La judicialización contemporánea del aborto en América Latina es un péndulo que oscila entre los litigios promovidos por el movimiento feminista y el movimiento conservador. Los impactos de estos litigios han significado, en su mayoría, un avance jurisprudencial para los derechos humanos de las mujeres: igualdad y no discriminación, libertad y autonomía reproductiva, derecho al libre desarrollo de la personalidad y derecho a la salud. Al avalar la despenalización del aborto por causales o en un determinado plazo, las cortes constitucionales promueven el avance de la justicia reproductiva, sentando precedentes judiciales importantes en la región, como en los casos de Colombia (2006), México (2002, 2008) y Chile (2017). Las resoluciones de las cortes de estos países han promovido el acceso a servicios de aborto legal en los hospitales públicos y mejores lineamientos en salud reproductiva. Sin embargo, también han provocado una contramovilización social que promueve la “protección de la vida desde la concepción” con mayor fervor desde el púlpito hasta las legislaturas y otras agencias del Estado. No se puede afirmar que la judicialización del aborto siempre tenga resultados positivos para el avance de los derechos reproductivos en la región. Las sentencias constitucionales tienden a ser minimalistas en cuanto a la comprensión del sentido y alcance de los derechos reproductivos de las mujeres en juego, teniendo grandes deferencias hacia la protección de la vida prenatal. En otras ocasiones, dejan un margen suficiente de acción para que los profesionales de la salud hagan interpretaciones confusas, por lo que suelen mostrarse temerosos de practicar interrupciones del embarazo en aras de no cometer un delito. Consecuentemente, la judicialización del aborto tiene resultados contradictorios y contingentes para los derechos de las mujeres en América Latina.

Las recientes elecciones de Trump (2016), Bolsonaro y López Obrador (2018) demuestran la seducción del populismo en la región, ya sea de derecha o de izquierda. Incluyo a López Obrador porque tampoco parece sostener el ideario de una izquierda liberal en lo que toca a las mujeres. Ninguno de los tres presidentes es partidiario del aborto, ni tiene una clara política de promoción de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, adolescentes y niñas. Este populismo conservador representa una grave amenaza para los derechos sexuales y reproductivos por sus cercanías con ideas tradicionales en torno a la familia y discriminatorias para las mujeres, recalcando su destino social para ser “buenas madres y esposas”. En los casos de los ultraderechistas Bolsonaro y Trump, su misoginia pública y cínica considera los cuerpos de las mujeres como material disponible para la sujeción y el dominio sexual masculino. En sus manos, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres están —y estarán— en constante amenaza de ser restringidos por medio de sus políticas públicas de salud y sus preocupantes alianzas con las jerarquías religiosas, tanto católicas como evangélicas. Más allá del impacto administrativo que sus políticas tienen en los recortes presupuestales para programas de educación sexual, la obstaculización al financiamiento de organizaciones y clínicas de salud reproductiva y los intentos regresivos de limitarla en el ámbito de la justicia, el golpe más grave de estos gobiernos es cultural: la idea de que las mujeres son entes reproductores y su denigración como objetos sexuales en el discurso público, cuestión que legitima ampliamente el machismo y las masculinidades tóxicas dentro y fuera, de Brasil y Estados Unidos. En suma, incluso frente a la ola verde de movilización social que sacudió a Argentina y que ha escalado fervientemente a otros países de la región, promoviendo el debate público sobre la despenalización del aborto, las resistencias para el avance de los derechos reproductivos en las Américas son fuertes y se han incrementado con la llegada al poder de gobiernos populistas.

La interseccionalidad recoge la preocupación histórica de incluir las experiencias de discriminación racial (sobre todo de las mujeres afrodescendientes) en los análisis sobre violencia de género y desigualdad. Por tanto, propone analizar y comprender la discriminación en el cruce de caminos del género, la raza y la clase, principalmente. A raíz de esta crítica sobre la ceguera racial en la revisión de casos de violencia y discriminación contra las mujeres, se le han sumado —en América Latina— otras categorías igual de sospechosas de violar la igualdad: la etnia, la orientación sexual, la edad, etcétera. Quizá la interseccionalidad pueda entenderse mejor como una pregunta. ¿Cómo pueden incorporarse mejor las experiencias de las mujeres por su raza, género y clase en los análisis sobre discriminación? ¿Cómo resaltar experiencias particulares al analizar la desigualdad estructural por la que atraviesan las mujeres o algunas poblaciones históricamente discriminadas? La respuesta es contextual y casuística en ejercicios de interpretación constitucional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha tratado de realizar interpretaciones interseccionales en sentencias recientes. Por ejemplo, en el caso de Talía Gonzáles Lluy, una niña que fue contagiada de VIH cuando tenía tres años por una trasfusión de sangre en un hospital de Ecuador, la Corte consideró que la discriminación que vivió Talía se derivó de múltiples factores, como resultado de la intersección de su edad, género y situación de pobreza, lo que se agravó al haber sido contagiada del VIH (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2015).

Sin embargo, la respuesta se complica cuando en el diseño de políticas públicas se intentan incluir marcadores diferenciales identitarios, pues entra en juego el presupuesto estatal y los recursos limitados, así como la dificultad de incorporar en normas y estrategias generales, necesidades de grupos poblacionales muy diferentes. Aplicada al campo de los derechos sexuales y reproductivos, la interseccionalidad puede aportar preguntas necesarias para analizar la discriminación que han vivido las mujeres indígenas y afrodescendientes de la región. ¿Cómo les ha afectado en particular la falta de acceso a servicios de educación sexual y salud reproductiva? ¿Qué obstáculos específicos han enfrentado para tomar decisiones autónomas en el ámbito de la sexualidad y la reproducción? ¿Qué formas específicas de discriminación sufren cuando tratan de acceder a los servicios públicos de salud? De acuerdo con la CEPAL (2011) hay mayores tasas de embarazo entre mujeres indígenas jóvenes de la región, quienes además presentan altos niveles de rezago y exclusión educacional, en comparación con mujeres no indígenas. Se ha documentado también cómo las mujeres indígenas y afrodescendientes, por la intersección del género con la raza y/o etnia, están expuestas a un mayor riesgo de violaciones a sus derechos humanos frente a los sistemas de justicia y de salud, a falta de intérpretes en el acceso a estos servicios en casos de violencia sexual (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2011). La mortalidad materna por atenciones deficientes en la atención prenatal y el parto es también otro de los fenómenos que afecta de manera desproporcionada a las mujeres afrodescendientes en la región.⁶ En este contexto, ante los ataques regresivos de la coyuntura política actual, la interseccionalidad es una pregunta obligatoria para repensar (viejos) problemas de discriminación estructural en la esfera sexual y reproductiva.