Résumé

El objetivo de este artículo es analizar el fenómeno de las fosas clandestinas en el norte de Chihuahua como expresión de la violencia atroz y la desaparición forzada en México para comprender cómo estos espacios operan como dispositivos necropolíticos que articulan prácticas de exterminio, silenciamiento y control territorial. El trabajo consistió en revisar la información estadística, la información periodística local y nacional y realizar entrevistas semiestructuradas a integrantes del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (cdh Paso del Norte). Se identificó que la región norte del estado concentra más de la mitad de las fosas registradas entre 2008 y 2024, lo que evidencia un patrón sistemático de violencia, impunidad y colapso institucional. Las fosas clandestinas no solo contienen cuerpos, sino también marcas territoriales que producen una pedagogía del horror sobre el territorio. 

Palabras claves: fosas clandestinas, microespacios de excepción, desaparición forzada, cuerpo desechado, frontera. 

testimony of barbarity: clandestine graves as micro-spaces of exception in northern chihuahua, mexico, 2008-2024

This article analyzes the phenomenon of clandestine graves in northern Chihuahua as an expression of extreme violence and forced disappearance in Mexico, exploring how these spaces function as necropolitical devices that articulate practices of extermination, silencing, and control over territory. The study involved a review of statistical data, national and local news sources, and semi-structured interviews with members of the Paso del Norte Human Rights Center (cdh Paso del Norte). Findings indicate that more than half of the graves identified between 2008 and 2024 are located in the state’s northern region, revealing a systematic pattern of violence, impunity, and institutional collapse. Clandestine graves contain not only bodies but also territorial markings that inscribe a lesson of terror on the landscape. 

Keywords: Clandestine graves, micro-spaces of exception, forced disappearance, discarded bodies, border. 

Imagen 1. Rastreo en Valle de Juárez, Chihuahua. Fuente: Salvador Salazar Gutiérrez, abril de 2025.

Introduction 

El fenómeno de las fosas clandestinas ha revelado la expresión de violencia atroz, en particular sobre los cuerpos de personas desaparecidas, ante la presencia de la macrocriminalidad y sus complicidades con agentes del Estado mexicano. En el escenario particular del norte de Chihuahua, dicho asunto constituye uno de los rostros más crudos y silenciados de la violencia estructural y atroz que atraviesa el país. En esta región fronteriza, marcada históricamente por su papel estratégico en las rutas del narcotráfico y del comercio binacional, la proliferación de sitios de inhumación clandestina no puede entenderse sin reconocer la presencia persistente de actores macrocriminales –cárteles con redes de complicidad con funcionarios de gobierno, así como elementos policiaco-militares–, con una estrecha colusión con distintas esferas del Estado mexicano. Ante la incapacidad institucional para prevenir, investigar y sancionar estos crímenes, lo que observamos es una forma de complicidad activa que permite la continuidad de la violencia y favorece micro espacios de excepción (Gamiño, 2021).  

La desaparición de personas, en particular la desaparición forzada en esta región del país,1 se ha colocado como un referente central de investigación académica. La manera en la que operan grupos armados, muchas veces bajo la omisión, resguardo o incluso colaboración de operativos policiaco-militares enmarcados en estrategias de seguridad, como fue la llamada “guerra contra el narcotráfico”,2 ha transformado vastos territorios en escenarios de despojo y exterminio hacia la población más vulnerable. Abordar en lo particular el fenómeno de las fosas clandestinas, varias ligadas a casos de personas con carpeta de desaparición forzada, implica visibilizar no solo las múltiples capas de violencia que lo configuran, sino también denunciar los mecanismos de impunidad que impiden la verdad y la justicia. Las fosas clandestinas son una marca del horror (Martínez Martínez, 2025). Su análisis permite comprender cómo se territorializa la desaparición en contextos en los que la frontera entre legalidad e ilegalidad se diluye, y en los que el Estado, lejos de garantizar derechos, aparece como actor cómplice de acciones o prácticas de impunidad ante la violencia desmedida.  

El texto forma parte de los resultados de avance de un proyecto de investigación acerca de la desaparición forzada en el contexto reciente del estado de Chihuahua, así como las acciones colectivas de familias buscadoras por la defensa de la memoria y la justicia. En particular, Ciudad Juárez y el Valle de Juárez,3 así como los municipios de Ahumada, Buenaventura, Ascensión, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes y Janos, han enfrentado una importante presencia de grupos vinculados a la macrocriminalidad, generando fenómenos como desplazamiento forzado, asesinatos, desaparición forzada, secuestros o extorsión. Nuestra intención es dar cuenta de la relación entre la desaparición de personas en la región y el hallazgo creciente de fosas clandestinas en esta parte del estado.  

La pregunta central que buscamos responder es la siguiente: ¿qué impacto genera el hallazgo de fosas clandestinas como microespacios de excepción en la región norte de Chihuahua durante el periodo 2008 a 2024? Rodolfo Gamiño (2021) denomina microespacios de excepción a territorios atravesados por la desaparición forzada que, aunque parecen invisibles e insertos en lo cotidiano, funcionan como dispositivos de muerte y despojo. Estos lugares, producidos por lógicas estatales de exclusión y necropolítica, suspenden el orden jurídico y social al instaurar miedo e incertidumbre en la sociedad. Para trabajar esta relación, se examinó la información estadística requerida por medio de un portal de transparencia, relacionada con el número de hallazgos de fosas clandestinas en dichos municipios por parte de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. Sumado a ello, se hizo una revisión de notas periodísticas locales y nacionales que comprenden el periodo 2008 a 2024, que han dado seguimiento a los casos de fosas clandestinas en Chihuahua y sus probables vínculos con grupos ligados a la macrocriminalidad en la región.4 Como un tercer recurso, se realizaron tres entrevistas semiestructuradas a personal del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, A.C. (cdh Paso del Norte),5 que permiten observar –desde la mirada de expertos en temas de derechos humanos y activistas solidarios– el impacto que genera el hallazgo de fosas en diversas zonas de la región y cómo dan evidencia de las formas en que opera la macrocriminalidad sobre el territorio.  

