Vidas en suspenso: miradas cruzadas sobre migrantes atrapados en las fronteras1
Recepción: 12 de mayo de 2026
Aceptación: 4 de junio de 2026
En la actualidad, ya sea al sur del Mediterráneo, a la entrada del desierto del Sahara o frente al muro fronterizo que divide México y Estados Unidos, numerosas fronteras del mundo se han convertido en espacios donde miles de personas migrantes permanecen varadas entre el lugar del que huyen y aquel al que intentan llegar. La intensificación de los dispositivos de control fronterizo y, de manera más amplia, de las movilidades, ha contribuido a la multiplicación de puntos de bloqueo donde las personas migrantes se ven obligadas a permanecer durante periodos indefinidos –cada vez más prolongados– en condiciones crecientes de incertidumbre y vulnerabilidad. Estos periodos de inmovilidad forzada se articulan, según los contextos, con momentos de movilidad igualmente forzada, a través de expulsiones, deportaciones o desplazamientos motivados por la búsqueda de recursos. Estas movilidades, estructuradas por efectos de frontera, se despliegan entre espacios donde las personas migrantes no pueden ni continuar su trayectoria ni establecerse de manera duradera.
La dificultad para nombrar y comprender estas situaciones ha dado lugar a numerosos debates académicos. Conceptos como strandedness, “atrapamiento migratorio”, “espera prolongada” o “inmovilidad forzada” buscan dar cuenta de experiencias marcadas por la imposibilidad de avanzar, regresar o asentarse de manera estable.
Estas discusiones también han llevado a cuestionar críticamente la noción de “migración en tránsito”. Aunque esta categoría sugiere desplazamientos breves y temporales, en la práctica muchas personas permanecen durante meses o incluso años en áreas fronterizas donde terminan construyendo formas precarias de vida. Hablar de “tránsito” puede resultar engañoso, pues invisibiliza la prolongación de la espera y permite postergar la responsabilidad de los Estados frente a poblaciones que, aun sin haber planeado quedarse, terminan permaneciendo largo tiempo en estos territorios.
Más allá de las diferencias conceptuales, estas situaciones permiten observar algunos de los efectos centrales de las políticas migratorias contemporáneas. El atrapamiento migratorio no es producido por un solo Estado, sino por la combinación de políticas implementadas en distintos espacios fronterizos. Mientras algunos Estados expulsan, desplazan o empujan a las personas fuera de sus territorios, otros refuerzan mecanismos de contención que dificultan el ingreso, el acceso al asilo o la regularización migratoria. El resultado es la producción de periodos prolongados de espera, inmovilización y vulnerabilidad en diferentes regiones del mundo. Estas dinámicas muestran que el control migratorio contemporáneo funciona cada vez más a través de dispositivos articulados entre distintos Estados, cuyos efectos se extienden mucho más allá de las fronteras nacionales. Al mismo tiempo, plantean interrogantes fundamentales sobre las tensiones entre legalidad, legitimidad y derechos humanos.
Desde esta perspectiva, la comparación de las formas de atrapamiento migratorio observadas en distintos contextos no busca únicamente nombrar y comprender estas situaciones, sino también analizar cómo son producidas, gestionadas y experimentadas en diferentes regiones del mundo. A partir de experiencias situadas al sur del Mediterráneo, en las puertas del desierto del Sahara y en la frontera entre México y Estados Unidos, Lorenzo Ghione, Florence Boyer, Harouna Mounkaila y Olga Odgers dialogan en este número de la revista Encartes sobre las políticas migratorias contemporáneas, las formas de espera e inmovilización producidas por estas políticas y sus efectos acerca de la vida de las personas migrantes. Más que proponer una interpretación única, este intercambio pone en diálogo miradas y contextos diversos, haciendo visibles tanto las convergencias como las tensiones que atraviesan las experiencias contemporáneas de atrapamiento migratorio.En su contexto de estudio, ¿qué dispositivo específico (político, jurídico o administrativo) contribuye de manera central a la producción de situaciones de “atrapamiento” migratorio, y qué poblaciones son las principalmente afectadas?
En su contexto de estudio, ¿qué dispositivo específico (político, jurídico o administrativo) contribuye de manera central a la producción de situaciones de “atrapamiento” migratorio, y qué poblaciones son las principalmente afectadas?
