Palabras claves: fosas clandestinas, microespacios de excepci\u00f3n, desaparici\u00f3n forzada, cuerpo desechado, frontera. <\/p>\n\n\n\n
testimony of barbarity: clandestine graves as micro-spaces of exception in northern chihuahua, mexico, 2008-2024<\/span><\/p>\n\n\n\n This article analyzes the phenomenon of clandestine graves in northern Chihuahua as an expression of extreme violence and forced disappearance in Mexico, exploring how these spaces function as necropolitical devices that articulate practices of extermination, silencing, and control over territory. The study involved a review of statistical data, national and local news sources, and semi-structured interviews with members of the Paso del Norte Human Rights Center (cdh<\/span> Paso del Norte). Findings indicate that more than half of the graves identified between 2008 and 2024 are located in the state\u2019s northern region, revealing a systematic pattern of violence, impunity, and institutional collapse. Clandestine graves contain not only bodies but also territorial markings that inscribe a lesson of terror on the landscape. <\/p>\n\n\n\n Keywords: Clandestine graves, micro-spaces of exception, forced disappearance, discarded bodies, border. <\/p>\n\n\n\n El fen\u00f3meno de las fosas clandestinas ha revelado la expresi\u00f3n de violencia atroz, en particular sobre los cuerpos de personas desaparecidas, ante la presencia de la macrocriminalidad y sus complicidades con agentes del Estado mexicano. En el escenario particular del norte de Chihuahua, dicho asunto constituye uno de los rostros m\u00e1s crudos y silenciados de la violencia estructural y atroz que atraviesa el pa\u00eds. En esta regi\u00f3n fronteriza, marcada hist\u00f3ricamente por su papel estrat\u00e9gico en las rutas del narcotr\u00e1fico y del comercio binacional, la proliferaci\u00f3n de sitios de inhumaci\u00f3n clandestina no puede entenderse sin reconocer la presencia persistente de actores macrocriminales \u2013c\u00e1rteles con redes de complicidad con funcionarios de gobierno, as\u00ed como elementos policiaco-militares\u2013, con una estrecha colusi\u00f3n con distintas esferas del Estado mexicano. Ante la incapacidad institucional para prevenir, investigar y sancionar estos cr\u00edmenes, lo que observamos es una forma de complicidad activa que permite la continuidad de la violencia y favorece micro espacios de excepci\u00f3n<\/em> (Gami\u00f1o, 2021). <\/p>\n\n\n\n La desaparici\u00f3n de personas, en particular la desaparici\u00f3n forzada en esta regi\u00f3n del pa\u00eds,1<\/a> se ha colocado como un referente central de investigaci\u00f3n acad\u00e9mica. La manera en la que operan grupos armados, muchas veces bajo la omisi\u00f3n, resguardo o incluso colaboraci\u00f3n de operativos policiaco-militares enmarcados en estrategias de seguridad, como fue la llamada \u201cguerra contra el narcotr\u00e1fico\u201d,2<\/a> ha transformado vastos territorios en escenarios de despojo y exterminio hacia la poblaci\u00f3n m\u00e1s vulnerable. Abordar en lo particular el fen\u00f3meno de las fosas clandestinas, varias ligadas a casos de personas con carpeta de desaparici\u00f3n forzada, implica visibilizar no solo las m\u00faltiples capas de violencia que lo configuran, sino tambi\u00e9n denunciar los mecanismos de impunidad que impiden la verdad y la justicia. Las fosas clandestinas son una marca del horror (Mart\u00ednez Mart\u00ednez, 2025). Su an\u00e1lisis permite comprender c\u00f3mo se territorializa la desaparici\u00f3n en contextos en los que la frontera entre legalidad e ilegalidad se diluye, y en los que el Estado, lejos de garantizar derechos, aparece como actor c\u00f3mplice de acciones o pr\u00e1cticas de impunidad ante la violencia desmedida. <\/p>\n\n\n\n El texto forma parte de los resultados de avance de un proyecto de investigaci\u00f3n acerca de la desaparici\u00f3n forzada en el contexto reciente del estado de Chihuahua, as\u00ed como las acciones colectivas de familias buscadoras por la defensa de la memoria y la justicia. En particular, Ciudad Ju\u00e1rez y el Valle de Ju\u00e1rez,3<\/a> as\u00ed como los municipios de Ahumada, Buenaventura, Ascensi\u00f3n, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes y Janos, han enfrentado una importante presencia de grupos vinculados a la macrocriminalidad, generando fen\u00f3menos como desplazamiento forzado, asesinatos, desaparici\u00f3n forzada, secuestros o extorsi\u00f3n. Nuestra intenci\u00f3n es dar cuenta de la relaci\u00f3n entre la desaparici\u00f3n de personas en la regi\u00f3n y el hallazgo creciente de fosas clandestinas en esta parte del estado. <\/p>\n\n\n\n La pregunta central que buscamos responder