La desaparición forzada como dispositivo de necropoder 

La desaparición forzada no solo elimina físicamente a una persona, sino que la convierte en un cuerpo ausente, suspendido entre la vida y la muerte, borrado del orden jurídico y simbólico. En este sentido, el necropoder no solo mata, sino que borra, desdibuja y deshumaniza la condición de un individuo. Es por ello que la desaparición forzada es un dispositivo que opera en territorios marcados por la impunidad y en los que se gestiona la muerte atroz, en que ciertos cuerpos son tratados como desechables y prescindibles. 

Como ha sido señalado por diversas autoras como Sayak Valencia (2010) o Ariadna Estévez (2022), el concepto de necropolítica formulado por Achille Mbembe (2011) constituye una herramienta teórica fundamental para comprender cómo el poder contemporáneo se ejerce a través de la producción y administración de la muerte. A diferencia de las formas biopolíticas descritas por Michel Foucault, centradas en la regulación de la vida, Mbembe pone en el centro de su análisis el modo en que ciertos regímenes de poder determinan quién puede vivir y quién debe morir, y cómo algunos cuerpos son condenados a una muerte social, civil o física.

Imagen 2. Rastreo en Valle de Juárez, Chihuahua. Fuente: Salvador Salazar Gutiérrez, agosto de 2025.

Este planteamiento resulta muy útil para abordar el fenómeno de la desaparición forzada, práctica que encarna con claridad las lógicas del necropoder. La desaparición no es solo la negación del derecho a la vida, sino también la suspensión de toda condición jurídica y humana del sujeto, transformándolo en un cuerpo invisible, espectral, fuera del marco del duelo y la justicia. En este sentido, la desaparición forzada no representa únicamente una técnica represiva, sino una forma de gobierno que se sostiene en el terror, la impunidad y la suspensión del reconocimiento a la vida de una persona de quien no se tiene referencia de su ubicación y condición.  

En el contexto actual, el necropoder, además de ejercerse desde el Estado-nación, también se articula con actores criminales, económicos y militares que hacen de la violencia y el despojo una forma de control territorial y social. En México, donde la desaparición forzada se ha convertido en una práctica sistemática y extendida, la categoría de necropolítica permite visibilizar las formas en que el poder no solo mata, sino que borra, silencia y fragmenta a las comunidades. De este modo, pensar la desaparición desde la necropolítica nos permitirá ubicar cómo las fosas clandestinas son la expresión de su lógica atroz y, a la vez, un punto de referencia clave para comprender los mecanismos actuales de deshumanización y construir marcos de memoria, verdad y justicia. 

Para nuestro caso, respaldado por una solicitud de transparencia a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua realizada en agosto de 2024,6 se obtuvo información del registro de expedientes de personas desaparecidas, localizadas, y aquellos judicializados como desaparición forzada.   

La Tabla 1 muestra los registros de casos en el periodo de enero de 2008 a julio de 2024. Como se observa, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua contaba en ese tiempo con un total de 40 701 personas desaparecidas o no localizadas, de las que más del 80% corresponden a población masculina. En particular, la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a Derechos Humanos y Desaparición Forzada del Estado indica un registro de 41 casos que tiene considerados como desaparición forzada. Este dato es importante porque se trata de casos en los que se ha acreditado, de acuerdo con la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de las Naciones Unidas:  

el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley (onu, 2006). 

Para el caso mexicano, las implicaciones del caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero; el incremento en el número de personas desaparecidas durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, la presión de colectivos de familiares de personas desaparecidas, así como la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte idh) por el caso Alvarado Espinoza al Estado mexicano, dio como resultado que en noviembre de 2017 se publicara la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema de Búsqueda de Personas.7 

Dado nuestro interés en abordar la región norte de Chihuahua, es importante no perder de vista las implicaciones en la participación directa de agentes del Estado en la desaparición forzada en la región, en particular el caso Alvarado Espinoza y otros contra México.8 El 28 de noviembre de 2018, la Corte idh, con sede en San José de Costa Rica, emitió la sentencia definitiva en torno al caso. El documento describe el proceso judicial que duró nueve años, iniciado tras la denuncia presentada por miembros de la familia Alvarado ante diversas instancias judiciales del Estado mexicano. Dicha denuncia está relacionada con la detención arbitraria y desaparición forzada de tres integrantes de la familia Alvarado, llevada a cabo por elementos del ejército ligados al Operativo Conjunto Chihuahua-Juárez, el 29 de diciembre de 2009. 

