Resumen

En México, los procesos de migración irregular internacional han sido históricamente acompañados por organizaciones de la sociedad civil, que han asistido de manera directa a las personas migrantes y refugiadas en su tránsito o permanencia en los distintos estados del país y generado, además, procesos de incidencia política y social para garantizar el acceso a los derechos humanos. La presente propuesta ofrece un análisis y reflexión en torno a los cambios en las dinámicas migratorias en México, enfocado particularmente en la aparición de espacios humanitarios para la atención de migrantes y refugiados, y su articulación en redes y colectivos, para constituirse en actores clave de hospitalidad y solidaridad para las poblaciones migrantes en el país. Para ello se analiza información generada a partir de la propia participación en el activismo humanitario, con el apoyo de trabajo de gabinete en torno a este tema.

Palabras claves: albergues, migración, redes, sociedad civil

immigration and networks of shelters in mexico

In Mexico, civil society organizations across the country have historically been involved in assisting immigrants and refugees both in transit and once they settle in their destination. Besides this service, these organizations also do political and social outreach to protect the human rights of these migrants. This article provides an analysis and discussion on the changes in migration dynamics in Mexico, focusing particularly on new spaces that offer humanitarian aid to immigrants and refugees, and the networks and collective organizations they form. It shows how these organizations have become key actors for immigrant populations in Mexico, welcoming them in solidarity. As part of the analysis, information stems from the researchers’ own participation in humanitarian activism as well as desk research on the topic.

Keywords: migration, civil society, shelters, networks, Mexico.

Introducción

Desde 2010 las dinámicas de movilidad en México han registrado cambios importantes en su composición, perfiles, conformación de rutas, modalidades de desplazamiento y respuestas institucionales. El cambio en los flujos, así como las razones para abandonar sus países o lugares de residencia, implicó también un cambio importante en la atención brindada por organizaciones sociales, puesto que el tránsito se hizo más lento y la espera cada vez más prolongada. En adición a ello, la figura del asilo comenzó a cobrar fuerza en el país, pues las personas al saberse desplazadas y con el apoyo y orientación de las organizaciones y agencias internacionales, comenzaron a demandar su derecho a ser reconocidas como refugiadas, lo que también supuso un reto importante para la respuesta institucional mexicana. A esta situación se sumó el recrudecimiento de las políticas migratorias norteamericanas, lo cual favoreció que las personas tuvieran que permanecer más en las ciudades y, en consecuencia, en los albergues para migrantes, por lo que las organizaciones fueron adaptándose a las circunstancias, modificaron su estructura operativa y respuesta hacia estas poblaciones; esto fue visible en la cantidad de personas hospedadas, los servicios ofrecidos, los tiempos de permanencia en los albergues y la integración de nuevos servicios (médicos, psicológicos, lúdicos, legales, educativos).

Así, en los procesos migratorios en México, la presencia de cientos de organizaciones de la sociedad civil distribuidas a lo largo y ancho de la República, dedicadas a la atención y acompañamiento de estas poblaciones en movilidad, se ha vuelto fundamental para el soporte humanitario, la visibilización y la incidencia en favor de las problemáticas asociadas a su tránsito o presencia en nuestro país.

Frente a las diferentes respuestas dadas por las instituciones del Estado –que podrían ser calificadas como carentes de una visión humanista basada en la protección de los derechos humanos–, con mayor énfasis desde 2010,1 las organizaciones de la sociedad civil (tanto las legalmente constituidas como las que no) han ganado terreno y visibilizado tanto las necesidades de las personas en movilidad, como las constantes violaciones a los derechos humanos de que son objeto en su tránsito o estadía en nuestro país.

En este trabajo se analiza la respuesta generada por los albergues y casas de migrante y de manera particular las iniciativas de trabajo en red establecidas entre dichas organizaciones de la sociedad civil, las cuales han permitido el establecimiento de alianzas, mecanismos de trabajo, comunicación y de protección mientras desarrollan su labor humanitaria. Para lograr lo anterior, se realizó trabajo de campo y un ejercicio de autoetnografía en el ejercicio de la defensa de derechos humanos de personas migrantes; además, se llevó a cabo una búsqueda y análisis documental en trabajos generados por organizaciones de la sociedad civil, para así redactar el presente texto y analizar en primera instancia el contexto de movilidad que da pie al surgimiento de estos proyectos. Se prosiguió con la configuración de las respuestas generadas por las casas y albergues para migrantes, así como la presentación de algunas experiencias de trabajo en red que demuestran la capacidad de organización, trabajo colaborativo y de respuesta articulada en un contexto de alta migración. El artículo cierra con algunas reflexiones que abarcan retos y aprendizajes de las experiencias analizadas.

Movilidad humana en México, entre la emergencia, la complejidad y la persistencia

Como ha sido ampliamente documentado, México es un país de expulsión (Durand, 2017) y retorno (Canales y Meza, 2018) de personas migrantes que van o han estado en Estados Unidos. Desde hace cerca de tres décadas, a estos procesos de movilidad se han integrado contingentes de poblaciones extranjeras, inicialmente centroamericanas, que usan nuestro país como espacio de tránsito para internarse en Estados Unidos (Casillas, 1996), a las que, a la postre, se han ido sumando personas provenientes de países como Cuba, Haití, Venezuela o de otras regiones como África y Asia.

