Cortesía de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos AC

Madres que buscan rastros de sus hijos en terrenos baldíos. Periodistas que tienen pesadillas en las que son ejecutados por armas de alto poder. Jóvenes que testimonian para conseguir el reconocimiento de las desapariciones forzadas en México ante actores internacionales. Activistas de derechos humanos que llevan la cuenta y registro de las víctimas invisibles de la llamada guerra contra el narcotráfico, es decir, las personas desplazadas. Estas temáticas integran los cuatro textos de este dossier, los cuales fueron escritos por mujeres que transitan entre la academia y el activismo. En ellos se exponen la deshumanización del discurso y el accionar militarista, se iluminan los significados de quienes sufren y resisten a tales circunstancias, y se evidencia el modo cruel en que la sociedad mexicana ha sido golpeada por la militarización de la seguridad pública.

A través de estudios de caso, realizados mayormente en el norte del país y uno en la capital, se analiza la agencia de las víctimas, quienes, en colaboración con organizaciones de la sociedad civil y académicos, actúan para resarcir las violaciones a derechos humanos: desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, ataques a la libertad de expresión y desplazamientos forzados.

Mientras que algunas víctimas buscan la verdad, es decir, localizar a sus “tesoros”, otras pugnan por el reconocimiento de la responsabilidad del Estado mexicano ante actores internacionales y una improbable justicia. Huir y desplazarse también son formas de resistir, sobre todo cuando se afronta el temor a la victimización. En tanto, se mantiene la esperanza de volver al terruño y trabajar para garantizar la no repetición. Tal es el caso de los periodistas desplazados, quienes sólo hasta recientemente se han organizado en una agrupación.1

Militarización de la seguridad pública y violaciones masivas a los derechos humanos

Los cuatro artículos que componen este dossier son enfáticos en señalar el saldo humanitario de la mal llamada guerra contra el narcotráfico, una guerra no convencional que se inscribe en el registro de las nuevas guerras (Kaldor, 2001), donde las luchas armadas se dan dentro de los estados mismos debido a su incapacidad de encarar la descomposición social; guerras donde se suelen enfrentar ejércitos no regulares. Mbembe (2012), citado por Robledo en este número, destaca el carácter global de las nuevas guerras que expresan: 1) una relación cada vez más estrecha entre la política y la guerra, que implica una identificación profunda entre las libertades políticas y la seguridad; 2) una dramática incertidumbre sobre quién es el enemigo y la existencia de una serie de tecnologías y dispositivos para identificarlo; 3) un carácter asimétrico en el ejercicio del poder bélico, que se ejerce sobre todo contra la sociedad civil; 4) la multiplicación tecnológica de la capacidad para la destrucción; 5) el carácter estructural de estas guerras, que buscan destruir las condiciones básicas de las sociedades contra las cuales se dirigen; 6) la proliferación de guerreros que actúan orientados a intereses del mercado, y 7) una guerra que no sólo se cierne sobre los cuerpos sino también sobre la naturaleza.

En México, los Operativos Conjuntos llevados a cabo en ciertas regiones, en cuanto estrategia del gobierno para enfrentar al enemigo denominado “narcotráfico” y posteriormente rebautizado como “crimen organizado”, supuso el despliegue de las fuerzas armadas nacionales. Esto, como bien subraya May-ek Querales: “condujo a serios conflictos en las regiones en las que se implementó debido a que redundó en la presencia de tres actores armados sobre los territorios: los cuerpos policiacos (federal, estatal y municipal), el ejército y/o la marina, y el crimen organizado”.