La sentencia muestra cómo en el periodo de la llamada “guerra contra el narcotráfico” iniciada en el gobierno de Felipe Calderón y que continuó durante los dos primeros años del gobierno de Enrique Peña Nieto, se presentaron violaciones sistemáticas a los derechos humanos por diversos organismos de seguridad pública, corporaciones de las fuerzas armadas, así como instancias encargadas de los procedimientos judiciales. En términos generales, la sentencia establece: 

La Corte constató que el incremento en la participación del Ejército en las labores de seguridad ciudadana ha sido un patrón constante en México desde el año 2006. En dicho escenario, el empleo de las fuerzas castrenses en la lucha contra la delincuencia se convirtió en una práctica recurrente mediante la implementación de los denominados “Operativos Conjuntos” en cuya intervención concurrían efectivos policiales y militares. Lo anterior, sin haberse acreditado, para efectos del caso concreto, que se hubieran respetado salvaguardias para la participación de las fuerzas armadas, tales como la: excepcionalidad, temporalidad y estricta necesidad del operativo conjunto, así como una adecuada regulación y protocolos de actuación para tales tareas ni su fiscalización, e inclusive ventilándose los hechos denunciados en el fuero militar por un periodo de tiempo considerable. En vista del análisis expuesto, la Corte concluye que el Estado mexicano es internacionalmente responsable por la desaparición forzada de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera y Rocío Irene Alvarado Reyes, en violación de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal establecidos, respectivamente, de conformidad con la Convención Americana y de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (Fragmento sentencia, Corte idh, 2018: 78). 

En general, la resolución es contundente al mostrar diversas violaciones a los derechos humanos. Derechos como el reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal, circulación y residencia, que se encuentran protegidos ante la Convención Americana de los Derechos Humanos. En particular, enfatiza la violación propia del acto de desaparición forzada contemplada en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.9

La fosa clandestina: microespacios de excepción 

Debemos asumir que la presencia de fosas clandestinas en diversas regiones del país son una expresión contundente de crímenes de lesa humanidad (Ruiz Reyes, 2019).10 Están claramente ligadas a prácticas de terror y miedo producidas por grupos del crimen organizado en complicidad con agentes del Estado mexicano desde hace varias décadas atrás. Fabrizio Lorusso (2021) plantea que la categoría de “fosa clandestina” en México se ha vuelto central en el discurso público, académico y legal, sobre todo a raíz de la crisis de desapariciones forzadas y la emergencia de colectivos de búsqueda. Sostiene que la noción de fosa clandestina no es unívoca: depende del campo disciplinar (antropología, derecho, criminología, arqueología forense) y de las finalidades políticas, sociales o jurídicas que persigan quienes la utilizan.11 Para ello propone la siguiente definición: 

la fosa clandestina puede concebirse como cualquier sitio en el cual se enterraron, arrojaron o colocaron en un espacio en el subsuelo, total o parcialmente, uno o más cadáveres, osamenta y/o restos humanos, de manera ilegal, pudiendo presumirse el propósito de ocultar el paradero de una o más personas, dificultar o imposibilitar su localización y/o identificación, destruir evidencia, o bien, entre otras cosas, evitar que las autoridades puedan investigar o sancionar las razones y/o las modalidades de tales actos (Lorusso, 2021: 156). 

Considero que el planteamiento de Lorusso, en términos generales, permite una mirada más profunda y multidimensional, ya que concibe la fosa clandestina como un sitio de inhumación ilegal, así como un espacio atravesado por violaciones graves a derechos humanos y por disputas sociales y políticas en torno a la memoria y la justicia. No son solo objetos forenses, sino recursos que evidencian la violencia estructural y la crisis humanitaria que enfrentamos. 

El informe Violencia y terror: hallazgos sobre fosas clandestinas en México muestra que el hallazgo de fosas clandestinas se ha convertido en un fenómeno estructural de la violencia en el país, vinculado de manera directa con desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura. En su estudio, que abarcó varios estados para el periodo 2009 a 2014 en los que se presentaron picos de mayor violencia homicida en el país, evidencia que la inhumación clandestina es parte de un patrón sistemático de exterminio y ocultamiento. El texto plantea que cada fosa clandestina constituye no solo un lugar de muerte, sino también un espacio de impunidad y negación de derechos, donde se materializan múltiples violaciones graves a la dignidad humana: “El hallazgo de fosas clandestinas refleja, por un lado, los distintos patrones diferenciados de violencia en los estados y municipios del país y, por el otro, la poca capacidad institucional y voluntad política de los distintos niveles de gobierno para encontrar, registrar e identificar los cuerpos de las personas cuyos derechos fueron absolutamente negados” (González Núñez y Chávez Vargas, 2017: 15). 

Imagen 3. Rastreo en Valle de Juárez, Chihuahua. Fuente: Salvador Salazar Gutiérrez, agosto de 2025.

Como demuestra el estudio, esta práctica de necropoder no es exclusiva de la región norte de Chihuahua, ya que es una práctica sistemática de control y dominio sobre territorios a partir del miedo y la desaparición forzada. Por otro lado, estas prácticas también son utilizadas con el objetivo de suprimir la resistencia, disciplinar a la sociedad y consolidar el poder a través del miedo. A partir de Mbembe (2011), el necropoder se muestra como la capacidad del Estado y otros actores de ejercer control absoluto sobre la vida y la muerte de los individuos, determinando qué cuerpos pueden ser eliminados sin consecuencias jurídicas ni morales. En este sentido, partimos de sostener que las fosas clandestinas operan como espacios de desaparición forzada, encarnando la decisión soberana sobre la vida y la muerte de sectores considerados peligrosos o en condiciones de vulnerabilidad.  