El reforzamiento de las fronteras y la represión de las personas migrantes en África del Norte –sean nacionales o extranjeras– no puede separarse del endurecimiento progresivo de las fronteras europeas a través de políticas de externalización del control migratorio y del asilo, cuyos efectos se han acumulado durante las últimas dos décadas. Aunque las personas migrantes en situación irregular originarias de países de esta región también enfrentan represión y cierre de fronteras –sin mencionar las expulsiones desde territorio europeo–, quienes se encuentran expuestos a condiciones de vida extremadamente precarias y a formas crecientes de violencia por parte de las autoridades son, sobre todo, las personas racializadas procedentes del África subsahariana. Estas poblaciones enfrentan formas de discriminación que van mucho más allá de las situaciones de bloqueo generadas por las fronteras europeas.
En una posición intermedia entre África del Norte y el África subsahariana, Níger está marcado por múltiples movimientos migratorios que lo atraviesan o lo abandonan en dirección al Magreb y otros países de África Occidental. Durante mucho tiempo, estos flujos intraafricanos estuvieron caracterizados por una relativa indiferencia del Estado nigerino, mientras que países como Argelia o Libia mantenían, hasta finales de los años noventa, políticas de atracción de mano de obra extranjera. A comienzos de los años 2000 se produjo un primer giro, cuando la Unión Europea comenzó a negociar con Libia el control de las salidas hacia Europa. Sin embargo, la intervención europea en territorio nigerino permaneció limitada hasta la caída del régimen de Muamar el Gadafi en 2011 y la llamada “crisis migratoria” europea de 2015. A partir de entonces, Níger se convirtió en un espacio central para las políticas de externalización del control migratorio impulsadas por la Unión Europea.
Uno de los principales instrumentos de estas políticas fue la Ley 2015-36 relativa al tráfico ilícito de migrantes, elaborada y adoptada en colaboración con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (onudc) y la Unión Europea. Esta ley buscaba sancionar a conductores y a personas que daban alojamiento a migrantes con intención de cruzar ilegalmente una frontera, convirtiéndose así en un mecanismo fundamental para bloquear a los migrantes incluso antes del cruce fronterizo.
Desde 2016, cerca de 700 personas involucradas en actividades de transporte o alojamiento de migrantes hacia África del Norte fueron detenidas y encarceladas. Estas políticas provocaron una reconfiguración de las rutas migratorias y de los lugares de tránsito, generando situaciones de bloqueo en ciudades como Agadez o Niamey. A ello se suma el incremento de una migración de retorno –forzada o no– alimentada por las expulsiones desde Argelia y las violencias contra personas migrantes en Libia.
Las expulsiones masivas desde Argelia y Libia, intensificadas desde los años 2010, han saturado los centros de tránsito de la Organización Internacional para las Migraciones (oim) en ciudades como Agadez, Arlit, Dirkou y Assamaka. Estos espacios revelan la heterogeneidad y complejidad de las situaciones de atrapamiento: además de personas en necesidad de asistencia humanitaria, también incluyen solicitantes de protección internacional; algunos de ellos son atendidos por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (unhcr), aunque con opciones limitadas, generalmente restringidas a la vida en campamentos o a una eventual instalación en Níger. En este contexto convergen poblaciones diversas, tanto por sus nacionalidades como por los motivos de su desplazamiento y sus distintos niveles de reconocimiento y acceso a derechos.
En la frontera norte de México, las situaciones de atrapamiento migratorio se producen por la articulación entre los desplazamientos que llegan desde el sur –incluyendo personas procedentes de otros continentes que ingresan al continente americano por Sudamérica y atraviesan México– y las políticas de control migratorio implementadas por Estados Unidos. Más que un efecto secundario no deseado, el atrapamiento constituye una consecuencia estructural de los dispositivos contemporáneos de control migratorio y del acceso al asilo, que desplazan hacia territorio mexicano la gestión de las poblaciones consideradas “indeseables” o “excedentes”.
Uno de los mecanismos más significativos fue el programa Migrant Protection Protocols (mpp), también conocido como “Remain in Mexico”, implementado en 2019, que obligaba a quienes solicitaban asilo en Estados Unidos a esperar en territorio mexicano mientras se resolvían sus casos. Después, durante la pandemia de covid-19, el Title 42 (Título 42) suspendió en la práctica el acceso al asilo bajo argumentos sanitarios, permitiendo expulsiones inmediatas y limitando de manera drástica las posibilidades de ingreso regular.