En ese sentido, desde aproximadamente el año 2015 se hizo notorio que a dichos procesos migratorios se adicionaron los de personas motivadas ya no solo por deseos de índole económica, sino sobre todo por huir de la violencia,2 así emprendieron el camino para salvaguardar su vida y solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado en nuestro país (Quijas y Hernández-López, 2023). Asimismo, la restricción en las políticas migratorias estadounidenses (Delkáder-Palacios, 2022) dificultaron el internarse o siquiera acercarse a dicho país, lo que favoreció que el tránsito y la espera se prolongara, convirtiendo así a México en un país de destino, temporal o permanente, para miles de personas de diferentes nacionalidades.

De manera particular desde 2019, a los históricos mecanismos de control de las migraciones por parte de los Estados Unidos se añadieron disposiciones que, en su afán por contener e inhibir el ingreso de personas indocumentadas, forzaron a México a convertirse en lugar de recepción de población extranjera, tal y como aconteció con la puesta en marcha del programa Quédate en México o Protocolo de Protección a Migrantes3 (mpp por sus siglas en inglés) (París Pombo, 2022), la aplicación del título 424 del código civil durante la pandemia de covid-19 (Hernández y Ramos, 2022) y el uso del cbp-one para la gestión de citas para defensa de casos de asilo (Ríos, 2024) y la vuelta a la aplicación del título 85 con sanciones de entre cinco y diez años para personas que intenten reingresar sin documentos a los Estados Unidos.

Como parte de las dinámicas de movilidad en México, no se pueden obviar las relacionadas con la movilidad interna de miles de personas desplazadas por la violencia criminal persistente en diferentes regiones del país (Silva Hernández, 2020), originarias de estados como Guerrero, Michoacán, Jalisco o Tamaulipas, quienes buscan en otras entidades federativas (prioritariamente en el norte de México) la posibilidad de preservar la vida fuera del contexto de violencia que predomina en sus lugares de origen.6

De manera particular destaca el hecho de que la llegada de personas desplazadas internas a la frontera norte de México se ha convertido también en la antesala para la movilidad internacional, mediante la solicitud de asilo en los Estados Unidos. Aunque se desconoce la magnitud del fenómeno en ciudades fronterizas, debido a la ausencia de datos oficiales, la problemática se puede palpar en los espacios humanitarios de ciudades como Tijuana, en donde estimaciones indicaron que el 90% de las personas albergadas en dichos espacios eran de origen mexicano y en condición de desplazamiento (Jaramillo, 2024).

Ahora bien, las dinámicas de movilidad antes referidas significaron un paulatino cambio en los patrones migratorios (Canales y Rojas, 2018), es decir, en la composición de los flujos, así como en las rutas y en las estrategias migratorias a nivel nacional, dentro de las cuales destaca el paso de la clandestinidad con la que, históricamente, se movilizaban por México las personas migrantes indocumentadas, por el de la visibilidad y demanda de derechos, notorio en la conformación de flujos masivos conocidos como caravanas migrantes, acaecidos con mayor importancia desde el otoño- invierno de 2018 (Nájera, 2019) y de manera recurrente hasta 2023, los cuales intentaban transitar por la geografía nacional para llegar a Estados Unidos o simplemente para salir de la frontera sur de México y encontrar en otras entidades del país la posibilidad de que sus trámites migratorios o solicitudes de asilo fueran resueltas de manera más expedita.

En este contexto de histórica movilidad, la frontera norte de México ha sido, por excelencia, un espacio propicio para la concentración de las dinámicas de movilidad interna e internacional más importantes del país. Ciudades como Tijuana en Baja California o Ciudad Juárez en Chihuahua cargan con una larga tradición migratoria al convertirse en asentamientos temporales o permanentes de personas migrantes (Albicker y Velasco, 2016; Pérez, 2015; Castorena, 2021; Martínez Montoya, 2022). De manera concreta, Tijuana y Ciudad Juárez se han vuelto fundamentales para entender, primeramente, la migración mexicana a los Estados Unidos, por constituirse como lugares de paso obligado hacia aquel país, pero también como espacios de retorno (voluntario e involuntario). De ahí que no es casual que en ciudades como Tijuana se creara, en 1987, la primera casa de migrantes en el país, precisamente para atender las necesidades de las personas que han sido de manera sistemática deportadas desde los Estados Unidos.

En contraparte, la frontera sur del país, en concreto ciudades como Tapachula, Chiapas o Tenosique en Tabasco, han formado parte importante de las dinámicas de movilidad indocumentada por el país desde hace más de más de medio siglo, con la migración de población guatemalteca que se internaba a trabajar en la región del Soconusco chiapaneco (Castillo, 1990); sin embargo, debido al tránsito de personas hacia Estados Unidos, su visibilidad comenzó a hacerse latente desde fines de 1990, aunque en los últimos seis años la presencia masiva de migrantes y refugiados de cientos de países la han posicionado en el centro de la atención pública.

La porosidad de la frontera sur de México cobró relevancia y atención a partir del año 2010 con la masacre perpetrada por el crimen organizado hacia 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, que favoreció –debido a la presión política y social nacional e internacional– la observancia del tránsito migratorio, de los puntos de acceso al país, las rutas, los medios de transporte, sus perfiles y sus actores involucrados en la problemática. Ello propició que el Estado mexicano tratara en diferentes ocasiones de controlar y ordenar la frontera sur (Villafuerte, 2017; Castillo, 2022), incrementando los dispositivos de control y verificación migratoria en puntos y ciudades que no necesariamente se circunscriben al entorno inmediato fronterizo, pero que, en definitiva, sirven para tratar de inhibir o desalentar el tránsito migratorio indocumentado.