es la siguiente: \u00bfqu\u00e9 impacto genera el hallazgo de fosas clandestinas como microespacios de excepci\u00f3n en la regi\u00f3n norte de Chihuahua durante el periodo 2008 a 2024? Rodolfo Gami\u00f1o (2021) denomina microespacios de excepci\u00f3n a territorios atravesados por la desaparici\u00f3n forzada que, aunque parecen invisibles e insertos en lo cotidiano, funcionan como dispositivos de muerte y despojo. Estos lugares, producidos por l\u00f3gicas estatales de exclusi\u00f3n y necropol\u00edtica, suspenden el orden jur\u00eddico y social al instaurar miedo e incertidumbre en la sociedad. Para trabajar esta relaci\u00f3n, se examin\u00f3 la informaci\u00f3n estad\u00edstica requerida por medio de un portal de transparencia, relacionada con el n\u00famero de hallazgos de fosas clandestinas en dichos municipios por parte de la Fiscal\u00eda General del Estado de Chihuahua. Sumado a ello, se hizo una revisi\u00f3n de notas period\u00edsticas locales y nacionales que comprenden el periodo 2008 a 2024, que han dado seguimiento a los casos de fosas clandestinas en Chihuahua y sus probables v\u00ednculos con grupos ligados a la macrocriminalidad en la regi\u00f3n.4<\/a> Como un tercer recurso, se realizaron tres entrevistas semiestructuradas a personal del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, A.C. (cdh<\/span> Paso del Norte),5<\/a> que permiten observar \u2013desde la mirada de expertos en temas de derechos humanos y activistas solidarios\u2013 el impacto que genera el hallazgo de fosas en diversas zonas de la regi\u00f3n y c\u00f3mo dan evidencia de las formas en que opera la macrocriminalidad sobre el territorio. <\/p>\n\n\n\n La desaparici\u00f3n forzada no solo elimina f\u00edsicamente a una persona, sino que la convierte en un cuerpo ausente, suspendido entre la vida y la muerte, borrado del orden jur\u00eddico y simb\u00f3lico. En este sentido, el necropoder no solo mata, sino que borra, desdibuja y deshumaniza la condici\u00f3n de un individuo. Es por ello que la desaparici\u00f3n forzada es un dispositivo que opera en territorios marcados por la impunidad y en los que se gestiona la muerte atroz, en que ciertos cuerpos son tratados como desechables y prescindibles. <\/p>\n\n\n\n Como ha sido se\u00f1alado por diversas autoras como Sayak Valencia (2010) o Ariadna Est\u00e9vez (2022), el concepto de necropol\u00edtica formulado por Achille Mbembe (2011) constituye una herramienta te\u00f3rica fundamental para comprender c\u00f3mo el poder contempor\u00e1neo se ejerce a trav\u00e9s de la producci\u00f3n y administraci\u00f3n de la muerte. A diferencia de las formas biopol\u00edticas descritas por Michel Foucault, centradas en la regulaci\u00f3n de la vida, Mbembe pone en el centro de su an\u00e1lisis el modo en que ciertos reg\u00edmenes de poder determinan qui\u00e9n puede vivir y qui\u00e9n debe morir, y c\u00f3mo algunos cuerpos son condenados a una muerte social, civil o f\u00edsica.<\/p>\n\n\n\n Este planteamiento resulta muy \u00fatil para abordar el fen\u00f3meno de la desaparici\u00f3n forzada, pr\u00e1ctica que encarna con claridad las l\u00f3gicas del necropoder. La desaparici\u00f3n no es solo la negaci\u00f3n del derecho a la vida, sino tambi\u00e9n la suspensi\u00f3n de toda condici\u00f3n jur\u00eddica y humana del sujeto, transform\u00e1ndolo en un cuerpo invisible, espectral, fuera del marco del duelo y la justicia. En este sentido, la desaparici\u00f3n forzada no representa \u00fanicamente una t\u00e9cnica represiva, sino una forma de gobierno que se sostiene en el terror, la impunidad y la suspensi\u00f3n del reconocimiento a la vida de una persona de quien no se tiene referencia de su ubicaci\u00f3n y condici\u00f3n. <\/p>\n\n\n\n En el contexto actual, el necropoder, adem\u00e1s de ejercerse desde el Estado-naci\u00f3n, tambi\u00e9n se articula con actores criminales, econ\u00f3micos y militares que hacen de la violencia y el despojo una forma de control territorial y social. En M\u00e9xico, donde la desaparici\u00f3n forzada se ha convertido en una pr\u00e1ctica sistem\u00e1tica y extendida, la categor\u00eda de necropol\u00edtica permite visibilizar las formas en que el poder no solo mata, sino que borra, silencia y fragmenta a las comunidades. De este modo, pensar la desaparici\u00f3n desde la necropol\u00edtica nos permitir\u00e1 ubicar c\u00f3mo las fosas clandestinas son la expresi\u00f3n de su l\u00f3gica atroz y, a la vez, un punto de referencia clave para comprender los mecanismos actuales de deshumanizaci\u00f3n y construir marcos de memoria, verdad y justicia. <\/p>\n\n\n\n Para nuestro caso, respaldado por una solicitud de transparencia a la Fiscal\u00eda