Así pues, el ámbito del territorio adquiere relevancia clave en torno al entendimiento del fenómeno. Rodolfo Gamiño Muñoz (2021) propone la categoría de microespacios de excepción para analizar cómo ciertos territorios marcados por la desaparición forzada se configuran como zonas suspendidas del orden jurídico y social, donde el Estado delega o abdica su soberanía, aunque mantiene una presencia selectiva, punitiva o simbólica. A partir del estudio de fosas clandestinas y campos de exterminio localizados en distintas regiones del país, Gamiño explica cómo estos espacios no solo escapan a la legalidad, sino que son producidos activamente por lógicas estatales de exclusión y necropolítica. Para este autor, los microespacios de excepción se caracterizan por su aparente invisibilidad, por estar insertos en lo cotidiano: en predios abandonados, márgenes de caminos o zonas periféricas, pero que operan como dispositivos de muerte y despojo. La existencia de estos microespacios, como veremos adelante, busca tanto eliminar físicamente a la disidencia, como instaurar un sistema de violencia estructural que paraliza a la sociedad mediante el miedo y la incertidumbre.12

En América Latina, las dictaduras militares de la segunda mitad del siglo xx implementaron el uso sistemático de la desaparición forzada y el uso de fosas comunes como un método de represión política. En Argentina, durante la dictadura de 1976-1983, el Plan Cóndor articuló una red de cooperación represiva entre los regímenes militares de la región, resultando en la desaparición de aproximadamente 30 000 personas (Verbitsky, 1995). Chile, bajo el régimen de Pinochet, empleó estrategias similares, destacando casos como los de Pisagua y Patio 29, donde cientos de opositores fueron enterrados en fosas clandestinas (Stern, 2010). En México, el hallazgo de fosas masivas en el siglo xxi ha sido vinculado con la violencia del narcotráfico y con la complicidad del Estado en la desaparición forzada (González Rodríguez, 2012).  

Carolina Robledo (2020) plantea que las fosas representan la desaparición física de los cuerpos y, al mismo tiempo, una forma de despojo territorial, en que el terror se convierte en una estrategia de reorganización social y control de comunidades. La localización de fosas clandestinas responde a lógicas espaciales de exclusión y marginación, reforzadas por el Estado y grupos criminales en una simbiosis de poder necropolítico. En este sentido, Fabrizio Lorusso (2021) argumenta que, en el caso mexicano, la proliferación de fosas clandestinas ilustra un fenómeno de gubernamentalidad necropolítica, en el que la desaparición y la muerte se integran en las dinámicas económicas y políticas del país. La impunidad y la falta de investigación sobre estos crímenes consolidan un sistema de violencia estructural que mantiene el miedo como mecanismo de control social. 

Por otro lado, no podemos dejar de lado, como sostiene Diana Tello (2021), el trauma que experimentan los familiares de personas desaparecidas, particularmente las madres, al pasar de la esperanza de encontrar con vida a sus seres queridos a la dolorosa aceptación de buscarlos en fosas clandestinas. Tello argumenta que este desplazamiento no es solo emocional, sino profundamente político y epistémico: implica aprender a habitar el lenguaje forense, a negociar con instituciones estatales y a resignificar el cuerpo del hijo como un rastro que puede ser exhumado y reconstituido (Tello, 2017: 15). La autora subraya cómo este proceso trastoca las nociones convencionales de duelo, ya que se vive sin cuerpo, sin cierre y bajo una lógica de revictimización constante por parte del Estado. Además, resulta interesante cómo enfatiza la producción de saberes situados por parte de las madres buscadoras, quienes, en su actuar cotidiano, se convierten en expertas del territorio, de la evidencia y de las tecnologías del dolor, desbordando el lugar asignado de víctimas pasivas. 

En términos generales, podemos considerar que el uso de fosas clandestinas como herramienta de terror responde a una lógica de necro-poder en la que agentes del Estado mexicano, en complicidad con redes de macrocriminalidad, deciden los cuerpos a ser eliminados sin consecuencias jurídicas ni morales. La desaparición forzada y la inhumación ilegal de víctimas no solo buscan exterminar a una persona, sino también generar un trauma colectivo que paraliza a la sociedad mediante el miedo y que se encarna en el territorio como lógica de dominación, lo que Rossana Reguillo (2021) llama necromáquina.13

Paisaje de la violencia atroz. Fosas clandestinas en el norte de Chihuahua 

No perdamos de vista que el fenómeno de la desaparición forzada en el estado de Chihuahua tiene un periodo de largo alcance. Desde la década de los setenta del siglo xx, en el contexto de la llamada “guerra sucia”, casos de desapariciones gestadas por agentes del Estado fueron una práctica común en esta entidad del país (Quintana, 2013). Una política represiva contra la disidencia de aquella época, que encontró su expresión más visible en la desaparición y asesinato de integrantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre.14 El aparato estatal represivo de ese entonces, en coordinación con fuerzas policiales y militares, operó bajo una lógica de contrainsurgencia que buscaba sofocar cualquier disidencia política mediante el terror. En ese periodo, Chihuahua se convirtió en un territorio donde se ensayaron formas de violencia institucional que marcaron la memoria colectiva y sentaron precedentes de impunidad y control social. 

 Más allá de este antecedente, nuestro interés se centra en ubicar cómo se ha presentado el hallazgo de fosas clandestinas en los últimos años ligadas a territorios de disputa macrocriminal. Este fenómeno ha adquirido relevancia por el número elevado de lugares que se han registrado a partir de 2008, teniendo como referencia obligada la puesta en marcha del Operativo Conjunto Chihuahua en torno a la “guerra contra el narcotráfico” de Felipe Calderón, así como el control que grupos criminales han gestado en diversas regiones del norte del estado. No perdamos de vista que el fenómeno de hallazgo de cuerpos con signos de violencia, en parajes deshabitados o terrenos abandonados, se enmarca en ese periodo. Es importante no perder de vista el fenómeno del feminicidio sistémico, clara muestra de cómo a lo largo de las últimas décadas se ha gestado una violencia atroz sobre los cuerpos, en particular de las mujeres en Ciudad Juárez.15

En relación con el registro que la Fiscalía General del Estado ha venido generando en torno a lugares con hallazgos de inhumación clandestina, la Tabla 2 indica el número encontrado en el periodo de estudio. 

