Indigenous Women in War: Expressions of Violence, New and Old<\/p>\n\n\n\n
<\/a>History discloses a constant in numerous conflicts: violence against women that treats them as spoils of war, as a means of denigrating and injuring opponents that can be peoples, groups or individuals. The situation is no different in current-day conflicts women from indigenous communities must face, particularly in cases related to struggles for building, defending and strengthening those peoples\u2019 and communities\u2019 autonomous models; as well as those related to community opposition to extractive mega-projects that threaten to displace them from their homelands. In such scenarios, indigenous women are the objects of additional violence, now not only as spoils of war, but as a direct result of their political activism as autonomy-advocates, organization leaders, suffragists, feminists or anti-extractionists. The present study provides a panorama of numerous intersections\u2014gender, class, ethnicity\u2014that in the neoliberal extractive context violate indigenous men and women who call power, (in)justice and the current economic model into question. I also focus on continuities and new expressions of violence against indigenous women.<\/p>\n\n\n\n Keywords: Violence against women, instersectionality, gender, indigenous women, neoliberal extractivisim.<\/p>\n\n\n\n L<\/span>a violencia ejercida contra las mujeres ind\u00edgenas en las \u00faltimas d\u00e9cadas tiene algunos rasgos que es importante destacar; comenzaremos por se\u00f1alar que se trata de un problema a\u00f1ejo que remite a la longeva cultura patriarcal que ha recorrido la historia del mundo. Sin embargo, en cada momento hist\u00f3rico esta violencia tiene particularidades; por ello, en este trabajo quisiera centrarme en la violencia estructural que se ejerce contra las mujeres ind\u00edgenas que rompen con los \u201cmandatos de g\u00e9nero\u201d (Segato, 2003),1<\/a> las mujeres activistas que luchan no s\u00f3lo contra la exclusi\u00f3n y la discriminaci\u00f3n, sino por ejercer derechos ciudadanos y su identidad como integrantes de un pueblo ind\u00edgena. Me referir\u00e9 espec\u00edficamente a la violencia ejercida contra las l\u00edderes y activistas sociales que est\u00e1n luchando con sus pueblos para defender su autonom\u00eda y detener el avance devastador de los proyectos extractivistas que desde hace ya tres d\u00e9cadas se vienen impulsando a lo largo y ancho en Am\u00e9rica Latina.<\/p>\n\n\n\n Abordo la tem\u00e1tica de la violencia contra las mujeres ind\u00edgenas desde dos perspectivas que son complementarias para el entendimiento de las nuevas violencias que recorren tanto a M\u00e9xico como al resto de Am\u00e9rica Latina. La primera es la perspectiva intersectorial en tanto propuesta te\u00f3rica metodol\u00f3gica amplia, que permite entender las distintas dimensiones en que la dominaci\u00f3n, discriminaci\u00f3n, exclusi\u00f3n y violencia que se ejercen contra las mujeres ind\u00edgenas por su etnia, g\u00e9nero y clase en un entorno social, econ\u00f3mico, pol\u00edtico y legal que alimenta y ampl\u00eda la discriminaci\u00f3n. Recupero el debate emprendido por Mara Viveros cuando afirma que la interseccionalidad se ha convertido en la expresi\u00f3n utilizada para designar la perspectiva te\u00f3rica y metodol\u00f3gica que busca dar cuenta de una realidad cruzada o imbricada por las relaciones de poder, en un contexto y un momento hist\u00f3rico espec\u00edficos (Viveros, 2016). En este caso el marco contextual que analizo es el de las nuevas expresiones de la violencia contra los pueblos ind\u00edgenas en general, y en particular contra las mujeres ind\u00edgenas, en esta etapa contempor\u00e1nea calificada por Harvey (2004) como de nuevo imperialismo, caracterizado por una forma de acumulaci\u00f3n basada en la explotaci\u00f3n de materias primas en los pa\u00edses perif\u00e9ricos.<\/p>\n\n\n\n Por ello, la segunda perspectiva anal\u00edtica alude a las visiones cr\u00edticas del giro extractivista que va dejando a su paso una devastaci\u00f3n ecol\u00f3gica, as\u00ed como conflictos y nuevas exclusiones (Zibechi, 2015; Gudynas, 2009). El extractivismo, cuya expresi\u00f3n es la multiplicaci\u00f3n de actividades como las petroleras, mineras, hidr\u00e1ulicas, agr\u00edcolas o tur\u00edsticas que se traducen en el despojo de territorios, el desplazamiento de poblaci\u00f3n o la generaci\u00f3n de conflictos inter\u00e9tnicos y que est\u00e1n siendo contestados por vigorosos movimientos sociales e ind\u00edgenas en el continente.