema constitucional entre paréntesis y despliegue el aparato represivo del gobierno federal en donde decida, por el tiempo que decida y para los fines que decida, sin contrapesos y sin rendición de cuentas. Nuestra Constitución establece un régimen federal basado en el principio de la división de poderes. En contraste, la Ley de Seguridad Interior permitirá al Ejecutivo operar por tiempo indefinido en aquellas partes del territorio en donde unilateralmente lo decida, sin los contrapesos que implican la existencia de los demás Poderes de la Unión y sin las limitaciones que implica la distribución de competencias entre los tres niveles de gobierno que establece la Constitución. La militarización que hemos vivido hasta hoy –inconstitucional indudablemente, al menos desde 2008– ha sido posible gracias a la participación activa o pasiva de los gobiernos estatales y municipales, y a la pasividad de los poderes judiciales. La Ley de Seguridad Interior habilita al Ejecutivo –e incluso, en amplios e indeterminados supuestos a las Fuerzas Armadas directamente, sin necesidad de que medie una decisión presidencial– para ejercer su autoridad sin la anuencia o colaboración de las autoridades locales. Eso implica una transformación profunda de nuestro sistema constitucional y la derrota histórica del federalismo en México.

En un sentido muy real, la Ley de Seguridad Interior representa la posibilidad de suspender incluso el constitucionalismo. A lo largo de los últimos dos siglos y medio, el constitucionalismo ha buscado acotar el ejercicio del poder público desagregando los espacios de decisión y ejercicio del poder (federalismo y división de poderes) y otorgando a los ciudadanos un ámbito intocable para las autoridades (los derechos fundamentales). La segunda de estas piezas, el sistema de derechos fundamentales garantizados por el orden jurídico, depende del debido funcionamiento de la división de poderes. Si fracasa la primera, fracasa la segunda. Al permitirle al Ejecutivo utilizar en forma discrecional e indeterminada al aparato represivo del Estado sin que existan contrapesos adecuados para contener o fiscalizar el ejercicio de ese poder, los derechos fundamentales se vuelven declaraciones sin mecanismos reales para hacerse efectivos; se tornan derechos de papel mojado, con poco más que fuerza simbólica. Con la Ley de Seguridad Interior, el constitucionalismo entero está asediado.

A lo largo de los últimos doce años hemos visto una explosión masiva de las violaciones de derechos humanos en manos de las autoridades. Hoy tenemos un número considerablemente mayor de “elementos” pertenecientes a los cuerpos represivos del Estado desplegados por el territorio nacional realizando labores de patrullaje civil del que jamás hemos tenido en tiempos de paz. Al no contar con controles civiles efectivos que contengan o fiscalicen su actuación, es natural que se registre un mayor número de violaciones de derechos humanos en términos absolutos. Al no haber tareas serias y sistemáticas de investigación por parte de las procuradurías estatales y federal, es difícil saber qué tan frecuentemente se violan los derechos humanos por parte de las autoridades en México. Sin embargo, los datos con que sí contamos –que son seguramente un subregistro significativo de los casos en que ocurren violaciones a los derechos humanos– indican que no sólo se han incrementado las violaciones a los derechos humanos cuantitativamente, sino que cualitativamente el proceder de las fuerzas públicas –civiles y castrenses– se ha deteriorado considerablemente desde que se declaró la “guerra contra el narco”. Algunos indicadores –como los índices de letalidad– apuntan hacia el probable y frecuente uso desproporcionado de la fuerza pública, o incluso el abuso deliberado de la fuerza –casos como ejecuciones extrajudiciales–. Éstos, sin embargo, deben complementarse con otros datos que hablan del deterioro de las prácticas de la fuerza pública, como el uso habitual de la tortura. La abrumadora mayoría de los datos existentes apuntan a que existe una auténtica epidemia de violación de los derechos humanos en México. La Ley de Seguridad Interior facilitaría esas prácticas, al quitar obstáculos jurídicos para el uso no controlado de la fuerza pública, sin regularla (aunque sus apologetas sostengan que la existencia de la Ley por sí misma sea regulación, su contenido no establece límites concretos sino permisiones genéricas). Su aprobación misma es una señal para los funcionarios que realizan tareas operativas, legitimando ese deterioro de prácticas. Esa señal, seguramente, se verá reflejada con mayor frecuencia e intensidad en el abuso de la fuerza pública, lo que implica más y más consistentes violaciones de los derechos humanos no sólo donde se hagan declaratorias de afectación a la seguridad interior, sino donde las fuerzas castrenses realizan lo que la Ley denomina “acciones permanentes”, que no requieren de dicha declaratoria.