General del Estado de Chihuahua realizada en agosto de 2024,6<\/a> se obtuvo informaci\u00f3n del registro de expedientes de personas desaparecidas, localizadas, y aquellos judicializados como desaparici\u00f3n forzada. <\/p>\n\n\n\n La Tabla 1 muestra los registros de casos en el periodo de enero de 2008 a julio de 2024. Como se observa, la Fiscal\u00eda General del Estado de Chihuahua contaba en ese tiempo con un total de 40 701 personas desaparecidas o no localizadas, de las que m\u00e1s del 80% corresponden a poblaci\u00f3n masculina. En particular, la Fiscal\u00eda Especializada en Investigaci\u00f3n de Violaciones a Derechos Humanos y Desaparici\u00f3n Forzada del Estado indica un registro de 41 casos que tiene considerados como desaparici\u00f3n forzada. Este dato es importante porque se trata de casos en los que se ha acreditado, de acuerdo con la Convenci\u00f3n Internacional para la protecci\u00f3n de todas las personas contra las desapariciones forzadas de las Naciones Unidas: <\/p>\n\n\n\n el arresto, la detenci\u00f3n, el secuestro o cualquier otra forma de privaci\u00f3n de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que act\u00faan con la autorizaci\u00f3n, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privaci\u00f3n de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustray\u00e9ndola a la protecci\u00f3n de la ley (onu<\/span>, 2006). <\/p>\n\n\n\n Para el caso mexicano, las implicaciones del caso de la desaparici\u00f3n de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero; el incremento en el n\u00famero de personas desaparecidas durante los gobiernos de Felipe Calder\u00f3n y Enrique Pe\u00f1a Nieto, la presi\u00f3n de colectivos de familiares de personas desaparecidas, as\u00ed como la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte idh<\/span>) por el caso Alvarado Espinoza al Estado mexicano, dio como resultado que en noviembre de 2017 se publicara la Ley General en Materia de Desaparici\u00f3n Forzada de Personas, Desaparici\u00f3n Cometida por Particulares y del Sistema de B\u00fasqueda de Personas.<\/em>7<\/a> <\/p>\n\n\n\n Dado nuestro inter\u00e9s en abordar la regi\u00f3n norte de Chihuahua, es importante no perder de vista las implicaciones en la participaci\u00f3n directa de agentes del Estado en la desaparici\u00f3n forzada en la regi\u00f3n, en particular el caso Alvarado Espinoza y otros contra M\u00e9xico.<\/em>8<\/a> El 28 de noviembre de 2018, la Corte idh,<\/span> con sede en San Jos\u00e9 de Costa Rica, emiti\u00f3 la sentencia definitiva en torno al caso. El documento describe el proceso judicial que dur\u00f3 nueve a\u00f1os, iniciado tras la denuncia presentada por miembros de la familia Alvarado ante diversas instancias judiciales del Estado mexicano. Dicha denuncia est\u00e1 relacionada con la detenci\u00f3n arbitraria y desaparici\u00f3n forzada de tres integrantes de la familia Alvarado, llevada a cabo por elementos del ej\u00e9rcito ligados al Operativo Conjunto Chihuahua-Ju\u00e1rez, el 29 de diciembre de 2009. <\/p>\n\n\n\n La sentencia muestra c\u00f3mo en el periodo de la llamada \u201cguerra contra el narcotr\u00e1fico\u201d iniciada en el gobierno de Felipe Calder\u00f3n y que continu\u00f3 durante los dos primeros a\u00f1os del gobierno de Enrique Pe\u00f1a Nieto, se presentaron violaciones sistem\u00e1ticas a los derechos humanos por diversos organismos de seguridad p\u00fablica, corporaciones de las fuerzas armadas, as\u00ed como instancias encargadas de los procedimientos judiciales. En t\u00e9rminos generales, la sentencia establece: <\/p>\n\n\n\n La Corte constat\u00f3 que el incremento en la participaci\u00f3n del Ej\u00e9rcito en las labores de seguridad ciudadana ha sido un patr\u00f3n constante en M\u00e9xico desde el a\u00f1o 2006. En dicho escenario, el empleo de las fuerzas castrenses en la lucha contra la delincuencia se convirti\u00f3 en una pr\u00e1ctica recurrente mediante la implementaci\u00f3n de los denominados \u201cOperativos Conjuntos\u201d en cuya intervenci\u00f3n concurr\u00edan efectivos policiales y militares. Lo anterior, sin haberse acreditado, para efectos del caso concreto, que se hubieran respetado salvaguardias para la participaci\u00f3n de las fuerzas armadas, tales como la: excepcionalidad, temporalidad y estricta necesidad del operativo conjunto, as\u00ed como una adecuada regulaci\u00f3n y protocolos de actuaci\u00f3n para tales tareas ni su fiscalizaci\u00f3n, e inclusive ventil\u00e1ndose los hechos denunciados en el fuero militar por un periodo de tiempo considerable. En vista del an\u00e1lisis expuesto, la Corte concluye que el Estado mexicano es internacionalmente responsable por la desaparici\u00f3n