Más recientemente, el acceso al asilo quedó condicionado al uso de la aplicación cbp One, que funcionó como un filtro digital para obtener citas en los puertos fronterizos. Aunque formalmente representaba una vía de acceso legal, en la práctica generó largos periodos de espera en México debido a las dificultades técnicas, la limitada disponibilidad de citas y las desigualdades de acceso tecnológico. La cancelación de esta aplicación –sin la creación de un mecanismo alternativo accesible y eficaz– profundizó de nuevo las situaciones de incertidumbre y bloqueo.
En este contexto, el atrapamiento migratorio no implica solo la inmovilización física, sino también la imposibilidad simultánea de avanzar, regresar o estabilizarse de manera duradera. Las personas quedan suspendidas en espacios fronterizos concebidos originalmente como lugares de tránsito, pero que se transforman de manera progresiva en escenarios de suspensión prolongada e incertidumbre.
Las principales poblaciones afectadas por estas dinámicas son personas mexicanas desplazadas por la violencia, migrantes y solicitantes de asilo procedentes de Centroamérica y el Caribe –particularmente Haití–, así como, en menor medida, personas originarias de Sudamérica, especialmente de Venezuela y Colombia, y migrantes africanos. Aunque sus trayectorias y perfiles son diversos, las ciudades fronterizas mexicanas se transforman en espacios de espera prolongada y contención migratoria.
¿Cuáles son los efectos de estas situaciones de atrapamiento sobre las personas afectadas, particularmente en términos de condiciones de vida o de acceso a derechos?
En el contexto norteafricano, la combinación entre las políticas europeas de externalización –cada vez más restrictivas frente a la llamada migración “irregular”– y las legislaciones y prácticas criminalizantes vigentes en los países del norte de África ha agravado de manera generalizada la situación de las personas extranjeras racializadas. Estas poblaciones se encuentran, con o contra su voluntad, atrapadas en dispositivos de control fronterizo caracterizados por una movilización creciente de recursos financieros, humanos y tecnológicos.
Aunque las legislaciones migratorias en los países del norte de África suelen ofrecer una protección limitada de los derechos, existen diferencias importantes entre los distintos contextos nacionales. En algunos casos, aun sin reformas formales al derecho migratorio, se han implementado campañas de regularización, como ocurrió en Marruecos. En otros, una legislación restrictiva se combina con formas crecientes y generalizadas de represión contra personas migrantes racializadas, con efectos muy negativos sobre sus condiciones de vida y su acceso a derechos, como sucede en Túnez. Finalmente, existen situaciones extremas en las que la irregularidad administrativa se traduce en formas casi totales de atrapamiento, marcadas por explotación y violencia muy arraigadas en el funcionamiento mismo del sistema político y económico, como en Libia.
La acogida de personas bloqueadas o atrapadas en situaciones de movilidad forzada constituye un desafío importante que con frecuencia rebasa las capacidades del Estado nigerino y de sus socios. En un contexto en el que los servicios sociales básicos son extremadamente limitados debido a las deficiencias estructurales del Estado, son sobre todo los actores humanitarios quienes intervienen para atender a estas poblaciones en situación de vulnerabilidad.
Desde 2016, la oim ha brindado asistencia a más de 90 000 personas migrantes, la mayoría de ellas en tránsito por la región de Agadez, proporcionando alojamiento, alimentación, atención médica y apoyo psicosocial, entre otros servicios. La oim cuenta con cinco centros de tránsito distribuidos en el territorio nigerino, la mayoría situados en las rutas migratorias del norte del país, particularmente en Assamakka, Arlit, Dirkou y Agadez. Sin embargo, debido a la magnitud de las expulsiones desde Argelia y, en algunos casos, desde Libia, estos centros suelen encontrarse saturados, obligando a las personas que no son admitidas a instalarse de manera informal en el espacio público.
No obstante, los centros de la oim únicamente reciben y asisten a quienes aceptan participar en programas de “retorno voluntario”, mientras que el unhcr atiende exclusivamente a personas solicitantes de protección internacional. En consecuencia, numerosas personas migrantes que no encajan en ninguna de estas categorías se ven obligadas a encontrar por sí mismas medios de subsistencia en contextos en los que las oportunidades de empleo son muy escasas. Paradójicamente, esta situación puede conducir a una reanudación parcial de la movilidad, aunque dentro de espacios cada vez más restringidos. Por ejemplo, las minas de oro informales del norte de Níger o del norte de Malí constituyen alternativas precarias frente a las situaciones de bloqueo migratorio.