<\/p>\n\n\n\n Me interesa destacar c\u00f3mo, a pesar de las cr\u00edticas expresadas por acad\u00e9micos, bi\u00f3logos, ge\u00f3grafos, polit\u00f3logos, antrop\u00f3logos, soci\u00f3logos, economistas, entre otros, as\u00ed como la proliferaci\u00f3n de movimientos sociales amplios en contra de este modelo econ\u00f3mico, los Estados celebran el arribo de millonarias inversiones argumentando su derrama en empleos y la reactivaci\u00f3n de las econom\u00edas nacionales, a la vez que invisibilizan el entorno de violencia que est\u00e1 generando contra pueblos ind\u00edgenas, movimientos autonomistas y sus l\u00edderes, tanto a hombres como a mujeres, que denuncian las amenazas contra sus territorios, sus culturas ancestrales, cosmovisiones y modos de vida. En este sentido, el gobierno mexicano ha expresado con bombo y platillo el incremento de las inversiones extranjeras, pues durante la presente administraci\u00f3n gubernamental (2012-2018) la inversi\u00f3n extranjera directa (ied<\/span>) acumulada fue del orden de 156,194.3 millones de d\u00f3lares, cifra 51.9% mayor que el monto reportado seis a\u00f1os atr\u00e1s. De \u00e9stos, 11.7% se ha destinado a la miner\u00eda (se<\/span>, 2017). Si bien la inversi\u00f3n en miner\u00eda parecer\u00eda modesta, existe un fuerte inter\u00e9s por seguir ampliando este sector, como puede constatarse en el Programa de Desarrollo Minero 2013-2018 (dof<\/span>, 2014), que afirma que M\u00e9xico tiene en 70% de su territorio recursos minerales probados, en tanto que existe una \u201cevoluci\u00f3n geol\u00f3gica positiva\u201d para considerar que esta actividad puede ampliarse, por lo que se ha establecido un plan para continuar con la entrega de concesiones a los inversionistas interesados.2<\/a><\/p>\n\n\n\n De acuerdo con las cifras oficiales la miner\u00eda no es el sector de mayor aporte al pib<\/span>, ni ofrece un importante n\u00famero de empleos, ni le genera al pa\u00eds mayores ganancias. Sin embargo, s\u00ed est\u00e1 originando gran cantidad de conflictos socioambientales y ha echado por la borda la autonom\u00eda reconocida constitucionalmente a los pueblos ind\u00edgenas, con lo que se est\u00e1 amenazando su supervivencia como pueblos diferenciados cultural y pol\u00edticamente. Todo parece indicar que esta ser\u00e1 la t\u00f3nica de los siguientes a\u00f1os, pues se ha colocado a la miner\u00eda como un sector estrat\u00e9gico para el desarrollo nacional. En este mismo sentido la ley minera vigente (2014) declara, en su art\u00edculo sexto, que la miner\u00eda es una actividad de utilidad p\u00fablica<\/em> y deja asentado que la exploraci\u00f3n, la explotaci\u00f3n y el beneficio de los minerales o sustancias a que se refiere la ley son de utilidad p\u00fablica y ser\u00e1n preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno, con sujeci\u00f3n a las condiciones que establece \u00e9sta.<\/p>\n\n\n\n Dos datos cuantitativos nos ayudar\u00e1n a mostrar la envergadura del proceso en curso: seg\u00fan Eckart Boege (2013), la afectaci\u00f3n por miner\u00eda impactaba hasta hace cinco a\u00f1os a por lo menos 42 de los 62 pueblos ind\u00edgenas. Document\u00f3 que entre los a\u00f1os 2000 y 2012, de las 28 millones de hect\u00e1reas identificadas como el n\u00facleo duro de los territorios ind\u00edgenas, se concesionaron alrededor de 2 173 141 hect\u00e1reas, principalmente para la miner\u00eda met\u00e1lica. Lo cual se traduce en que en esos doce a\u00f1os los ind\u00edgenas hab\u00edan perdido la jurisdicci\u00f3n sobre 7% de su territorio tan s\u00f3lo por concesiones mineras. Sus pesquisas muestran que la mayor\u00eda de las concesiones en el territorio nacional fueron otorgadas al amparo de la ley minera aprobada en 1992, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994). Tan s\u00f3lo durante los a\u00f1os de 2000 a 2012 se entregaron 2 814 concesiones para explotar oro, 71 plata y 25 cobre. Sin duda el proceso de despojo de los territorios ind\u00edgenas est\u00e1 avanzado en forma vertiginosa como consecuencia del boom <\/em>minero que fue preparado jur\u00eddica y fiscalmente desde la d\u00e9cada de 1990, con la pol\u00edtica neoliberal en boga (L\u00f3pez y Eslava, 2011; L\u00f3pez, 2017).