Brenda Pérez y Montserrat Castillo, activistas en la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), detallan el saldo humanitario de esta estrategia militarizada que incrementó de manera exponencial la violencia directa ejercida hacia la población civil. A partir de 2006, México experimentó un alud de homicidios, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones, todas violaciones graves a los derechos humanos que presentan con detalle las autoras citadas. La prensa no estuvo exenta de ello. Al respecto, Séverine Durin da cuenta de las formas letales de coacción usadas en contra de los medios de comunicación en el noreste. A partir de varios casos, la autora da cuenta de la violencia de la cual fueron objeto los periodistas: amenazas de muerte, homicidios, desapariciones y ataques con armas de alto poder en contra de los edificios de la prensa regional. La guerra, como bien lo demuestra Durin, transcurrió también en el ámbito comunicacional y colocó a los periodistas en la línea de fuego, de manera que los actores armados en contienda buscaron controlar la línea editorial de los medios; el Estado lo hizo al firmar acuerdos con los medios de comunicación en 2011 (Eiss, 2014), mientras que los actores armados ilegales los coaccionaron para ocultar bajas en sus tropas o comunicar acciones crueles por medio de las televisoras y sembrar terror en la población.

A raíz de estas violaciones a derechos humanos y de la violencia criminal, México conoció una nueva ola de migraciones forzadas, algunas internas y que no han sido reconocidas por el Estado, que alcanzaban 329 917 personas desplazadas en diciembre de 2017, según el monitoreo realizado desde la CMDPDH; otras hacia el exterior, especialmente hacia Texas, donde activistas, periodistas y desplazados del Valle de Juárez se reunieron en torno a la figura de su abogado y crearon Mexicanos en el Exilio (véase Querales).

Otras víctimas, que se sienten “muertas en vida”, peinan con sumo cuidado los terrenos donde sus seres amados pudieron haber sido sepultados por parte de quienes quisieron borrar las evidencias de su crimen, y así sembrar zozobra entre la población. Desaparecer el cuerpo de una persona, sin permitir que sus familiares le den una sepultura, es parte de la pedagogía de la crueldad que actores armados, legales e ilegales, infligen a la población civil, como bien lo destaca Robledo: “México ha asistido a la amplitud del espectáculo del sufrimiento y de la crueldad, a través de la puesta en escena de diversas modalidades de violencia extrema” (Nahoum-Grappe, 2002). Tal vez el esfuerzo más perverso, y el más buscado por sus perpetradores, es aquel que destaca Querales, para quien las desapariciones forzadas, ejecuciones en la vía pública, ejecuciones extrajudiciales, mantas y amenazas escritas en la vía pública, y cuerpos vejados y exhibidos en las rutas cotidianas, se utilizan para desarticular sentidos comunitarios y silenciar a las comunidades.

Enemigos internos, violencia estructural y desmantelamiento de la ciudadanía

Desde la perspectiva de Johan Galtung (1990), la violencia directa, que toma la forma de homicidios, desapariciones y desplazamientos forzados, sólo se puede entender en su relación con la violencia estructural y la violencia cultural, es decir, los elementos culturales y simbólicos que justifican la violencia estructural y mantienen a sectores de la población excluidos de los beneficios del común. Entonces, ¿cuáles fueron los elementos culturales, simbólicos e ideológicos que legitimaron el uso de la violencia directa? Y, ¿de qué manera derivó también en una mayor violencia estructural?

Como expliqué en otros espacios (Durin, 2018), la construcción de la figura del “narco” como un enemigo interno a vencer por las fuerzas castrenses ocurrió hacia finales de 2006. Esto se intersecta con representaciones negativas acerca de los varones jóvenes de medios populares, y no es anodino que sean “cientos de jóvenes hombres y mujeres a los que se les ha negado su dignidad” al desaparecerlos (Robledo) y que los homicidios hayan repuntado entre los jóvenes de entre 15 y 29 años de edad en esta época. Este fenómeno que fue calificado de juvenicidio (Valenzuela, 2015), evidencia el reforzamiento de la violencia estructural en contra del sector juvenil, especialmente varones de medios populares.

Tabla 1: Homicidios en la población de 15 a 29 años en México (1990-2017)

Fuente: INEGI. Estadísticas de mortalidad. Defunciones por homicidio (2018).

A su vez, el miedo de las clases dominantes hacia los sectores populares, el cual se activó durante la campaña electoral de 2006, transmutó en un miedo hacia los “narcos” durante la temporada poselectoral, cuando el presidente electo acordó con las autoridades estadounidenses la estrategia binacional de seguridad llamada Iniciativa Mérida, similar al Plan Colombia (1999-2005), que no sólo implicaba una estrategia antidrogas sino también favorecer la inversión extranjera en sectores estratégicos, asesoría técnica para reformas legales, e incentivos fiscales (Paley, 2012).