En ambas fronteras, 2018 significó un punto de inflexión por la presencia o tránsito masivo de estos flujos de migrantes indocumentados. En el norte, por el arribo de personas nacionales y extranjeras que buscaban ingresar a los Estados Unidos vía irregular, con cruces clandestinos o mediante una solicitud de asilo. En el sur, por la llegada de miles de personas extranjeras, de diferentes latitudes del continente, que buscan recibir reconocimiento como refugiados en México o continuar su trayecto hasta la frontera norte para internarse en la Unión Americana.7

Ahora bien, la conexión entre ambas fronteras ocurre inevitablemente bajo una dinámica de tránsito, categoría que ha tenido que resemantizarse para lograr captar la multiplicidad de procesos que discurren dentro de ella (Nájera, 2016). Puesto que ya no hablamos del tránsito como se hacía a inicios de la década de 2010, desde donde se consideraba dicha dimensión en los procesos migratorios como un intervalo entre el salir y el llegar, muchas de las veces atravesando fronteras nacionales (aunque no exclusivamente), sin una definición de temporalidad precisa, pero que garantizaba la continuidad en el movimiento de las personas en su trayecto y destino. Resalta también el hecho de que la primera noción del tránsito migratorio estaba más vinculada con la intención de una migración más de carácter laboral, sustentada en las magras condiciones de vida en el lugar de origen y en la posibilidad de encontrar mejores condiciones de vida, empleo y salario en el de destino (Hernández, 2013; Nájera, 2016).

Ahora, la realidad nos indica que el movimiento de personas ya no es hasta cierto punto lineal, ni continuo o inmediato, sino que se trata de un movimiento que puede prolongarse en el tiempo, cambiar de destinos, recurrir a diferentes estrategias para lograr atravesar la geografía nacional e internarse en los Estados Unidos. Por lo que el tránsito migratorio, como categoría analítica, ha adquirido nuevas dimensiones y da cabida a intervalos de tiempo más prolongados, trayectorias diversas y esperas inciertas e indefinidas.

A diferencia de las tradicionales motivaciones para realizar el tránsito migratorio (González, 2013; Nájera, 2016; Hernández et al., 2019), la agudización de condiciones adversas en los países de origen, como el incremento exacerbado de la violencia (Castillo Ramírez, 2018), la inseguridad (Castillo, 2020), así como grandes cambios y tensiones políticas (Pombo, 2016), además del impacto de fenómenos naturales (terremotos y huracanes) (Casillas, 2020), propiciaron que las motivaciones para migrar cambiaran, y que el tránsito no fuera única y estricta o prioritariamente bajo una vertiente económica, sino con una lógica de escape de la violencia y, por tanto, de preservación de la vida. En ese sentido, en el momento actual atestiguamos el traslape de motivaciones que explican el movimiento de las personas, haciendo muy difusas y complejas las razones para salir de los lugares de origen o residencia.

Aparejado a este cambio en las dinámicas del tránsito y en las motivaciones para migrar, vino el incremento en la magnitud de los flujos, lo que trajo consigo la necesidad de una diversidad de respuestas institucionales públicas, muchas de las cuales se basaron en un enfoque de contención vigente en los últimos 20 años en la política migratoria mexicana (Angulo, 2021); muy a pesar de que reiteradamente se ha demostrado que dichas medidas conducen al incremento del riesgo y vulnerabilidad para las personas migrantes. En ese sentido, el flujo de personas migrantes en situación irregular, a pesar de los intentos por contenerlo, básicamente no se ha reducido y, por el contrario, muchas de las personas migrantes han optado por transformar su manera de visibilizarse y movilizarse para transitar o permanecer en el país.8

De esta forma, de 2018 a 2024, el Instituto Nacional de Migración (inm) ha registrado más de 2 851 000 eventos9 de personas10 en situación migratoria irregular, de las cuales, casi 650 000 han sido devueltas a sus lugares de origen; mientras que, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (comar) tiene un registro de más de 555 000 personas11 de alrededor de 100 distintas nacionalidades que han solicitado ser reconocidas como refugiadas en nuestro país.

Hospitalidad y solidaridad: casas de migrantes, albergues y comedores humanitarios en México

Frente a la adversa situación enfrentada por las personas migrantes a lo largo y ancho de la geografía nacional, se ha venido configurando una extensa red de solidaridad (Parrini y Alquisiras, 2019) conformada por albergues y espacios de atención humanitaria que, movidos por la defensa de derechos humanos a la par de acompañar en sus necesidades más básicas a quienes transitan o residen de forma temporal o permanentemente en el país, generan espacios de sensibilización social e incidencia en políticas públicas para contrarrestar el enfoque punitivo de la gestión migratoria nacional. Dichas iniciativas se han vuelto espacios clave, porque con su trabajo e incidencia ofrecen insumos para entender tanto los cambios en las dinámicas migratorias, el impacto de las políticas migratorias y la ineficiencia de las políticas de protección, como también la hospitalidad y solidaridad promovida y ejercida por un importante sector de la sociedad mexicana.