<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan Svampa (2012), en el \u00faltimo decenio Am\u00e9rica Latina ha transitado del Consenso de Washington, basado en la valorizaci\u00f3n financiera, al consenso de los commodities<\/em>, sustentado en la exportaci\u00f3n de bienes primarios a gran escala. Afirma con raz\u00f3n que si bien la exploraci\u00f3n y exportaci\u00f3n de bienes naturales no son actividades nuevas en la regi\u00f3n, en los \u00faltimos a\u00f1os del siglo xx<\/span> y en un contexto de cambio del modelo de acumulaci\u00f3n se fue intensificando la expansi\u00f3n de proyectos tendientes al control, la extracci\u00f3n y la exportaci\u00f3n de bienes naturales, sin mayor valor agregado. De tal forma que el actual consenso de los commodities <\/em>implica subrayar, precisamente, el ingreso a un nuevo orden econ\u00f3mico y pol\u00edtico, sostenido por el boom <\/em>de los precios internacionales de las materias primas y los bienes de consumo, altamente demandados por los pa\u00edses centrales y las econom\u00edas emergentes.<\/p>\n\n\n\n Para que este modelo se impusiera fue importante la trasmutaci\u00f3n del Estado en uno de seguridad, el cual vir\u00f3 la raz\u00f3n del Estado de bienestar social a la defensa de los intereses econ\u00f3micos de las corporaciones transnacionales que encabezan y controlan el giro extractivo. Para autores como Gledhill (2014), transitamos a una seguridizaci\u00f3n<\/em> de la pol\u00edtica p\u00fablica, en el marco de un Estado sombra, mientras que Giorgio Agamben (2016) habla de la constituci\u00f3n de un Estado de seguridad o de excepci\u00f3n. Por su parte, el Tribunal Popular de los Pueblos (tpp<\/span>) denomina a estos Estados como fallidos. Es decir, que existen una serie de fen\u00f3menos, procesos, contextos y circunstancias que nos permiten hablar de modelos pol\u00edticos y econ\u00f3micos violentos, los cuales en aras de mantener el modelo econ\u00f3mico y bajo el argumento de la seguridad nacional y social, recurren a instaurar Estados de excepci\u00f3n, con lo que criminalizan y reprimen la justa protesta de vastos sectores sociales, generando lo que se ha denominado nuevas v\u00edctimas del desarrollo, lo que va dejando una cauda de asesinatos, entre ellos de mujeres, en todo el territorio nacional (Belausteguigoitia y Salda\u00f1a, 2015).<\/p>\n\n\n\n En este contexto, la violencia generada contra las mujeres ind\u00edgenas se ha recrudecido, pues si bien ha sido una constante (Hern\u00e1ndez, 2015), vemos que a medida que se han constituido como actores pol\u00edticos que se posicionan frente a los problemas de sus pueblos y que luchan por sus derechos como mujeres, se recrudece la violencia. Me parece que ahora no s\u00f3lo se les agrede para castigar y da\u00f1ar a sus hombres, es decir, a sus pueblos y sus proyectos pol\u00edticos, sino que a medida que las mujeres tienen un papel protag\u00f3nico en estas luchas, sea como parte del movimiento anti-extractivista, como defensoras de los derechos humanos, asesoras o consultoras, son v\u00edctimas de una violencia desmedida, como mostrar\u00e9 enseguida.<\/p>\n\n\n\n Los datos oficiales muestran que la violencia se extiende a lo largo del continente contra las mujeres que denuncian los despojos extractivistas y\/o la violaci\u00f3n de los derechos humanos universales, sean l\u00edderes, autoridades de pueblos o comunidades, periodistas o defensoras de los derechos humanos. Casos como el asesinato de la abogada Digna Ochoa, el 19 de octubre de 2001, quien fuera una destacada defensora de los derechos humanos e integrante de Centro de Derechos Humanos Miguel Agust\u00edn Pro Ju\u00e1rez, indignaron al pa\u00eds. Otro de los casos de mayor irritaci\u00f3n fue el asesinato de la l\u00edder del pueblo ind\u00edgena lenca de Honduras en marzo de 2016, Berta C\u00e1ceres, quien encabezaba la campa\u00f1a contra un pol\u00e9mico proyecto hidroel\u00e9ctrico de capital chino que construir\u00eda la represa de Agua Zarca, proyectada en el noreste del pa\u00eds en el R\u00edo Gualcarque, en un territorio sagrado y espacio de reproducci\u00f3n