Este mecanismo de construcción de enemigos internos, que sirven de chivos expiatorios, es un recurso ideológico que Jacques Sémelin (2013) observó en las lógicas que llevaron a perpetrar masacres en la Alemania nazi, Bosnia y Ruanda. Requieren de líderes políticos que sean capaces de activar sentimientos nacionalistas, sobre la base de un deseo de restauración de la grandeza perdida de la nación, y la identificación de responsables de la derrota que deben ser destruidos. En nuestro caso, la alteridad del “narco” fue erigida como aquella que debe ser vencida, a muerte si es necesario. De acuerdo con esta retórica, en enero de 2007, el presidente Felipe Calderón se presentó vestido de militar en Apatzingán, Michoacán, donde declaró ante las fuerzas armadas que “vengo hoy como comandante supremo a reconocer su trabajo, a exhortarlos a seguir adelante con firmeza, entrega y a decirles que estamos con ustedes” (La Jornada, 3 de enero de 2007). Esto porque “su gobierno está decidido a recuperar la paz, no sólo en esas entidades, sino en toda región de México que esté amenazada por el crimen organizado. Aunque reiteró que la lucha no es tarea fácil ni será rápida, pues tomará mucho tiempo e implicará enormes recursos de los mexicanos, incluso la pérdida de vidas” (idem).

Esta estrategia, que costó miles de vidas, descansó en la estigmatización y persecución de un sector de la población, mas no en el empleo de una estrategia judicial para desarticular a las empresas transnacionales que, con la complicidad de las autoridades, se dedican a la siembra y trasiego de enervantes. Además, la trama nacionalista del discurso no permitía que surgieran voces en su contra, pues era comportarse como un traidor, y expuso a la ciudadanía al horror de la violencia armada en sus ámbitos de vida. Las prácticas de terror de los actores armados en contienda se desplegaron en contra de la población, afectó de manera especial a los activistas, periodistas y líderes comunitarios (véase Querales, Durin, y Pérez y Castillo). Contribuyó a desmantelar la ciudadanía, y como argumentan Pérez y Castillo, el temor a la estigmatización y criminalización fue un potente factor en contra de la organización de las personas desplazadas, de modo que estas víctimas de la guerra contra el narcotráfico quedaron invisibles.

La lucha por la rehumanización

Pese a la violencia extrema, el terror, la impunidad y la deshumanización encarnada en la figura de quien asesina sin piedad o destaza y avienta cuerpos en la vía pública como parte de una gramática de la violencia que pone fin a la condición humana (Reguillo, 2012), la ciudadanía victimizada actuó, como lo demuestran los textos que constituyen este dossier.

Las acciones en pro de la verdad, de la justicia, ante la violencia de Estado y la violencia criminal, son formas de resistir la deshumanización (Levi, 1987) que deriva de las formas crueles de privar de la vida y del ocultamiento de las violaciones perpetradas por los agentes estatales y no estatales responsables. El acto de nombrar con amor a quienes se busca, de referirse a ellos como sus “tesoros”, a diferencia de la terminología forense y científica que prefiere el de “restos”, ilumina la dimensión humana que encierran sus acciones. Las rastreadoras del Fuente, Sinaloa, o las personas que participan en las brigadas de búsqueda en Veracruz o Guerrero, frente a la inacción del Estado y el régimen de impunidad y de no verdad, se organizan para saber qué ha pasado con sus familiares, y procurar la identificación y restitución desde un enfoque humanitario. Su estrategia, que difiere de las de otros colectivos y organizaciones de derechos humanos, abandona toda exigencia de justicia y designación de culpables, para así evitar la persecución de las autoridades y conseguir su colaboración en las tareas de identificación, las cuales presentan enormes retos en la actualidad. Por medio de las búsquedas ciudadanas, experimentan la capacidad restauradora del acto que rehumaniza al recrear lazos sociales, y construye una comunidad emocional de víctimas y aliados (véase Robledo).