La idea de hospitalidad está muy de la mano con lo que el filósofo Jacques Derrida (2004) llamó hospitalidad incondicional, la cual “no consiste en una invitación (‘yo te invito, yo te acojo en mi casa [chez moi] con la condición de que tú te adaptes a las leyes y normas de mi territorio, según mi lengua, mi tradición, mi memoria’, etc.)”. Sino que está abierta de antemano a cualquiera que pueda no ser esperado, invitado y en consecuencia sea absolutamente extraño. Se vuelve, por tanto, condición de lo jurídico y lo político que nos permite pensar en la alteridad de una manera radical. Nos expone necesariamente a la presencia de la y el otro, a experiencias de acogida y de convivencia que generarían nuevas narrativas de confianza, esenciales para configurar un orden globalizado de paz (Herrero, 2018).

Por su parte, la solidaridad es una categoría ética, producto de la sociabilidad humana, inicia cuando las personas se ven interpeladas por el sufrimiento del otro y es producto de la libertad con la que se cuenta para asumir tal compromiso (Tischner, 1983). Depende del contexto histórico y cultural en el que se desarrolla y consiste en un vínculo entre los seres humanos que favorece el reconocimiento mutuo, implicando a las personas en una responsabilidad y compromiso compartidos. Abarca la humanidad en amplitud y profundidad referida a toda persona por igual (Hernández y Mora, 2023).

La implementación de la solidaridad se erige como un motor de procesos de organización social, particularmente en contextos donde los mecanismos institucionales destinados a la producción y mantenimiento de la justicia son inexistentes o ineficaces. Asimismo, la solidaridad se manifiesta en contextos caracterizados por una distribución desigual de la riqueza y en los que amplios sectores de la población se encuentran en condiciones de marginalidad y pobreza. Este concepto subraya la lucha por el reconocimiento y la garantía de los mínimos materiales indispensables para el desarrollo de una vida digna, abarcando la satisfacción de las necesidades básicas, el ejercicio de las libertades y la construcción de relaciones interpersonales (Hernández y Mora, 2023).

Como se precisó anteriormente, la primera casa del migrante del país fue la de la ciudad de Tijuana, la cual fue fundada por los Misioneros de San Carlos Borromeo (scalabrinianos) con la intención de ofrecer un espacio para la atención a la población deportada desde Estados Unidos, y brindar servicios humanitarios (alojamiento, alimentación), así como apoyo para la inserción laboral o retorno a sus comunidades de origen

Siguiendo el carisma de su congregación, los misioneros scalabrinianos poco a poco fueron habilitando otros espacios de ayuda humanitaria a lo largo de la frontera norte, en 1990 en Ciudad Juárez, Chihuahua; 2001 en Agua Prieta, Sonora; 2006 en Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde tradicionalmente esta experiencia de atención estuvo muy enfocada en las poblaciones mexicanas en retorno desde los Estados Unidos; y en la frontera sur, con la apertura en 1998 de la casa del migrante de Tapachula, Chiapas, así como otras entidades del país, como Guadalajara, Jalisco, en 2016 o la Ciudad de México en 2022. En la misma sintonía y con el carisma scalabriniano, en 1994 inicia operaciones el Instituto Madre Asunta en Tijuana, como una iniciativa de la congregación de las Hermanas Misioneras de San Carlos Borromeo Scalabrinianas que se encuentra en 26 países respaldando programas de bienestar y atención con los migrantes.

A partir de 2010, luego de la tragedia de los 72 migrantes mencionada, las organizaciones de la sociedad civil lideraron procesos de incidencia12 que permitieron estimular la participación de otros actores sociales, muchos de ellos vinculados a la Iglesia católica (aunque no de manera exclusiva), quienes fueron dando vida a iniciativas de atención, acompañamiento y defensa de migrantes en tránsito. Así, surgieron a lo largo y ancho del país una cantidad importante de iniciativas para la protección de las personas migrantes en forma de comedores, centros de día y albergues que poco a poco diversificaron sus servicios a partir de las necesidades identificadas por las personas en movilidad (Candiz y Bélanger, 2018; Valenzuela, 2024), muchos de ellos con apoyos en materia de alojamiento, alimentación, higiene, algunos incluían servicios especializados como asesorías y acompañamientos en materia de salud física y mental, así como en temas jurídicos y apoyos para la inserción laboral o educativa para aquellas personas que hicieron de México su destino.

Imagen 1: Cocina haitiano-venezolana en Suchiate, Chiapas. Fuente: América Navarro, 2023.

Hoy en día existen más de trescientos proyectos13 dedicados fundamentalmente a la atención humanitaria de la población en movilidad, dispersos por toda la República Mexicana; muchos tienen sus orígenes en las organizaciones relacionadas con la atención y el acompañamiento a la movilidad en tránsito, básicamente de población centroamericana que utilizaba como referencia los corredores ferroviarios del tren de carga conocido como La Bestia como medio de transporte para trasladarse dentro del territorio mexicano.

De esa forma, las personas centroamericanas ingresaban a México por los estados de Chiapas o Tabasco, en donde inician los corredores ferroviarios (en ciudades como Arriaga14 y Tenosique, respectivamente), para continuar su trayecto por el estado de Veracruz y posteriormente hacia el centro del país, de donde emanan tres importantes rutas: 1) la del Pacífico o del occidente, que pasa por estados como Guanajuato y Jalisco, hasta llegar a Sonora y Baja California; 2) la ruta del centro, que atraviesa Zacatecas, Coahuila y Chihuahua; y 3) la ruta del golfo, que recorre San Luis Potosí, Nuevo León y Tamaulipas (Hernández y Valverde, 2018).