forzada de Nitza Paola Alvarado Espinoza, Jos\u00e9 \u00c1ngel Alvarado Herrera y Roc\u00edo Irene Alvarado Reyes, en violaci\u00f3n de los derechos al reconocimiento de la personalidad jur\u00eddica, a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal establecidos, respectivamente, de conformidad con la Convenci\u00f3n Americana y de la Convenci\u00f3n Interamericana sobre Desaparici\u00f3n Forzada de Personas (Fragmento sentencia, Corte idh<\/span>, 2018: 78). <\/p>\n\n\n\n En general, la resoluci\u00f3n es contundente al mostrar diversas violaciones a los derechos humanos. Derechos como el reconocimiento de la personalidad jur\u00eddica, a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal, circulaci\u00f3n y residencia, que se encuentran protegidos ante la Convenci\u00f3n Americana de los Derechos Humanos. En particular, enfatiza la violaci\u00f3n propia del acto de desaparici\u00f3n forzada contemplada en la Convenci\u00f3n Interamericana sobre Desaparici\u00f3n Forzada de Personas.9<\/a><\/p>\n\n\n\n Debemos asumir que la presencia de fosas clandestinas en diversas regiones del pa\u00eds son una expresi\u00f3n contundente de cr\u00edmenes de lesa humanidad (Ruiz Reyes, 2019).10<\/a> Est\u00e1n claramente ligadas a pr\u00e1cticas de terror y miedo producidas por grupos del crimen organizado en complicidad con agentes del Estado mexicano desde hace varias d\u00e9cadas atr\u00e1s. Fabrizio Lorusso (2021) plantea que la categor\u00eda de \u201cfosa clandestina\u201d en M\u00e9xico se ha vuelto central en el discurso p\u00fablico, acad\u00e9mico y legal, sobre todo a ra\u00edz de la crisis de desapariciones forzadas y la emergencia de colectivos de b\u00fasqueda. Sostiene que la noci\u00f3n de fosa clandestina no es un\u00edvoca: depende del campo disciplinar (antropolog\u00eda, derecho, criminolog\u00eda, arqueolog\u00eda forense) y de las finalidades pol\u00edticas, sociales o jur\u00eddicas que persigan quienes la utilizan.11<\/a> Para ello propone la siguiente definici\u00f3n: <\/p>\n\n\n\n la fosa clandestina puede concebirse como cualquier sitio en el cual se enterraron, arrojaron o colocaron en un espacio en el subsuelo, total o parcialmente, uno o m\u00e1s cad\u00e1veres, osamenta y\/o restos humanos, de manera ilegal, pudiendo presumirse el prop\u00f3sito de ocultar el paradero de una o m\u00e1s personas, dificultar o imposibilitar su localizaci\u00f3n y\/o identificaci\u00f3n, destruir evidencia, o bien, entre otras cosas, evitar que las autoridades puedan investigar o sancionar las razones y\/o las modalidades de tales actos (Lorusso, 2021: 156). <\/p>\n\n\n\n Considero que el planteamiento de Lorusso, en t\u00e9rminos generales, permite una mirada m\u00e1s profunda y multidimensional, ya que concibe la fosa clandestina como un sitio de inhumaci\u00f3n ilegal, as\u00ed como un espacio atravesado por violaciones graves a derechos humanos y por disputas sociales y pol\u00edticas en torno a la memoria y la justicia. No son solo objetos forenses, sino recursos que evidencian la violencia estructural y la crisis humanitaria que enfrentamos. <\/p>\n\n\n\n El informe Violencia y terror: hallazgos sobre fosas clandestinas en M\u00e9xico<\/em> muestra que el hallazgo de fosas clandestinas se ha convertido en un fen\u00f3meno estructural de la violencia en el pa\u00eds, vinculado de manera directa con desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura. En su estudio, que abarc\u00f3 varios estados para el periodo 2009 a 2014 en los que se presentaron picos de mayor violencia homicida en el pa\u00eds, evidencia que la inhumaci\u00f3n clandestina es parte de un patr\u00f3n sistem\u00e1tico de exterminio y ocultamiento. El texto plantea que cada fosa clandestina constituye no solo un lugar de muerte, sino tambi\u00e9n un espacio de impunidad y negaci\u00f3n de derechos, donde se materializan m\u00faltiples violaciones graves a la dignidad humana: \u201cEl hallazgo de fosas clandestinas refleja, por un lado, los distintos patrones diferenciados de violencia en los estados y municipios del pa\u00eds y, por el otro, la poca capacidad institucional y voluntad pol\u00edtica de los distintos niveles de gobierno para encontrar, registrar e identificar los cuerpos de las personas cuyos derechos fueron absolutamente negados\u201d (Gonz\u00e1lez N\u00fa\u00f1ez y Ch\u00e1vez Vargas, 2017: 15). <\/p>\n\n\n\n Como demuestra el estudio, esta pr\u00e1ctica de necropoder no es exclusiva de la regi\u00f3n norte de Chihuahua, ya que es una pr\u00e1ctica sistem\u00e1tica de control y dominio sobre territorios a partir del miedo y la desaparici\u00f3n forzada. Por otro lado, estas pr\u00e1cticas tambi\u00e9n