Los efectos de las situaciones de atrapamiento migratorio en la frontera norte de México son múltiples y se expresan tanto en las condiciones materiales de vida como en la relación de las personas con el tiempo, el futuro y la posibilidad de construir proyectos de vida. Aunque algunos de estos efectos son más visibles que otros, todos terminan influyendo profundamente en las formas de habitar el presente y en el acceso efectivo a derechos. Una de las consecuencias más visibles es la producción de situaciones de irregularización migratoria. Algunas personas obtienen algún tipo de protección en México –por ejemplo el reconocimiento como refugiados o visas humanitarias temporales–, incluso cuando su intención no es establecerse de manera permanente en el país. Otras permanecen sin ningún tipo de estatus legal. Esta precariedad administrativa limita fuertemente el acceso al mercado laboral formal, a los servicios de salud, a la vivienda y, de manera más amplia, a la protección del Estado.
A ello se suma el hecho de que muchas personas continúan percibiéndose “de paso”, incluso cuando su permanencia se prolonga durante meses o años. Esta percepción contribuye a posponer decisiones fundamentales de la vida cotidiana. La escolarización de los hijos suele diferirse ante la expectativa de una salida inminente que nunca termina de concretarse. Enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión o algunos tipos de cáncer permanecen sin seguimiento adecuado porque las personas esperan atenderse una vez que lleguen a su destino migratorio. Del mismo modo, la búsqueda de una vivienda más estable o el aprendizaje del español entre quienes no son hispanohablantes suele postergarse, ya que el lugar de espera continúa siendo concebido como temporal.
Sin embargo, las consecuencias más profundas suelen ser también las menos visibles. El atrapamiento migratorio tiende a suspender la posibilidad misma de construir proyectos de vida. Al considerarse permanentemente “en tránsito”, muchas personas colocan sus aspiraciones, vínculos y expectativas en una especie de paréntesis temporal, lo que con frecuencia limita también su capacidad de reclamar derechos o de invertir en procesos de integración local. Esta puesta en espera de la propia vida produce importantes efectos emocionales: cuando se vuelve imposible imaginar un futuro estable, también se vuelve difícil habitar plenamente el presente y dar continuidad a la propia existencia.
¿En qué medida las políticas migratorias actualmente implementadas en su contexto contribuyen a reducir estas situaciones de atrapamiento o, por el contrario, a producirlas y prolongarlas?
Las políticas restrictivas en materia de migración irregular –siguiendo en gran medida el modelo europeo– generan ciclos de explotación estructural y sufrimiento individual directamente vinculados al deterioro, tanto jurídico como práctico, del acceso de las personas migrantes a derechos básicos, servicios y condiciones de vida dignas.
En términos generales, estas políticas tienden a producir y prolongar las situaciones de bloqueo de las personas migrantes en los Estados del sur vecinos al territorio europeo. La imposibilidad casi sistemática de renovar permisos de residencia o trabajo en Túnez, así como la política estructural de expulsiones aplicada por Argelia contra personas migrantes en situación irregular, no solo generan periodos prolongados de espera, sino también movilidades forzadas a escala regional. Entre ellas se encuentran las deportaciones desde Túnez y Argelia hacia países vecinos del sur, así como retornos “voluntarios” organizados por la oim que, en muchos casos, son consecuencia de situaciones que se han vuelto insostenibles para las personas migrantes.
Las políticas migratorias represivas implementadas hasta la derogación de la Ley 2015-36 (legislación adoptada en Níger para combatir el tráfico ilícito de migrantes) en noviembre de 2023 generaron principalmente situaciones de atrapamiento migratorio, revelando la paradoja de políticas que, por un lado, afirman defender los derechos de las personas migrantes, pero que en la práctica contribuyen a aumentar su vulnerabilidad en las rutas migratorias. A pesar de la derogación de esta ley, las situaciones de atrapamiento continúan en el norte de Níger debido a la persistencia de las expulsiones desde Argelia y de los retornos forzados desde Libia. Si bien la derogación permitió la reanudación de ciertas formas de circulación en el norte del país, ello no mejoró de manera considerable la situación de las personas migrantes atrapadas.