Cada una de estas iniciativas ofrece servicios variados a la población migrante, tales como alimentación, hospedaje, aseo y asistencia médica, fundamentalmente. En algunos casos también se ofertan servicios especializados en materia jurídica, laboral, civil, médica o acompañamiento para la inserción y/o integración local. La amplia gama de servicios y la calidad de los mismos depende de diversos factores: a) el nivel de desarrollo institucional (constitución legal, capacidad de procurar y administrar fondos, estructura organizativa interna, desarrollo de planes de trabajo); b) la infraestructura (existencia y tipo de un espacio físico acondicionado para prestar servicios humanitarios); c) la ubicación en las rutas migratorias (determinará la presencia de personas migrantes, así como el nivel de flujo por la región), y d) el contexto local (respuesta de autoridades y de sociedad en general).

Además, es preciso mencionar que más del 90% de los proyectos humanitarios del país están articulados o dependen directamente de la pastoral eclesial, concretamente de la Iglesia católica.15 El resto son iniciativas desarrolladas por otras iglesias, como la evangélica, o de otras religiones como la musulmana, tal como aconteció en la ciudad de Tijuana, Baja California, con la apertura del albergue para población de dicha religión (Mendoza, 2022) o, también, son iniciativas laicas o no apegadas a alguna confesión religiosa.

Un aspecto importante que destacar es que la labor de las organizaciones de índole humanitaria tiene que ver con su capacidad de adaptación a los rápidos cambios que registra el contexto migratorio, sobre todo en la última década, pues supone transformaciones en los perfiles y necesidades de las personas que se atienden y acompañan. En el norte del país, por ejemplo, la variación en la respuesta estuvo relacionada con el paso de una atención prioritaria a la población mexicana deportada desde Estados Unidos, a la atención simultánea de población en tránsito (centroamericana, principalmente). Mientras que en las otras regiones del país la atención humanitaria estaba centrada casi exclusivamente en personas en tránsito hacia Estados Unidos, desde donde se ofrecían servicios diversos, por lo general pensados para estancias cortas, limitados a tres días de atención, según fuera el caso y la capacidad de la organización.

Tiempo después, del tránsito migratorio se pasó a la estadía prolongada, con la llegada de refugiados de distintas regiones del mundo y, finalmente, el arribo de población desplazada interna a espacios humanitarios del norte del país.

Así pues, todo ello contribuyó de manera paulatina a que se modificaran las dinámicas de operación de los espacios de atención humanitaria, muchos de los cuales, como se dijo, habían sido construidos ex profeso para atender a población deportada, en tránsito o refugiada, y ello suponía una lógica de operación específica en tiempos y formas.

Si bien las causales de movilidad no son excluyentes, a partir de 2015 el patrón migratorio fue registrando un cambio importante: primero, por la presencia de grupos familiares; segundo, porque las razones aludidas para dejar el país estaban relacionadas precisamente con la necesidad de preservar la vida, ante el desbordamiento de la violencia y la incapacidad o indiferencia institucional en los lugares de origen para hacer frente a la expansión de los grupos pandilleriles; y, tercero, por la inestabilidad o tensión política en los países de origen, como Haití o Venezuela.

Este cambio en la composición de flujos, así como las razones para abandonar sus países o lugares de residencia implicaron también un cambio importante en la atención brindada por organizaciones sociales, puesto que el tránsito se hizo más lento y la espera cada vez más prolongada. En adición a ello, la figura del asilo comenzó a cobrar fuerza en el país, pues las personas, al saberse desplazadas y con el apoyo y orientación de las organizaciones y agencias internacionales, comenzaron a demandar su derecho a ser reconocidas como refugiadas. A la par de ello y de forma correlacional, la llegada o el fortalecimiento en la operación de agencias internacionales como la Organización Internacional para las Migraciones (oim) y la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (acnur) han contribuido a estos cambios debido al financiamiento y asesoría técnica que otorgan a los espacios de ayuda humanitaria.

El incremento del desplazamiento forzado y de problemáticas asociadas a la violencia como razón explícita de las personas para migrar, también supuso un reto importante para la respuesta institucional mexicana, puesto que instituciones como la comar tenía escasas capacidades para la atención. Así, para 2015, solo contaba con una oficina en la Ciudad de México, desde donde se atendía a todo el país, mediante el apoyo brindado por el inm.

Así pues, la escasa o nula respuesta pública institucional frente a la situación de vulnerabilidad de las personas migrantes y el recrudecimiento de las políticas migratorias norteamericanas favorecieron que las personas tuvieran que permanecer más en las ciudades y, en consecuencia, en los albergues para migrantes, por lo que las organizaciones se fueron adaptando a las circunstancias, modificaron su estructura operativa y de respuesta hacia estas poblaciones, lo cual era visible por la cantidad de personas hospedadas, los servicios ofrecidos, los tiempos de permanencia en los albergues y la integración de nuevos servicios (médicos, psicológicos, lúdicos, legales, educativos).

En ese sentido, cabe precisar que un incremento en la estancia en dichos espacios supone también un incremento en los costos de operación, pero sobre todo en la necesidad de respuestas diversas para atender y acompañar a estas poblaciones en espera, pues no es lo mismo atender humanitariamente con alimentos, ofrecer un lugar para el descanso e higiene, un poco de ropa y algunas asesorías para alguna persona que va sola, en tránsito y no durará mucho tiempo en sus instalaciones, que ofrecer sus servicios a alguien que llega con niñas, niños o adolescentes o que requiere permanecer semanas o meses por los trámites migratorios o de protección internacional que se necesitan para asentarse en el país.