son utilizadas con el objetivo de suprimir la resistencia, disciplinar a la sociedad y consolidar el poder a trav\u00e9s del miedo. A partir de Mbembe (2011), el necropoder se muestra como la capacidad del Estado y otros actores de ejercer control absoluto sobre la vida y la muerte de los individuos, determinando qu\u00e9 cuerpos pueden ser eliminados sin consecuencias jur\u00eddicas ni morales. En este sentido, partimos de sostener que las fosas clandestinas operan como espacios de desaparici\u00f3n forzada, encarnando la decisi\u00f3n soberana sobre la vida y la muerte de sectores considerados peligrosos o en condiciones de vulnerabilidad. <\/p>\n\n\n\n As\u00ed pues, el \u00e1mbito del territorio adquiere relevancia clave en torno al entendimiento del fen\u00f3meno. Rodolfo Gami\u00f1o Mu\u00f1oz (2021) propone la categor\u00eda de microespacios de excepci\u00f3n para analizar c\u00f3mo ciertos territorios marcados por la desaparici\u00f3n forzada se configuran como zonas suspendidas del orden jur\u00eddico y social, donde el Estado delega o abdica su soberan\u00eda, aunque mantiene una presencia selectiva, punitiva o simb\u00f3lica. A partir del estudio de fosas clandestinas y campos de exterminio localizados en distintas regiones del pa\u00eds, Gami\u00f1o explica c\u00f3mo estos espacios no solo escapan a la legalidad, sino que son producidos activamente por l\u00f3gicas estatales de exclusi\u00f3n y necropol\u00edtica. Para este autor, los microespacios de excepci\u00f3n se caracterizan por su aparente invisibilidad, por estar insertos en lo cotidiano: en predios abandonados, m\u00e1rgenes de caminos o zonas perif\u00e9ricas, pero que operan como dispositivos de muerte y despojo. La existencia de estos microespacios, como veremos adelante, busca tanto eliminar f\u00edsicamente a la disidencia, como instaurar un sistema de violencia estructural que paraliza a la sociedad mediante el miedo y la incertidumbre.12<\/a><\/p>\n\n\n\n En Am\u00e9rica Latina, las dictaduras militares de la segunda mitad del siglo xx<\/span> implementaron el uso sistem\u00e1tico de la desaparici\u00f3n forzada y el uso de fosas comunes como un m\u00e9todo de represi\u00f3n pol\u00edtica. En Argentina, durante la dictadura de 1976-1983, el Plan C\u00f3ndor articul\u00f3 una red de cooperaci\u00f3n represiva entre los reg\u00edmenes militares de la regi\u00f3n, resultando en la desaparici\u00f3n de aproximadamente 30 000 personas (Verbitsky, 1995). Chile, bajo el r\u00e9gimen de Pinochet, emple\u00f3 estrategias similares, destacando casos como los de Pisagua y Patio 29, donde cientos de opositores fueron enterrados en fosas clandestinas (Stern, 2010). En M\u00e9xico, el hallazgo de fosas masivas en el siglo xxi<\/span> ha sido vinculado con la violencia del narcotr\u00e1fico y con la complicidad del Estado en la desaparici\u00f3n forzada (Gonz\u00e1lez Rodr\u00edguez, 2012). <\/p>\n\n\n\n Carolina Robledo (2020) plantea que las fosas representan la desaparici\u00f3n f\u00edsica de los cuerpos y, al mismo tiempo, una forma de despojo territorial, en que el terror se convierte en una estrategia de reorganizaci\u00f3n social y control de comunidades. La localizaci\u00f3n de fosas clandestinas responde a l\u00f3gicas espaciales de exclusi\u00f3n y marginaci\u00f3n, reforzadas por el Estado y grupos criminales en una simbiosis de poder necropol\u00edtico. En este sentido, Fabrizio Lorusso (2021) argumenta que, en el caso mexicano, la proliferaci\u00f3n de fosas clandestinas ilustra un fen\u00f3meno de gubernamentalidad necropol\u00edtica, en el que la desaparici\u00f3n y la muerte se integran en las din\u00e1micas econ\u00f3micas y pol\u00edticas del pa\u00eds. La impunidad y la falta de investigaci\u00f3n sobre estos cr\u00edmenes consolidan un sistema de violencia estructural que mantiene el miedo como mecanismo de control social. <\/p>\n\n\n\n Por otro lado, no podemos dejar de lado, como sostiene Diana Tello (2021), el trauma que experimentan los familiares de personas desaparecidas, particularmente las madres, al pasar de la esperanza de encontrar con vida a sus seres queridos a la dolorosa aceptaci\u00f3n de buscarlos en fosas clandestinas. Tello argumenta que este desplazamiento no es solo emocional, sino profundamente pol\u00edtico y epist\u00e9mico: implica aprender a habitar el lenguaje forense, a negociar con instituciones estatales y a resignificar el cuerpo del hijo como un rastro que puede ser exhumado y reconstituido (Tello, 2017: 15). La autora subraya c\u00f3mo este proceso trastoca las nociones convencionales de duelo, ya que se vive sin cuerpo, sin cierre y bajo una l\u00f3gica de revictimizaci\u00f3n constante por parte del