El registro con el que cuenta la Fiscalía General del Estado, sobre aquellos casos de fosas clandestinas ubicadas e intervenidas para asegurar restos humanos con la intención de identificar casos de personas desaparecidas no localizadas, permite observar cómo se ha incrementado el número de eventos. Por medio de una solicitud de acceso a la información,16 a continuación presentaremos los datos del número de sitios de inhumación clandestina, así como el número de fosas ubicadas en estos lugares, considerando también la cifra de individuos registrados e identificados durante el periodo de enero 2008 a diciembre de 2024. 

Si bien nos centramos en la zona norte del estado, valdría la pena no perder de vista cómo se perfila la distribución de fosas clandestinas y número de cuerpos-osamentas registrados en otros municipios de Chihuahua. Por ejemplo, en la región centro se destaca la ciudad de Chihuahua con un total de 55 fosas clandestinas con 65 registros de osamentas; Cuauhtémoc, con 28 fosas y 35 registros de osamentas; y Aldama, con 15 fosas y 21 registros de osamentas. Para la región sur y serrana –poniente–, aparecen los municipios de Bocoyna con 12 fosas clandestinas y 16 registros de osamentas; Guachochi, con 12 fosas clandestinas y 19 registros de osamentas; Guerrero, con 12 fosas clandestinas y 21 registros de osamentas; Urique, con 10 fosas clandestinas y 18 registros de osamentas; e Hidalgo del Parral, con 11 fosas clandestinas y 11 registros de osamentas.  

Imagen 4. Rastreo en Valle de Juárez, Chihuahua. Fuente: Salvador Salazar Gutiérrez, octubre de 2025.

Destaca para el periodo cómo se concentran los registros de fosas clandestinas en la región de Ciudad Juárez y el Valle de Juárez, ya que acapara más de la mitad del total de los casos en el periodo de estudio.  

Como se puede observar, en el municipio de Juárez –que abarca Ciudad Juárez y unas pequeñas poblaciones del Valle de Juárez– se tienen contabilizados 190 lugares de inhumación, con un total de 225 fosas clandestinas ubicadas en esos sitios. Con respecto a los hallazgos, la Tabla 3 muestra que se cuenta con un registro de 381 osamentas-cadáveres ingresados al sistema, de los que solo se han identificado 221 individuos. Esto aumenta sobremanera si consideramos los tres municipios que comprenden la región del Valle de Juárez –Juárez, Guadalupe y Praxedis G. Guerrero–, ya que se observa un registro de 234 sitios de inhumación, con un total de 281 fosas clandestinas, en las que se contabilizó el hallazgo de 459 osamentas-cadáveres, de los que se han logrado identificar a 264 individuos.  

Esta presencia desbordada de registros no puede entenderse sin la caracterización de la crisis de impunidad, seguridad e incremento de la violencia atroz que se ha experimentado en la zona. La proliferación de fosas clandestinas, además de evidenciar la magnitud del horror, también refleja la fractura del tejido social y la ausencia de mecanismos efectivos de justicia. En palabras de un integrante del cdh Paso del Norte: 

El tema de desaparición con la localización de fosas clandestinas, agregaría la posibilidad de que se traten de casos de trabajo forzado y de reclutamiento, situaciones que hemos visto en la localización de fosas es que ocurre en espacios donde las autoridades no tienen un control del territorio. Espacios donde grupos delincuenciales han cooptado poblaciones, incluso a veces enteras, trabajan de una manera muy cercana con autoridades, no solamente desde la aquiescencia sino también desde la participación de elementos de corporaciones policiacas en la comisión de estos delitos, incluso en el tema de omisiones u obstaculización de investigación de casos de desaparición de personas. En zonas como Palomas o el Valle de Juárez que son espacios rurales a diferencia de Ciudad Juárez, es más que evidente que las autoridades tuvieron alguna participación directa. Lo que estamos viendo es un abandono institucional y un abandono muy a modo para propiciar o permitir que los grupos criminales se apoderen esos espacios (Entrevista con integrante del cdh Paso del Norte, 09 junio de 2025).  

La complicidad entre autoridades, en particular las organizaciones encargadas de tareas de seguridad pública, ha sido uno de los aspectos que permiten explicar el porqué del incremento de casos de desaparición forzada en la región. Sumado a ello, la militarización de la seguridad pública, como fue tanto en el periodo del Operativo Conjunto Chihuahua de 2008 a 2013 o la operación Frontera Segura en 2019, lejos de contener la violencia, ha contribuido a la normalización de prácticas atroces como la desaparición forzada, facilitando el ocultamiento sistemático de cuerpos en espacios rurales y de difícil acceso. Esta crisis humanitaria es agravada por la negligencia del Estado en la búsqueda e identificación de víctimas, lo que perpetúa el dolor de las familias y fortalece un clima de terror e impunidad que impide la reconstrucción de la memoria colectiva y la exigencia de justicia.  

En la Tabla 4 se aprecia el caso del municipio de Juárez, que es evidente cómo se presenta una relación entre el número de osamentas-cadáver encontrados en los sitios inhumados, que está ligada principalmente con el periodo de la implementación del Operativo Conjunto Chihuahua entre 2008 y 2012; sin embargo, no es exclusivo de este momento porque habrá que tener presente que en los últimos seis años de nuevo hay picos de repunte en los hallazgos, vinculados sobre todo con el control que grupos criminales han tomado en la región.