Por otro lado, y como se mencionó, el trabajo humanitario y de manera especial la presencia de albergues y casas del migrante han tenido un importante crecimiento en el país, y junto con ello la capacidad de realizar vinculación y alianzas entre pares. Esto en parte ha sido motivado por el carisma cristiano de muchos de los proyectos y su relación con la Iglesia católica, pero, ante todo, por el contexto de violencia, impunidad hacia las personas migrantes y sus defensores, quienes tampoco han quedado excluidos de las violaciones a los derechos humanos por parte del Estado, y de agresiones por parte de particulares, como son los grupos del crimen organizado, así aconteció con fray Tomás González y Rubén Figueroa en Tenosique, Tabasco, en 2013, amenazados de muerte y de ser encontrados embalsamados si no dejaban de interferir con el crimen organizado (Front Line Defenders, 2024), o el sacerdote Alejandro Solalinde, en Ixtepec, Oaxaca, en 2013, por denunciar casos de tortura en una estación migratoria del Instituto Nacional de Migración (Vázquez, 2023), o Adrián y Wilson, asesinados en 2014 en el Estado de México mientras apoyaban a migrantes en tránsito (Fundar, 2014), o la organización fm4 Paso Libre de Guadalajara en 2015, que tuvo que cerrar sus puertas por amenazas del crimen organizado e inseguridad persistente en su espacio de atención (El Diario ntr, 2015).

Todo ello ha dado paso a la conformación de interesantes esfuerzos de articulación que, al buscar mecanismos de colaboración intentan fortalecer las capacidades y el trabajo de sus miembros, desarrollar iniciativas conjuntas y mantener comunicación constante para hacer frente a las demandas de los flujos migratorios por las ciudades en las que se encuentran insertos.

Del trabajo en red entre organizaciones

De las experiencias de trabajo en red surgidas por lo menos en la última década, no todas han logrado sobrevivir. Algunas de ellas se han transformado y otras tienen presencias intermitentes. De entre ellas, se destacan tres que tienen diferentes alcances y temporalidad, que en conjunto evidencian la existencia de estrategias variadas para la atención directa a la población en movilidad, así como la incidencia política y social.

Un primer esfuerzo por mencionar es el del Colectivo de Defensores de Migrantes y Refugiados (Codemire),16 nacido en 2015 y desaparecido aproximadamente cinco años después. A pesar de que dejó de operar, interesa destacarlo por ser un esfuerzo icónico en la respuesta humanitaria en el país, que logró aglutinar a una cantidad importante de actores en la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas, el cual, a su vez, ya posicionaba en su agenda la importante presencia de refugiados en nuestro país. Fue un espacio significativo en la defensa de defensores de derechos humanos, en un contexto de fuertes y persistentes agresiones hacia quienes trabajaban en el acompañamiento a migrantes.

Imagen 2: Comedor migrante en Frontera Hidalgo, Chiapas. Fuente: Alberto Hernández, 2023.

Codemire fue un colectivo de inspiración cristiana, formado por 28 casas/albergues para migrantes, personas y organizaciones sociales con presencia en todo el territorio nacional. Nació como una iniciativa alterna e independiente a la estructura eclesiástica de la Iglesia católica que aglutinaba a más de 500 agentes de pastoral entre obispos, sacerdotes, religiosas, religiosos y voluntarios que formaban parte de la Dimensión de la Pastoral Social de Movilidad Humana (dpmh)17 y que operan a través de sus provincias eclesiásticas, las diócesis y las iglesias a nivel local, desde donde se lleva a cabo el trabajo social de la Iglesia católica en México (Guevara, 2015) que, entre sus funciones, se encuentra precisamente la de la coordinación con los albergues y casas de migrantes18 (Casillas, 2021).

Entre los objetivos del Codemire estaba la promoción y defensa de los derechos humanos de personas migrantes, refugiadas y sus familias, así como de sus defensores y defensoras, frente a la grave y violenta crisis que enfrentaba la población migrante en tránsito por México (Centro Prodh, 2015). Este colectivo, aparte de aglutinar a una importante cantidad de espacios dedicados a la atención directa de la población en movilidad, tenía un componente muy relevante en materia de incidencia política en los ámbitos local y federal, en el que permanentemente se exigía al Estado mexicano cumplir con su deber de proteger a las personas migrantes, independientemente de su situación migratoria, así como el cese de operativos de verificación migratoria en el país y el escrutinio de la sociedad civil en la implementación de la política migratoria, tal y como lo hicieron al manifestar su preocupación por la implementación del denominado Plan Frontera Sur (Centro Prodh, 2015), o frente a los trabajos de la reunión extraordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) de mayo de 2017, en la que expusieron el doble discurso del gobierno federal en materia de protección a derechos humanos (gtpm, 2017).

No existe una fecha formal del fin del trabajo de Codemire pues, al igual que varios otros ejercicios colectivos, dejó de tener actividades de articulación y de respuesta conjunta con el paso del tiempo; sin embargo, una de las razones que contribuyó a su desdibujamiento y posterior desaparición fueron los cambios en la coordinación de la iniciativa, motivados por designaciones dentro del episcopado mexicano, que buscó matizar tanto los liderazgos como las formas en que se estaban generando las acciones de incidencia en favor de las personas migrantes.