Esta reconexión comunitaria igualmente ocurre entre las víctimas exiliadas en El Paso, oriundas del Valle de Juárez y ahora integrantes de Mexicanos en el Exilio, quienes encuentran en la organización una manera de lograr una reconexión subjetiva, al narrar sus experiencias traumáticas y transformarlas en sufrimiento, por medio del diálogo intersubjetivo instaurado en terapias, cartas escritas y actos de protesta. Además de participar en las reuniones mensuales de los miembros de la organización, la reconexión comunitaria opera al colaborar con organismos de derechos humanos, ubicados en la ciudad fronteriza de Juárez, y dirigir actos hacia la sociedad civil estadounidense (obras de teatro, protestas, conferencias de prensa) para difundir las violaciones a derechos humanos en México. Así, desde las márgenes del Estado nacional, se dirigen ante audiencias diversas, para exigir el reconocimiento de la situación que priva en su país y exigir justicia (véase Querales).

Sin embargo, no todas las víctimas se agrupan en torno a un objetivo común, y en el caso de las personas desplazadas (véase Durin, Pérez y Castillo), el primer impulso es salvar la vida y no da pie a reunirse con personas en igualdad de condición, especialmente cuando los desplazamientos son individuales o familiares, como ocurrió en el caso de los periodistas entrevistados por Durin. Además, la coacción a la que estuvieron expuestos fue tardíamente advertida por sus colegas en el centro del país, sede de las organizaciones de periodistas, y transcurrieron algunos años hasta que se ofrecieron capacitaciones y crearon redes de periodistas en el noreste, lo que permitió sentar bases para un gremio periodístico más solidario en esa región del país. Cabe subrayar que la creación de la FEADLE,2 así como del Mecanismo de Protección para Periodistas y Defensores de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación, además de ser posterior a los eventos de victimización sufridos por los periodistas, no consiguió resarcir la impunidad en que se encuentran los ataques en contra de la prensa, por lo que México sigue siendo un país muy peligroso para el ejercicio del periodismo.3

En este sentido, los organismos de derechos humanos tienen un papel de primera importancia en visibilizar el desplazamiento forzado, especialmente la CMDPDH que creó en 2014 un departamento dedicado al tema a fin de documentar casos, y contrarrestar la narrativa oficial que niega la existencia del fenómeno, a pesar de las evidencias presentadas por la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos (2016). El trabajo de documentación sistemática de los casos de desplazamiento, junto con el monitoreo de la prensa, da cuenta de la magnitud del fenómeno, y les permite construir información confiable, al mismo tiempo que preparan litigios estratégicos y acuden ante organismos internacionales de derechos humanos.

Posiciones en tensión: academia, sociedad civil organizada y Estado

A manera de reflexión final, los textos están escritos desde distintas posiciones, desde los organismos de derechos humanos, como la CMDPDH, la academia, y en colaboración con los colectivos de víctimas y organismos. El texto de Robledo da cuenta de la importancia de desconstruir los saberes científicos y estar atentos a los saberes de las personas, las víctimas, a sus expectativas, frente a una ciencia forense que dicta procedimientos, pero también una ciencia en la que el testigo experto pueda apoyar las demandas de víctimas.

Inevitablemente, surgen tensiones en la relación que las víctimas tejen con otros actores, a veces aliados, otras veces no, que somos los académicos, las burocracias del Estado —que tienden a no actuar y a revictimizar, pero cuentan con los medios para identificar a los “tesoros” encontrados en las búsquedas ciudadanas— y los organismos de derechos humanos, que pugnan por nuevas legislaciones, al tiempo que siguen lo que marcan las vigentes. Desde una perspectiva antropológica, conviene recordar la importancia de colocar en el centro la dignidad de las personas con quienes trabajamos, y también ser conscientes de nuestros propios retos en términos de cuidar nuestras vidas. Hoy, es fundamental trabajar en red para actuar de modo seguro desde la trinchera académica.

Referencias bibliográficas

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