Actualmente, las situaciones de bloqueo observadas en Níger deben pensarse a otra escala: la del Sahara. Las expulsiones y devoluciones de personas migrantes realizadas por los Estados de la ribera mediterránea –particularmente Túnez, Argelia y Libia– hacia Níger producen formas de atrapamiento ya no circunscritas a una ciudad o un punto fronterizo específico, sino a un espacio regional mucho más amplio, del cual resulta cada vez más difícil salir. En otras palabras, el simple relajamiento de las políticas migratorias en Níger no basta para reducir estas situaciones de bloqueo, que progresivamente se transforman en una imposibilidad de establecerse de manera duradera.
Las políticas migratorias implementadas en los últimos años han contribuido principalmente a producir y prolongar las situaciones de atrapamiento migratorio en la frontera norte de México. Dispositivos como el mpp (Protocolos de Protección al Migrante), el Title 42 o el uso obligatorio de la aplicación cbp One desplazaron hacia territorio mexicano la espera asociada al acceso al asilo en Estados Unidos, generando largos periodos de incertidumbre y permanencia involuntaria en ciudades fronterizas. Más que reducir la vulnerabilidad de las personas en movilidad, estas políticas reforzaron dinámicas de contención y externalización del control migratorio. Sin embargo, la llegada de Donald Trump a un segundo periodo presidencial parece haber introducido una transformación paradójica. El endurecimiento del discurso antiinmigrante y los temores frente a las políticas migratorias estadounidenses han llevado a muchas personas y familias a reorientar sus proyectos migratorios. En lugar de continuar esperando de manera indefinida la posibilidad de solicitar asilo o cruzar la frontera, algunas han comenzado a considerar seriamente la posibilidad de establecerse en México.
Este cambio no implica por fuerza el fin del atrapamiento migratorio. En muchos casos persiste la idea de que la situación podría mejorar “dentro de cuatro años”, una vez concluido el actual periodo presidencial en Estados Unidos. La expectativa de un futuro cruce continúa estructurando las decisiones y los imaginarios migratorios. No obstante, incluso en estas circunstancias, comienzan a observarse transformaciones importantes en la vida cotidiana. Aspectos que antes permanecían suspendidos empiezan gradualmente a dejar de posponerse: las familias buscan viviendas más estables, escolarizan a sus hijos, atienden problemas de salud o consideran necesario aprender español.
En algunas ciudades fronterizas mexicanas también se han implementado medidas destinadas a facilitar la integración escolar de niños y adolescentes migrantes. En contraste, el acceso a los servicios de salud sigue siendo muy ambivalente. Aunque ciertos obstáculos administrativos han sido eliminados de jure, en la práctica persisten numerosas barreras derivadas de la saturación de los servicios, la precariedad institucional y las dificultades asociadas a la situación migratoria de las personas.
Closing
Las reflexiones reunidas en este intercambio muestran que las situaciones contemporáneas de atrapamiento migratorio no pueden entenderse como efectos accidentales o temporales de las políticas de control fronterizo. Por el contrario, aparecen como el resultado estructural de dispositivos de externalización, contención y filtrado migratorio que desplazan la gestión de las movilidades hacia regiones fronterizas cada vez más extensas y alejadas de los territorios de destino. Los tres casos analizados permiten intuir que el atrapamiento migratorio es una tendencia global creciente.
A pesar de las diferencias entre los contextos observados, los autores coinciden en señalar que el atrapamiento migratorio no es producido por un solo Estado, sino por el efecto combinado de las políticas y las disposiciones administrativas establecidas en distintos espacios nacionales y regionales. Mientras algunos Estados expulsan o empujan a las personas fuera de sus territorios, otros refuerzan mecanismos de contención que dificultan el acceso al asilo, la regularización o la movilidad. A estos agentes expulsores/de contención se suma el efecto de agentes ilegales (delincuencia común, crimen organizado) y elementos de la geografía que refuerzan el éxodo (e.g. desastres climáticos) o se instrumentalizan como barreras (e. g. desierto del Sahara). En este sentido, el Sahel, el norte de África o la frontera entre México y Estados Unidos aparecen menos como simples zonas de tránsito que como espacios regionales de espera, inmovilización y vulnerabilidad prolongada que reflejan la lógica de la gestión contemporánea de la movilidad.