Estado. Adem\u00e1s, resulta interesante c\u00f3mo enfatiza la producci\u00f3n de saberes situados por parte de las madres buscadoras, quienes, en su actuar cotidiano, se convierten en expertas del territorio, de la evidencia y de las tecnolog\u00edas del dolor, desbordando el lugar asignado de v\u00edctimas pasivas. <\/p>\n\n\n\n En t\u00e9rminos generales, podemos considerar que el uso de fosas clandestinas como herramienta de terror responde a una l\u00f3gica de necro-poder en la que agentes del Estado mexicano, en complicidad con redes de macrocriminalidad, deciden los cuerpos a ser eliminados sin consecuencias jur\u00eddicas ni morales. La desaparici\u00f3n forzada y la inhumaci\u00f3n ilegal de v\u00edctimas no solo buscan exterminar a una persona, sino tambi\u00e9n generar un trauma colectivo que paraliza a la sociedad mediante el miedo y que se encarna en el territorio como l\u00f3gica de dominaci\u00f3n, lo que Rossana Reguillo (2021) llama necrom\u00e1quina.13<\/a><\/p>\n\n\n\n No perdamos de vista que el fen\u00f3meno de la desaparici\u00f3n forzada en el estado de Chihuahua tiene un periodo de largo alcance. Desde la d\u00e9cada de los setenta del siglo xx<\/span>, en el contexto de la llamada \u201cguerra sucia\u201d, casos de desapariciones gestadas por agentes del Estado fueron una pr\u00e1ctica com\u00fan en esta entidad del pa\u00eds (Quintana, 2013). Una pol\u00edtica represiva contra la disidencia de aquella \u00e9poca, que encontr\u00f3 su expresi\u00f3n m\u00e1s visible en la desaparici\u00f3n y asesinato de integrantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre.14<\/a> El aparato estatal represivo de ese entonces, en coordinaci\u00f3n con fuerzas policiales y militares, oper\u00f3 bajo una l\u00f3gica de contrainsurgencia que buscaba sofocar cualquier disidencia pol\u00edtica mediante el terror. En ese periodo, Chihuahua se convirti\u00f3 en un territorio donde se ensayaron formas de violencia institucional que marcaron la memoria colectiva y sentaron precedentes de impunidad y control social. <\/p>\n\n\n\n M\u00e1s all\u00e1 de este antecedente, nuestro inter\u00e9s se centra en ubicar c\u00f3mo se ha presentado el hallazgo de fosas clandestinas en los \u00faltimos a\u00f1os ligadas a territorios de disputa macrocriminal. Este fen\u00f3meno ha adquirido relevancia por el n\u00famero elevado de lugares que se han registrado a partir de 2008, teniendo como referencia obligada la puesta en marcha del Operativo Conjunto Chihuahua en torno a la \u201cguerra contra el narcotr\u00e1fico\u201d de Felipe Calder\u00f3n, as\u00ed como el control que grupos criminales han gestado en diversas regiones del norte del estado. No perdamos de vista que el fen\u00f3meno de hallazgo de cuerpos con signos de violencia, en parajes deshabitados o terrenos abandonados, se enmarca en ese periodo. Es importante no perder de vista el fen\u00f3meno del feminicidio sist\u00e9mico, clara muestra de c\u00f3mo a lo largo de las \u00faltimas d\u00e9cadas se ha gestado una violencia atroz sobre los cuerpos, en particular de las mujeres en Ciudad Ju\u00e1rez.15<\/a><\/p>\n\n\n\n En relaci\u00f3n con el registro que la Fiscal\u00eda General del Estado ha venido generando en torno a lugares con hallazgos de inhumaci\u00f3n clandestina, la Tabla 2 indica el n\u00famero encontrado en el periodo de estudio. <\/p>\n\n\n\n El registro con el que cuenta la Fiscal\u00eda General del Estado, sobre aquellos casos de fosas clandestinas ubicadas e intervenidas para asegurar restos humanos con la intenci\u00f3n de identificar casos de personas desaparecidas no localizadas, permite observar c\u00f3mo se ha incrementado el n\u00famero de eventos. Por medio de una solicitud de acceso a la informaci\u00f3n,16<\/a> a continuaci\u00f3n presentaremos los datos del n\u00famero de sitios de inhumaci\u00f3n clandestina, as\u00ed como el n\u00famero de fosas ubicadas en estos lugares, considerando tambi\u00e9n la cifra de individuos registrados e identificados durante el periodo de enero 2008 a diciembre de 2024. <\/p>\n\n\n\n Si bien nos centramos en la zona norte del estado, valdr\u00eda la pena no perder de vista c\u00f3mo se perfila la distribuci\u00f3n de fosas clandestinas y n\u00famero de cuerpos-osamentas registrados en otros municipios de Chihuahua. Por ejemplo, en la regi\u00f3n centro se destaca la ciudad de Chihuahua con un total de 55 fosas clandestinas con 65 registros de osamentas; Cuauht\u00e9moc, con 28 fosas y 35 registros de osamentas; y Aldama, con 15 fosas y 21 registros de osamentas. Para la regi\u00f3n sur y serrana \u2013poniente\u2013, aparecen los municipios de Bocoyna con 12 fosas clandestinas y 16 registros de