Expresión de la violencia atroz. Hallazgos recientes en El Willy 

No queremos dejar de lado el hallazgo de fosas clandestinas en la comunidad conocida como El Willy, en Casas Grandes, Chihuahua.17 Un caso que representa no solo un hecho contundente de horror, sino una radiografía de los dispositivos de exterminio que operan en el país desde la lógica del necropoder, en la que el cuerpo desaparecido se convierte en disputa simbólica, política y territorial. En una región atravesada por la colusión entre criminalidad organizada y actores del Estado,18 el descubrimiento de al menos 76 osamentas humanas en un rancho oculto entre las montañas de la sierra noroeste de Chihuahua, pone al descubierto la profundidad de la crisis de impunidad e institucionalidad que favorece y reproduce estas formas de barbarie. 

Según información oficial y reportes periodísticos,19 el hallazgo en El Willy fue posible gracias a la colaboración de un informante desde Estados Unidos, lo que ya de por sí revela la ausencia demecanismos internos efectivos de investigación y prevención. Las labores de exhumación, iniciadas en enero de 2025 por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, en conjunto con la Comisión Local de Búsqueda y elementos de la Guardia Nacional y el Ejército, evidencian un patrón sistemático de ocultamiento de cuerpos presuntamente por parte del grupo criminal La Línea, brazo armado del Cártel de Juárez. Las víctimas, muchas de ellas aún sin identificar, presentaban signos de violencia extrema: mutilaciones, desmembramientos y evidencias de tortura. Este nivel de crueldad no solo es una forma de eliminación física, sino también una estrategia de dominación simbólica sobre comunidades enteras. La reacción de colectivos de familiares de personas desaparecidas junto a organizaciones de derechos humanos fue inmediata: exigir el esclarecimiento de la identidad de las personas allí depositadas, así como del contexto y lo que provocó que fueran asesinadas y enterradas en ese lugar.20

En El Willy, el fiscal de la región nos mencionó que había jóvenes que se dedicaban al tema de limpiar parabrisas, que fueron también reclutados de manera, eso sí, forzosa, y que se les localiza en el rancho El Willy. No se ha dado la identificación de todas las personas que fueron localizadas en el rancho en el lugar, no sabemos con certeza si todas las personas que fueron inhumadas son personas contrarias al grupo criminal o son algunas personas que no pasan con todos los estándares de reclutamiento y que son ultimadas en el espacio. Hay información sobre todo periodística, de que son personas que intentan ingresar a la zona sin alguna autorización que van con alguna finalidad de trabajo de transportistas y luego que son desaparecidas en su trayecto. Por algunas entrevistas a sobrevivientes como es uno de los expedientes que llevamos en el Centro, se puede pensar que sí era un tema de trabajo forzado para dedicarse al sicariato (Entrevista con integrante del cdh Paso del Norte, 07 de junio de 2025).

Expedientes abiertos que el cdh Paso del Norte lleva como parte de las averiguaciones a casos de desaparición de jóvenes dan cuenta de que el rancho era utilizado como centro de exterminio.21 Su ubicación, en una zona boscosa de difícil acceso, permitió que por años funcionara sin intervención alguna por agentes del Estado. Este tipo de espacios se constituyen como microespacios de excepción, donde la muerte atroz se convierte en un instrumento para disciplinar y fragmentar el tejido social. En estos territorios marcados por el abandono institucional y la violencia impune, la desaparición forzada se convierte en una práctica cotidiana, no como un exceso del crimen organizado, sino como una estrategia estructural de control de las poblaciones. El caso de El Willy, además, exhibe la complicidad activa de cuerpos policiacos. La desarticulación de la policía municipal de Nuevo Casas Grandes, tras descubrirse su participación directa en desapariciones forzadas y su colusión con grupos criminales en la zona, es apenas la punta del iceberg de una red mucho más amplia. Lo alarmante es la corrupción institucional y la naturalización del terror como forma de control territorial en amplias regiones del estado de Chihuahua, sobre todo en zonas serranas y rurales, donde las estructuras del Estado se presentan como aliadas del crimen antes que como garantes de derechos. 

Este hallazgo cobra aún mayor relevancia si se inserta en el marco más amplio de la crisis de desapariciones en el estado. Como pudimos observar líneas arriba, entre 2008 y 2024 se han documentado 504 fosas en 411 sitios de inhumación clandestina en Chihuahua, con al menos 811 osamentas recuperadas, de las que solo 505 han sido identificadas. La región norte –que incluye Ciudad Juárez, el Valle de Juárez y municipios como Guadalupe, Ascensión y Praxedis G. Guerrero– concentra más de la mitad de estos hallazgos. No obstante, los municipios serranos como Casas Grandes también muestran un alarmante incremento, lo cual confirma que la violencia ha dejado de estar acotada a zonas urbanas para expandirse hacia geografías periféricas, donde la presencia estatal es débil o se encuentra capturada por actores criminales. 

Este desplazamiento de la violencia hacia las sierras y zonas rurales tiene una explicación estructural. Por un lado, la militarización de la seguridad pública con estrategias como el Operativo Conjunto Chihuahua (2008-2012), pero también el plan de militarización de la frontera norte a cargo de la Guardia Nacional puesto en marcha durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador han propiciado un reacomodo del crimen organizado, empujándolo hacia territorios menos vigilados y con una incipiente presencia del Estado mexicano. Por otro lado, el Estado mexicano ha fallado sistemáticamente en implementar mecanismos de búsqueda efectivos y políticas de prevención.

Debemos ser claros, los casos de personas desaparecidas en Ciudad Juárez, Casas Grandes, Ascensión, o el Valle de Juárez, han sido resultado de la inacción y la no presencia del Estado mexicano para atender de raíz la problemática. Si colocan retenes militares o de policía estatal, hablan de operativos coordinados, pero al final son acciones que parecen más ocultar o encubrir las acciones de grupos criminales en la región afectando a las poblaciones de forma violenta (Entrevista a integrante del cdh Paso del Norte, 09 de junio de 2025).