Dos de los impactos que en su corta existencia generó este espacio tuvieron que ver, primeramente, con la posibilidad de articular de manera ordenada y eficaz los diferentes proyectos dedicados, humanitarios y de incidencia con una mística cristiana en un esfuerzo conjunto. Aunque cada albergue y espacio de ayuda a personas en movilidad se gestionaba con independencia y autonomía, formar parte de este colectivo permitía estrechar relaciones entre pares que realizaban acciones similares en diferentes regiones del país, la construcción de una mística común, inspirada en la religión cristiana-católica, así como el establecimiento de acciones conjuntas para enfrentar desafíos comunes, los cuales podrían ser en materia operativa, como gestionar apoyos para el funcionamiento de los espacios.

El segundo impacto radicó en la capacidad de interlocución y de incidencia como colectivo, alcanzada a nivel nacional en el ámbito federal, pero también en el estatal a través del fortalecimiento y acompañamiento a defensores, activistas y organizaciones locales. Esto permitió visibilizar no solo la compleja situación de las personas migrantes, sino también el riesgo de las y los defensores, y la necesaria participación de las autoridades de los diferentes órdenes para brindar o fortalecer los mecanismos de protección en su labor de defensa de derechos humanos.

Desde otro ámbito del mundo humanitario emergió una iniciativa conformada exclusivamente por albergues y casas de migrantes llamada Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (redodem), a.c., la cual está compuesta por 24 albergues y casas para migrantes ubicadas en 14 entidades de la República Mexicana,19 que brindan atención directa y diversos servicios de acompañamiento a personas en situación de movilidad humana y vulnerabilidad (redodem, 2023). La redodem nació por iniciativa de un grupo de defensores que, movidos por la violencia e impunidad hacia las personas migrantes, así como por la falta de información en torno e invisibilidad de los procesos asociados al tránsito migratorio, generaron evidencia con información obtenida de primera mano por los propios albergues, a través de sus diversos mecanismos de registro de atenciones a migrantes, con la intención de mostrar la cruda realidad de la migración, sensibilizar a la población local e incidir positivamente en la transformación de las políticas migratorias. Para ello se desarrollaría una base de datos,20 que sería inédita en los esfuerzos colaborativos de las organizaciones dedicadas a la atención humanitaria.

Con dicha herramienta se generaría un acervo documental que sería abastecido desde las diferentes geografías del tránsito migratorio y que permitiría dar seguimiento a las personas, tanto para su atención como para la generación de registros que podrían hacer frente a un caso de posible desaparición. Con la información generada, desde 2013 se comenzaron a desarrollar informes anuales basados en el registro de los perfiles sociodemográficos de los flujos migratorios y en las múltiples violaciones a los derechos humanos de las que son víctimas, a fin de incidir política y socialmente para disminuir el riesgo y la vulnerabilidad de las personas migrantes.

El trabajo y esfuerzo de la redodem ha sido pionero por lograr aglutinar exclusivamente a espacios de atención directa, al crear un registro compartido y generar información de forma paralela a los registros oficiales (estadísticas migratorias) y a importantes encuestas académicas (Emif Norte y Sur), y realizan así un interesante trabajo nacido desde el propio contexto y espacio en el que día a día se genera la información.

De esta forma, el trabajo conjunto de la redodem se constituye en un espacio de generación de información, que sirve no solo para hacer más eficiente el trabajo cotidiano de las organizaciones sociales dedicadas a la atención humanitaria, sino también como base documental para la incidencia, la contrastación de datos gubernamentales y el trabajo con la comunidad.

Por otro lado, en un esfuerzo recientemente desarrollado desde el sur de México, emerge la Red de Albergues para Personas Migrantes y Refugiadas,21 que busca ser una red de soporte y fortalecimiento en diversas materias (atención humanitaria, desarrollo institucional, vinculación al trabajo que están realizando cotidianamente las organizaciones miembros). La iniciativa que ha dado rostro al surgimiento de esta red es la del “Voluntariado México”, un programa que busca fortalecer la labor humanitaria en los albergues destinados a la atención de población en movilidad, mediante la colaboración solidaria durante seis meses de personas de diferentes partes de México y el continente.

El proyecto de “Voluntariado México” ha sido implementado desde julio de 2021, en él más de 140 personas de más de seis nacionalidades han podido sumarse al trabajo de 17 casas del migrante en el sur, centro y norte del país, colaborando en áreas de trabajo como la atención humanitaria, el acompañamiento psicológico, jurídico, el seguimiento de trámites migratorios y la vinculación con actores externos.

Finalmente, es oportuno decir que en el país existen otras iniciativas que aglutinan a diferentes organizaciones sociales que trabajan en la atención y acompañamiento a la población migrante. En ellas confluyen organizaciones miembros que tienen intereses, visiones, modelos de trabajo, objetivos compartidos o incluso regiones de trabajo comunes.22 Algunas incluso rebasan la sola atención humanitaria y se articulan con organizaciones dedicadas al litigio estratégico o a la incidencia en políticas públicas, como Sin Fronteras, i.a.p, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, en la Ciudad de México; Fray Matías de Córdova en Tapachula, Chiapas; Alma Migrante en Tijuana, Baja California y Amnistía Internacional, a nivel nacional.