osamentas; Guachochi, con 12 fosas clandestinas y 19 registros de osamentas; Guerrero, con 12 fosas clandestinas y 21 registros de osamentas; Urique, con 10 fosas clandestinas y 18 registros de osamentas; e Hidalgo del Parral, con 11 fosas clandestinas y 11 registros de osamentas. <\/p>\n\n\n\n Destaca para el periodo c\u00f3mo se concentran los registros de fosas clandestinas en la regi\u00f3n de Ciudad Ju\u00e1rez y el Valle de Ju\u00e1rez, ya que acapara m\u00e1s de la mitad del total de los casos en el periodo de estudio. <\/p>\n\n\n\n Como se puede observar, en el municipio de Ju\u00e1rez \u2013que abarca Ciudad Ju\u00e1rez y unas peque\u00f1as poblaciones del Valle de Ju\u00e1rez\u2013 se tienen contabilizados 190 lugares de inhumaci\u00f3n, con un total de 225 fosas clandestinas ubicadas en esos sitios. Con respecto a los hallazgos, la Tabla 3 muestra que se cuenta con un registro de 381 osamentas-cad\u00e1veres ingresados al sistema, de los que solo se han identificado 221 individuos. Esto aumenta sobremanera si consideramos los tres municipios que comprenden la regi\u00f3n del Valle de Ju\u00e1rez \u2013Ju\u00e1rez, Guadalupe y Praxedis G. Guerrero\u2013, ya que se observa un registro de 234 sitios de inhumaci\u00f3n, con un total de 281 fosas clandestinas, en las que se contabiliz\u00f3 el hallazgo de 459 osamentas-cad\u00e1veres, de los que se han logrado identificar a 264 individuos. <\/p>\n\n\n\n Esta presencia desbordada de registros no puede entenderse sin la caracterizaci\u00f3n de la crisis de impunidad, seguridad e incremento de la violencia atroz que se ha experimentado en la zona. La proliferaci\u00f3n de fosas clandestinas, adem\u00e1s de evidenciar la magnitud del horror, tambi\u00e9n refleja la fractura del tejido social y la ausencia de mecanismos efectivos de justicia. En palabras de un integrante del cdh Paso<\/span> del Norte: <\/p>\n\n\n\n El tema de desaparici\u00f3n con la localizaci\u00f3n de fosas clandestinas, agregar\u00eda la posibilidad de que se traten de casos de trabajo forzado y de reclutamiento, situaciones que hemos visto en la localizaci\u00f3n de fosas es que ocurre en espacios donde las autoridades no tienen un control del territorio. Espacios donde grupos delincuenciales han cooptado poblaciones, incluso a veces enteras, trabajan de una manera muy cercana con autoridades, no solamente desde la aquiescencia sino tambi\u00e9n desde la participaci\u00f3n de elementos de corporaciones policiacas en la comisi\u00f3n de estos delitos, incluso en el tema de omisiones u obstaculizaci\u00f3n de investigaci\u00f3n de casos de desaparici\u00f3n de personas. En zonas como Palomas o el Valle de Ju\u00e1rez que son espacios rurales a diferencia de Ciudad Ju\u00e1rez, es m\u00e1s que evidente que las autoridades tuvieron alguna participaci\u00f3n directa. Lo que estamos viendo es un abandono institucional y un abandono muy a modo para propiciar o permitir que los grupos criminales se apoderen esos espacios (Entrevista con integrante del cdh <\/span>Paso del Norte, 09 junio de 2025). <\/p>\n\n\n\n La complicidad entre autoridades, en particular las organizaciones encargadas de tareas de seguridad p\u00fablica, ha sido uno de los aspectos que permiten explicar el porqu\u00e9 del incremento de casos de desaparici\u00f3n forzada en la regi\u00f3n. Sumado a ello, la militarizaci\u00f3n de la seguridad p\u00fablica, como fue tanto en el periodo del Operativo Conjunto Chihuahua de 2008 a 2013 o la operaci\u00f3n Frontera Segura en 2019, lejos de contener la violencia, ha contribuido a la normalizaci\u00f3n de pr\u00e1cticas atroces como la desaparici\u00f3n forzada, facilitando el ocultamiento sistem\u00e1tico de cuerpos en espacios rurales y de dif\u00edcil acceso. Esta crisis humanitaria es agravada por la negligencia del Estado en la b\u00fasqueda e identificaci\u00f3n de v\u00edctimas, lo que perpet\u00faa el dolor de las familias y fortalece un clima de terror e impunidad que impide la reconstrucci\u00f3n de la memoria colectiva y la exigencia de justicia. <\/p>\n\n\n\n En la Tabla 4 se aprecia el caso del municipio de Ju\u00e1rez, que es evidente c\u00f3mo se presenta una relaci\u00f3n entre el n\u00famero de osamentas-cad\u00e1ver encontrados en los sitios inhumados, que est\u00e1 ligada principalmente con el periodo de la implementaci\u00f3n del Operativo Conjunto Chihuahua entre 2008 y 2012; sin embargo, no es exclusivo de este momento porque habr\u00e1 que tener presente que en los \u00faltimos seis a\u00f1os de nuevo hay picos de repunte en los hallazgos, vinculados sobre todo con el control que grupos criminales han tomado en la regi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n