En muchos casos, como en El Willy, las búsquedas se inician solo cuando existe presión internacional o participación de actores externos, lo que habla del desinterés institucional por enfrentar una problemática que ha sido reducida a cifras y burocracia forense. En ese marco, lo ocurrido en El Willy interpela no solo a las instituciones encargadas de procurar justicia, sino también a las narrativas nacionales sobre seguridad, gobernabilidad y derechos humanos. Este hallazgo debe leerse como una advertencia sobre los límites del Estado y la necesidad urgente de reconfigurar las políticas públicas desde una perspectiva de derechos, memoria y reparación. La recuperación e identificación de los cuerpos, más que un trámite forense, es un acto político de restitución de dignidad. Cada osamenta rescatada es un cuerpo que reclama volver a ser parte de lo humano, de lo visible, de lo narrable. 

Además, el caso pone de relieve la importancia de la acción colectiva y la exigencia desde abajo. Sin la persistencia de familias buscadoras, organizaciones civiles como el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte y medios independientes, muchos de estos crímenes seguirían invisibilizados. En términos generales, el hallazgo en El Willy es un síntoma de un panorama preocupante: la normalización del horror como forma de gestión territorial. No basta con contabilizar fosas, es indispensable desmontar las estructuras de impunidad que las hacen posibles. La crisis de desapariciones forzadas en Chihuahua, sobre todo en el norte y la sierra, requiere no solo de justicia legal, sino de una transformación radical de las condiciones que permiten que cuerpos humanos sean tratados como desechos. 

De las gramáticas de la violencia atroz 

Los casos de las fosas clandestinas en contextos de violencia atroz, como los antes expuestos, implican reconocerlas como espacios de exterminio y dispositivos pedagógicos de la crueldad (Segato, 2018). En ellas se materializa una lección brutal, aquella en la que ciertos cuerpos pueden ser eliminados sin dejar rastro, sin nombre y sin duelo. Se convierten en un dispositivo que enuncia un mensaje, mediante el terror, de vidas que no importan y cuerpos que se vuelven desecho. Lejos de ser solo un lugar donde se deposita el cuerpo aniquilado, las fosas son artefactos simbólicos que transmiten mensajes de control, dominación y miedo. En este marco, la violencia extrema que se traduce en el surgimiento de estos microespacios de excepción se convierte en un lenguaje performativo del poder, orientado a configurar subjetividades aterrorizadas y a reorganizar el orden espacial y social. 

En el mismo sentido, la violencia en contextos de descomposición institucional y crisis civilizatoria adopta formas espectaculares que no solo buscan destruir físicamente a sus víctimas, sino también comunicar algo: disciplinar al cuerpo social, advertir, reconfigurar los márgenes de lo tolerable (Reguillo, 2013). En esta línea, las fosas clandestinas no deben analizarse únicamente desde su función instrumental en torno al ocultamiento o disolución del cuerpo, sino también desde su capacidad semiótica: dan un mensaje de control y dominación en el territorio de “no hay salida posible”. Queda claro que son inscripciones territoriales del terror, marcas de una soberanía criminal que actúa con o sin la complicidad del Estado en zonas particulares para atemorizar a la población. La fosa, entonces, no es solo un surco o vestigio en la tierra, es un acto de habla violento (Reguillo, 2013), una enunciación sin palabras que dice: aquí el poder puede borrar, eliminar, silenciar. 

Imagen 5. Rastreo en Valle de Juárez, Chihuahua. Fuente: Salvador Salazar Gutiérrez, marzo de 2025.

La forma en como son depositados los cuerpos en las fosas clandestinas responde también a un circuito de enunciación en el que el mensaje se traduce en los lugares donde se puede actuar a través del miedo. Es aquí donde una pedagogía de la crueldad se articula con microespacios de excepción: la geografía misma se convierte en escenario del horror y los cuerpos desaparecidos son utilizados como dispositivos de enseñanza simbólica para provocar miedo y temor entre la población para, con ello, erosionar el tejido social comunitario. Esta pedagogía no es abstracta ni difusa, se ejerce sobre cuerpos concretos, en comunidades específicas, en sus territorios, produciendo efectos materiales e imaginarios.  

El terror funciona como un recurso pedagógico que enseña lo que puede pasar si se transgreden los límites impuestos por los actores violentos –ya sean criminales, estatales o una combinación de ambos–. Como advierte Rossana Reguillo (2021), el miedo deja de ser una emoción individual para transformarse en una tecnología de gobierno que organiza los comportamientos, los desplazamientos y los vínculos sociales. En territorios marcados por la desaparición forzada, el miedo impide circular, hablar, denunciar, buscar; pero, sobre todo, paraliza el cuerpo colectivo y fragmenta el tejido comunitario. Es importante partir de que el hallazgo de una fosa clandestina no es solo un evento forense, sino un acontecimiento político, comunicacional y territorial. Cada cuerpo encontrado –o el vestigio de una osamenta sin identificar– constituye una inscripción que dice algo sobre el poder, acerca del lugar que ocupa una vida en la cartografía del dominio y de la negación 

Más allá de la contabilidad de cuerpos, las fosas representan la expresión máxima de una violencia que despoja al sujeto de toda condición política y lo convierte en residuo. Estos cuerpos sin nombre, descompuestos, fragmentados, son testigos silenciosos de una guerra no declarada pero permanente, en que la desaparición es tanto castigo como advertencia. La fosa es, en este sentido, un dispositivo de memoria invertida: su propósito es borrar toda huella del crimen, aunque, al ser descubierta, revela con brutal claridad la mecánica de la violencia estatal y paraestatal. En estos microespacios de excepción, en los márgenes de la legalidad y la crueldad, los cuerpos brutalmente asesinados y no identificados que yacen en fosas clandestinas constituyen uno de los signos más radicales de la descomposición del orden jurídico-político contemporáneo.  