Estas situaciones producen importantes transformaciones en las trayectorias y condiciones de vida de las personas migrantes. La espera prolongada, la incertidumbre y la precariedad administrativa afectan el acceso a derechos básicos, pero también transforman la relación con el tiempo y con la posibilidad de construir proyectos de vida. Las “vidas en suspenso” que observamos en este texto muestran cómo el atrapamiento migratorio implica no solo una inmovilización física, sino también la dificultad de imaginar el futuro, de asentarse durablemente o incluso de reclamar derechos.
Al mismo tiempo, las contribuciones de los cuatro autores permiten observar que el humanitarismo con frecuencia interviene después de prácticas de violencia, expulsión o deportación, atendiendo sus consecuencias sin cuestionar necesariamente los dispositivos que las producen. Lejos de resolver las tensiones entre ética, legalidad y derechos humanos, estas situaciones revelan la creciente fragmentación de las responsabilidades estatales y la dificultad de garantizar efectivamente el derecho a la movilidad en el contexto de los regímenes migratorios contemporáneos.
Florence Boyer es investigadora del Institut de Recherche pour le Développement (ird, Francia) y miembro de la Unidad de Investigación Migraciones y Sociedad (urmis). Especialista en migraciones africanas, ha desarrollado investigaciones de largo aliento en Níger y otros países del Sahel, centradas en las movilidades intraafricanas, las trayectorias migratorias, los procesos de retorno y las transformaciones de los espacios de tránsito. Sus trabajos recientes analizan los efectos de la externalización de las políticas migratorias europeas en África Occidental, la gobernanza de la movilidad en el Sahel y las experiencias de jóvenes migrantes en contextos de creciente control fronterizo. Es autora de numerosas publicaciones sobre migración africana, movilidad transahariana y políticas migratorias en África Occidental.
Lorenzo Ghione es investigador posdoctoral en ciencia política y estudios migratorios en la Unidad de Investigación Migraciones y Sociedad (urmis), del Institut de Recherche pour le Développement (ird), y está afiliado a la Université Côte d’Azur (Francia). Obtuvo el doctorado en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad de Bolonia (Italia), con una tesis sobre las relaciones entre las políticas migratorias y las dinámicas de los regímenes políticos en Túnez. Su investigación actual se centra en la diplomacia migratoria de Marruecos y combina enfoques de la ciencia política y las relaciones internacionales con metodologías cualitativas. Ha realizado estancias de formación en la Universidad de Bolonia, en el Instituto de Estudios Políticos de Lyon y en el Instituto de Estudios Políticos de París, además de desarrollar un prolongado trabajo de campo doctoral en Túnez. Desde 2025 imparte en Sciences Po Menton campus el curso Entangled Migration Politics in the Mediterranean. Forma parte del comité editorial de Maydan. Rivista sui Mondi Arabi, Semitici e Islamici y del Consejo Asesor de la North African Policy Initiative (napi).
Harouna Mounkaila es profesor de Geografía en la École Normale Supérieure de la Universidad Abdou Moumouni de Niamey (Níger), director del Grupo de Estudios e Investigación Migraciones, Espacios y Sociedades (germes) y codirector del Laboratorio Mixto Internacional Mobilités, Voyages, Innovations et Dynamiques en Afrique Méditerranéenne et Subsaharienne (movida). Es investigador asociado de la Unidad de Investigación Migraciones y Sociedad (urmis). Sus estudios se centran en las políticas migratorias, la reconfiguración de las rutas y trayectorias migratorias en África Occidental, las movilidades femeninas, las comunidades nigerinas establecidas en ciudades de la región y los procesos de integración de las personas migrantes en contextos urbanos.
Olga Odgers Ortiz es investigadora de El Colegio de la Frontera Norte (México), miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (snii), level iii. Su trabajo se centra en el estudio de las migraciones internacionales y sus implicaciones socioculturales, con especial atención a las relaciones entre movilidad, religión y salud. Ha investigado los procesos de espera y atrapamiento migratorio en la frontera México-Estados Unidos, así como las formas en que las personas migrantes construyen sentido, pertenencia y estrategias de adaptación en contextos de incertidumbre. Sus publicaciones recientes abordan las transformaciones de los campos migratorios contemporáneos y las experiencias de movilidad en escenarios marcados por regímenes de control y contención migratoria.
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