No queremos dejar de lado el hallazgo de fosas clandestinas en la comunidad conocida como El Willy, en Casas Grandes, Chihuahua.17<\/a> Un caso que representa no solo un hecho contundente de horror, sino una radiograf\u00eda de los dispositivos de exterminio que operan en el pa\u00eds desde la l\u00f3gica del necropoder, en la que el cuerpo desaparecido se convierte en disputa simb\u00f3lica, pol\u00edtica y territorial. En una regi\u00f3n atravesada por la colusi\u00f3n entre criminalidad organizada y actores del Estado,18<\/a> el descubrimiento de al menos 76 osamentas humanas en un rancho oculto entre las monta\u00f1as de la sierra noroeste de Chihuahua, pone al descubierto la profundidad de la crisis de impunidad e institucionalidad que favorece y reproduce estas formas de barbarie. <\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan informaci\u00f3n oficial y reportes period\u00edsticos,19<\/a> el hallazgo en El Willy fue posible gracias a la colaboraci\u00f3n de un informante desde Estados Unidos, lo que ya de por s\u00ed revela la ausencia demecanismos internos efectivos de investigaci\u00f3n y prevenci\u00f3n. Las labores de exhumaci\u00f3n, iniciadas en enero de 2025 por la Fiscal\u00eda General del Estado de Chihuahua, en conjunto con la Comisi\u00f3n Local de B\u00fasqueda y elementos de la Guardia Nacional y el Ej\u00e9rcito, evidencian un patr\u00f3n sistem\u00e1tico de ocultamiento de cuerpos presuntamente por parte del grupo criminal La L\u00ednea, brazo armado del C\u00e1rtel de Ju\u00e1rez. Las v\u00edctimas, muchas de ellas a\u00fan sin identificar, presentaban signos de violencia extrema: mutilaciones, desmembramientos y evidencias de tortura. Este nivel de crueldad no solo es una forma de eliminaci\u00f3n f\u00edsica, sino tambi\u00e9n una estrategia de dominaci\u00f3n simb\u00f3lica sobre comunidades enteras. La reacci\u00f3n de colectivos de familiares de personas desaparecidas junto a organizaciones de derechos humanos fue inmediata: exigir el esclarecimiento de la identidad de las personas all\u00ed depositadas, as\u00ed como del contexto y lo que provoc\u00f3 que fueran asesinadas y enterradas en ese lugar.20<\/a><\/p>\n\n\n\n En El Willy, el fiscal de la regi\u00f3n nos mencion\u00f3 que hab\u00eda j\u00f3venes que se dedicaban al tema de limpiar parabrisas, que fueron tambi\u00e9n reclutados de manera, eso s\u00ed, forzosa, y que se les localiza en el rancho El Willy. No se ha dado la identificaci\u00f3n de todas las personas que fueron localizadas en el rancho en el lugar, no sabemos con certeza si todas las personas que fueron inhumadas son personas contrarias al grupo criminal o son algunas personas que no pasan con todos los est\u00e1ndares de reclutamiento y que son ultimadas en el espacio. Hay informaci\u00f3n sobre todo period\u00edstica, de que son personas que intentan ingresar a la zona sin alguna autorizaci\u00f3n que van con alguna finalidad de trabajo de transportistas y luego que son desaparecidas en su trayecto. Por algunas entrevistas a sobrevivientes como es uno de los expedientes que llevamos en el Centro, se puede pensar que s\u00ed era un tema de trabajo forzado para dedicarse al sicariato (Entrevista con integrante del cdh<\/span> Paso del Norte, 07 de junio de 2025).<\/p>\n\n\n\n
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\n <\/i>\n <\/a>\n <\/figure> <\/div> \n <\/div>\n Introdu\u00e7\u00e3o <\/h2>\n\n\n\n
La desaparici\u00f3n forzada como dispositivo de necropoder <\/h2>\n\n\n\n
\n <\/i>\n <\/a>\n <\/figure> <\/div> \n <\/div>\n La fosa clandestina: microespacios de excepci\u00f3n <\/h2>\n\n\n\n
\n <\/i>\n <\/a>\n <\/figure> <\/div> \n <\/div>\n Paisaje de la violencia atroz. Fosas clandestinas en el norte de Chihuahua <\/h2>\n\n\n\n
\n <\/i>\n <\/a>\n <\/figure> <\/div> \n <\/div>\n
* Es importante tener en cuenta que un sitio de inhumaci\u00f3n es el lugar en el que se encontraron hallazgos de osamentas o restos \u00f3seos, y que en uno de estos sitios puede existir una o m\u00e1s fosas clandestinas. Es por ello que se observa en la tabla c\u00f3mo el n\u00famero de sitios es menor, en algunos municipios, al total de fosas ubicadas.
Fuente: Elaboraci\u00f3n de Salvador Salazar Guti\u00e9rrez y Vladimir Hern\u00e1ndez Hern\u00e1ndez con informaci\u00f3n otorgada por la Fiscal\u00eda General del Estado de Chihuahua, municipios de la regi\u00f3n norte, 1 de enero de 2008 a 15 de marzo de 2024. <\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n
en el municipio de Ju\u00e1rez, Chihuahua, periodo 2008 a 2023.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\nExpresi\u00f3n de la violencia atroz. Hallazgos recientes en El Willy <\/h2>\n\n\n\n