Los territorios atravesados por la desaparición forzada, donde el Estado suspende el orden jurídico y social, permiten que la violencia se ejerza de manera selectiva y sistemática. Estos espacios, en los que convergen fosas clandestinas, campos de adiestramiento o campos de exterminio, se caracterizan por su invisibilidad relativa y su inserción en lo cotidiano, pero operan como dispositivos de muerte y despojo. Lejos de representar simples lugares en la ejecución de un delito, son espacios en los que cuerpos desechados son la manifestación material de una operación soberana que ha despojado al sujeto de toda condición política, jurídica y simbólica.  

Cada osamenta recuperada sin identidad, sin duelo, sin historia, es testimonio de una forma de gobierno que no solo permite la muerte, sino que la gestiona como parte de su lógica de gobernar los territorios. Los cuerpos no identificados hallados en estos sitios son restos de una condición humana suspendida. No son cadáveres que puedan ser restituidos a un sujeto biográfico, ya que en varias ocasiones están fuera de la posibilidad de ingresar a un rito funerario. Son residuos, restos de cuerpos cuya inscripción en el orden simbólico ha sido radicalmente interrumpida. El cuerpo-desecho no es simplemente el resultado material de la muerte, sino el efecto de una soberanía macrocriminal que opera desde lo jurídico, lo policial, lo económico que caracteriza el dominio del necropoder. Un cuerpo ha sido sustraído del circuito de reconocimiento, expulsado del campo de lo vivible y de lo llorable. Su condición de clandestinidad, en el sentido de carecer de un proceso de identificación, da cuenta de que se trata de una vida no solo matable, sino de una vida que ya ha perdido su capacidad de significar y ser reconocida en una comunidad política. 

Fermeture 

El fenómeno de las fosas clandestinas en el norte de Chihuahua se presenta como una de las expresiones más brutales y sistemáticas de la violencia atroz que atraviesa México en las dos últimas décadas. A lo largo de este trabajo se ha planteado que estas fosas no son eventos aislados ni exclusivamente atribuibles al accionar del crimen organizado. Por el contrario, representan dispositivos materiales de un régimen necropolítico que gestiona la muerte como forma de control territorial, disciplinamiento social y silenciamiento político, en el que operan una complicidad entre actores macrocriminales junto al Estado mexicano. 

Lejos de ser simples depósitos de cuerpos, las fosas encarnan una pedagogía que reconfigura el espacio social, el vínculo comunitario y la posibilidad misma de la vida como proyecto colectivo. El análisis regional de los datos obtenidos mediante solicitudes de transparencia a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, así como la recuperación de hallazgos como en el rancho El Willy permiten dimensionar la magnitud de la tragedia y también los patrones estructurales que la sostienen: militarización de la seguridad pública, colusión de autoridades civiles y militares con redes criminales, negligencia e impunidad institucional en la identificación de cuerpos, así como revictimización de familiares que, ante el abandono del Estado, se convierten en buscadoras en territorios de horror. A través de una mirada que articula cifras, testimonios, marcos jurídicos e interpretaciones teóricas, el artículo ha buscado visibilizar cómo la desaparición forzada se territorializa en zonas fronterizas bajo lógicas de impunidad, precarización de la vida y exclusión social, ejemplificado en la creciente presencia de fosas clandestinas. 

La categoría de microespacios de excepción permite comprender que la desaparición forzada no es únicamente una técnica represiva, sino una forma de gobierno que opera en territorios concretos. Zonas suspendidas del orden jurídico donde el Estado renuncia a ejercer su soberanía plena y permite la operación de formas de violencia letal administradas por actores criminales. Estos espacios, muchas veces invisibles, forman parte del paisaje cotidiano a partir de brechas rurales, parajes urbanos abandonados, montes o terrenos baldíos. Allí se despliega una soberanía criminal que combina el control del territorio con la eliminación de cuerpos.  

Esta dimensión territorial de lo atroz da cuenta de una crisis de presencia institucional por parte del Estado mexicano. La estrategia de política punitiva que ha caracterizado las administraciones federal y estatal recientes ha sido un elemento más de las lógicas de encubrimiento que propician estos paisajes de horror en la región. Los circuitos de cooptación voluntaria o involuntaria en espacios de reclutamiento, en particular la evidencia sobre las formas en que se convierten en espacios de exterminio, son muestra contundente de un colapso tanto institucional como social al ir naturalizando estos fenómenos y posicionándolos como algo común y cotidiano en nuestras vidas. Resulta asombroso que, pese a los altos niveles de violencia que se viven día a día, no exista una exigencia social amplia y cohesionada que reclame con firmeza un “¡Ya basta!”. Esta inquietud permanece vigente y, en este escenario, la academia no puede desligarse de su responsabilidad: aportar claves de sentido para comprender lo que ocurre, una labor que continúa siendo impostergable. 

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Salvador Salazar Gutiérrez es doctor en Estudios Científico-Sociales por el iteso, integrante del snii niveau ii, su línea de investigación: culturas juveniles y procesos socioculturales en la frontera norte. salvador.salazar@uacj.mx

Vladimir Hernández Hernández es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios Regionales por El Colegio de la Frontera Norte, integrante del snii niveau ii, su línea de investigación: análisis urbano-territorial. vladimir.hernandez@uacj.mx