Además, existen organizaciones que forman parte de otras redes más amplias que atienden una diversidad de temas relacionados con los derechos humanos, tal y como acontece con la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red tdt), que se define como un espacio de encuentro y colaboración de organismos de derechos humanos en el que se elaboran estrategias conjuntas para hacer más efectiva la defensa y promoción de todos los derechos humanos para todas las personas. Actualmente está conformada por 87 organizaciones de 23 estados de la República Mexicana (Red tdt, 2024), en cuyos miembros se encuentran algunas organizaciones dedicadas a temáticas migratorias.

Consideraciones finales

México cuenta con una amplia red de solidaridad dirigida hacia las poblaciones en movilidad (Parrini y Alquisiras, 2019). La histórica migración mexicana hacia Estados Unidos y el retorno hacia México, el incremento de flujos desde Centroamérica y de otras regiones del mundo hacia o en tránsito por México, así como la agudización de políticas migratorias con un carácter punitivo y criminalizante han motivado el desarrollo de importantes iniciativas que destacan por su compromiso humanitario con las personas migrantes y refugiadas.

La importancia de estos esfuerzos radica, primero, en la capacidad que han demostrado dichas organizaciones para hacer frente a las necesidades de las personas migrantes y refugiadas en el marco de un contexto permanente convulso y adverso, al mostrar las más de las veces que con poco se puede hacer mucho. Además, cada organización ha desarrollado modelos, mecanismos y estrategias para atender según sus recursos y capacidades a las personas en movilidad, que indudablemente generan diferencias en el tipo de respuestas que proveen, lo cual no resta al compromiso que realizan de manera cotidiana.

A lo largo de por lo menos las últimas dos décadas ha habido una importante emergencia de proyectos de asistencia humanitaria dirigida a migrantes y refugiados (albergues y casas de migrante), los cuales han desarrollado alianzas que les han permitido acompañarse en el camino, fortalecer sus procesos de atención, distribuir la carga y desarrollar estrategias en conjunto que tengan mayor impacto en la vida de las personas y en las políticas que afectan a las poblaciones en movilidad en el país.

Elementos fundamentales en el trabajo de las organizaciones son los de la hospitalidad y la solidaridad como reconocimiento de la igualdad de dignidad humana, que permite considerar las asimetrías y desigualdades inherentes a la vida humana. Este reconocimiento promueve la transformación de las condiciones que generan injusticia, las cuales vulneran la dignidad de las personas.

Los esfuerzos de las organizaciones a su vez ponen de manifiesto la capacidad de innovación en la generación de respuestas acordes a los abruptos cambios que presenta la realidad y el contexto del país, como el del tránsito migratorio. Se generan acciones en favor de las propias personas defensoras de derechos humanos, como un acto de solidaridad y también de responsabilidad para aquellos que están insertos en procesos de atención que, por su propia naturaleza, son extenuantes, desgastantes y, en escenarios como el mexicano, riesgosos.

Por otro lado, la creación de una herramienta para el registro de personas en tránsito pudiera parecer una actividad simple, pero, enmarcada en el contexto de las diferentes capacidades de los albergues y casas de migrantes, supone todo un ejercicio pedagógico de formación para quienes atienden en estos espacios, a la vez que generan información fidedigna de primera mano que permite no solo operar para mejorar sus espacios y gestionar recursos con donantes, sino que además se constituye en un mecanismo para sensibilización social e incidencia en políticas públicas.

En paralelo, las respuestas solidarias se construyen con la acción del voluntariado y ponen de manifiesto la capacidad de innovación de las y los actores humanitarios, al reconocer de entrada la gran labor de estas personas que donan su tiempo y servicio, y que, con ello, hacen posible la sostenibilidad de muchos de estos espacios. Se generan así formas de sensibilización que permiten, mediante la mirada a los procesos de movilidad humana, afinar la perspectiva, analizar la realidad con otros lentes o, mínimamente, cuestionarse por diferentes injusticias, desigualdades y violencias que se viven en los diferentes ámbitos de la vida. De ahí que la experiencia de voluntariado sea también un espacio formativo que ofrecen los albergues para la población nacional o extranjera que viene a ello.

Sin duda alguna, los retos y áreas de oportunidad siguen siendo muchos; el trabajo en red y la respuesta humanitaria no está exenta de tensiones, disputas y conflictos que ocasionalmente estancan o hacen difícil el trabajo colaborativo y la respuesta conjunta. No obstante, los ejemplos aquí mostrados evidencian que el esfuerzo de estos actores de la solidaridad organizada (Casillas, 2021), sigue siendo clave en un contexto como el mexicano. Así se demuestra, precisamente, que frente a los embates de políticas restrictivas y sociedades excluyentes, la solidaridad es el camino.

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Rafael Alonso Hernández es profesor-investigador del Departamento de Estudios Sociales y coordinador del Doctorado en Estudios de Migración en El Colegio de la Frontera Norte en Tijuana, México. Doctor en Ciencias Sociales por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (ciesas-Occidente). Premio a la mejor tesis de doctorado. Cátedra Interinstitucional Arturo Warman, 2016. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel ii. Miembro del Consejo Directivo de Hospitalidad y Solidaridad, A.C. organización que alberga y acompaña a personas refugiadas en Chiapas. Fue presidente del Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración del 2018 al 2021 y director de fm4 Paso Libre en Guadalajara, México, del 2014 al 2018. Durante el periodo de 2014 a 2017 fue coordinador nacional de la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (redodem), espacio que articula a 23 albergues para migrantes y refugiados a lo largo de México. Sus temas de interés son migración internacional (flujos migratorios, protección internacional, política migratoria, derechos humanos).