A estas alturas queda poco. Como nunca, la sociedad civil organizada, la comunidad internacional y la oposición política se movilizaron en contra de la Ley de Seguridad Interior. Como en el futbol, jugamos como nunca, pero perdimos como (casi) siempre. Quedan por resolverse –y esto es crucial– las acciones judiciales. Principalmente las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales que ha de resolver la Suprema Corte de Justicia dejan un espacio apenas suficiente para mantener esperanzas. En ese sentido, la ciudadanía debe volcarse públicamente para hacer sentir que esos procesos tienen la atención pública, pues la Suprema Corte suele deliberar con mayor cautela y resolver con mayor seriedad cuando tiene una fuerte exposición pública. También la ciudadanía puede hacer uso del amparo, un vehículo jurisdiccional decimonónico, caro y torpe, pero a fin de cuentas el único juicio constitucional que los ciudadanos tenemos para al menos tratar de contener los abusos y violaciones de los derechos fundamentales. El uso masivo del amparo dará oportunidad a que una pluralidad de jueces se pronuncien sobre esta ley, y eso maximizará la posibilidad de que el Poder Judicial Federal, en sus distintos niveles, se active en defensa de la Constitución.

Sobre todo, a los ciudadanos nos corresponde ejercer el voto como mecanismo de control, premio y castigo a las autoridades. Ése es nuestro principal papel constitucional. En este caso, puesto que ha sido claramente una Ley aprobada por el gobierno y su partido y algunos aliados fácilmente identificables, nos corresponde ejercer el voto de forma que mande la señal clara: que hacer de lado la Constitución tiene costos político-electorales. Por eso yo pienso evitar votar por aquellos partidos –como grupo– y legisladores –como individuos que quizá sean candidatos– que impusieron la aprobación de esta Ley. Además, a los demás candidatos y candidatas debemos exigirles que, como compromiso de campaña, se pronuncien claramente por abrogar la Ley de Seguridad Interior en caso de ocupar un cargo como resultado de la elección.

La seguridad pública va a mejorar cuando contemos con policías profesionales y arraigadas en sus localidades; procuradurías profesionales y prestigiadas que puedan realizar tareas básicas de investigación y se enfoquen en los delitos que más dañan a la sociedad –esto es, cuando persigan homicidios, secuestros, extorsiones, etc. y privilegien detener el tráfico de armas sobre el tráfico de hierbas–; y cuando los espacios públicos y servicios públicos inviten a la ciudadanía a convivir y confiar en sus vecinos y en las autoridades. Para ello es preciso invertir recursos, tiempo y capital político. Pero las autoridades tienen incentivos para prometer soluciones prontas con medidas drásticas, como más militarización. Estas medidas son muy visibles pero poco efectivas en realidad.

Es indispensable abrogar la Ley de Seguridad Interior. Mientras esa ley siga vigente, la amenaza de una supresión súbita del régimen constitucional está latente y continuará el desvío de recursos de donde realmente servirían –policías, procuradurías y servicios públicos– a donde más hacen daño –con un mayor despliegue militar y más armamento en el territorio nacional–.

En lo inmediato, habría que focalizar los recursos que hoy tenemos: perseguir el tráfico de armas y no el traslado de estupefacientes. Si los retenes que hoy están buscando drogas en las carreteras que van de sur a norte estuviesen buscando las armas que fluyen de norte a sur, otro gallo nos cantaría. En el corto plazo habría que hacer un diagnóstico serio en donde se rindan cuentas sobre lo que se ha hecho en los últimos doce años, los resultados que ha habido y las necesidades de cada localidad donde hoy operan fuerzas federales, para poder construir policías locales profesionales y confiables. Habría que poner especial énfasis en identificar las ciudades y pueblos donde las instituciones de seguridad pública civiles sí han funcionado, a fin de tratar de reproducir esos ejemplos en otras partes. En el largo plazo, es preciso rediseñar y renovar los sistemas de seguridad pública y el de procuración de justicia, privilegiando el fortalecimiento institucional a nivel local, la prevención y la investigación. A lo largo de todo el proceso es indispensable calendarizar, con responsabilidad, el repliegue de las fuerzas castrenses a fin de que dejen de realizar tareas de seguridad pública y patrullaje entre la población civil, para lo que no están capacitadas. Existen muchas propuestas concretas de reformas y políticas públicas específicas que hemos realizado académicos y organizaciones de la sociedad civil. En particular, yo he esbozado la arquitectura del cambio legislativo que requerimos. Pero para poder emprender estos esfuerzos será preciso primero contener el daño ya hecho y eso empieza por la abrogación total de la Ley de Seguridad Interior.