de los lencas. La campa\u00f1a de protesta de esta luchadora social logr\u00f3 que el constructor m\u00e1s grande de represas a escala mundial de propiedad estatal china, Sinohydro, retirara su participaci\u00f3n; lo mismo ocurri\u00f3 con el otro inversionista, que era el Banco Mundial. En reconocimiento a su incansable lucha le fue otorgado el premio medioambiental Goldman. Sin embargo, nada pudo hacer este reconocimiento y triunfo para evitar que fuera asesinada.3<\/a> En el marco de las resistencias al extractivismo, otras dos mujeres ind\u00edgenas han sido reconocidas con el premio Goldman: la peruana M\u00e1xima Acu\u00f1a, por la f\u00e9rrea defensa de su territorio donde la minera Yanacocha pretende explotar una mina de oro y cobre a cielo abierto en las alturas del departamento norandino de Cajamarca, destruyendo las fuentes de agua.4<\/a> Y este a\u00f1o correspondi\u00f3 a Francia M\u00e1rquez, activista y l\u00edder comunitaria colombiana de la localidad de La Toma, en el suroccidental departamento de Cauca, por su lucha contra la miner\u00eda legal e ilegal (ocmal<\/span>, 2018). Sin embargo, estos reconocimientos no han tenido pr\u00e1cticamente ning\u00fan impacto para detener la vor\u00e1gine minera que contin\u00faa sembrando terror y violencia.<\/p>\n\n\n\n Retomando el caso de M\u00e9xico, las cifras lo colocan como uno de los pa\u00edses m\u00e1s violentos de America Latina, situaci\u00f3n que se agrav\u00f3 a partir del a\u00f1o 2006 cuando el gobierno federal declar\u00f3 una guerra frontal contra el narcotr\u00e1fico, lo que se ha traducido en que durante la \u00faltima d\u00e9cada (2006-2016) los muertos civiles hayan ascendido a 175 000. El peor a\u00f1o fue el 2011, cuando la cifra se elev\u00f3 a 27 200 asesinados, y durante el a\u00f1o de 2017 se sumaron hasta el mes de noviembre 26 502. Cifras similares se han reportado para este 2018. Estamos hablando de una media mensual de m\u00e1s de 2 000 homicidios dolosos.5<\/a> Sin embargo, esta lucha contra el narcotr\u00e1fico oculta otras dimensiones de la violencia que es importante se\u00f1alar, como la violencia que ejerce la delincuencia com\u00fan y organizada que se expresa en robos, asaltos, violaciones, que colocan cotidianamente a las y los ciudadanos en vilo. Vale la pena se\u00f1alar que en gran n\u00famero de casos la violencia est\u00e1 vinculada no s\u00f3lo con la impunidad judicial, sino con la enorme desigualdad social que prevalece en el pa\u00eds, lo que lleva a muchos j\u00f3venes a engrosar las filas del narcotr\u00e1fico o grupos delincuenciales ante la falta de oportunidades laborales o educativas. Esto es por dem\u00e1s parad\u00f3jico, porque a pesar de la desigualdad reinante y los elevados niveles de corrupci\u00f3n y de violencia, nuestro pa\u00eds est\u00e1 colocado en el lugar n\u00famero 15 del ranking <\/em>de las econom\u00edas del mundo.6<\/a> Mientras tanto, en lo referente a los \u00edndices de desigualdad, de acuerdo con cifras aportadas por la Comisi\u00f3n Econ\u00f3mica para Am\u00e9rica Latina (cepal<\/span>, 2016), la mala distribuci\u00f3n de la riqueza alcanza una cifra muy alta, pues 80% de los activos financieros est\u00e1n concentrados en s\u00f3lo 10% de las familias, mientras que 10% de las empresas del pa\u00eds concentran 93% de los activos f\u00edsicos.7<\/a> A esta violencia debemos sumar la criminalizaci\u00f3n, persecuci\u00f3n, privaci\u00f3n de la libertad y los asesinatos de l\u00edderes de pueblos ind\u00edgenas, tanto hombres como mujeres, que encabezan luchas contra el despojo o la amenaza de despojo de sus territorios.<\/p>\n\n\n\n De manera tal, la desigualdad, la diferencia, la racializaci\u00f3n, la violencia de g\u00e9nero y los feminicidios son categor\u00edas y fen\u00f3menos que se intersectan y dibujan las nuevas violencias de que est\u00e1n siendo objeto muchas luchadoras sociales del continente. Como una muestra de la criminalizaci\u00f3n, una reciente declaraci\u00f3n de Amnist\u00eda Internacional se\u00f1al\u00f3 que s\u00f3lo en los dos \u00faltimos a\u00f1os (2016-2017) hab\u00edan sido asesinados 437 activistas pro-derechos humanos en 22 pa\u00edses, y 75% de los casos tuvieron lugar en Am\u00e9rica Latina y tuvieron que ver directamente con las actividades extractivistas (ai<\/span>, 2017).8<\/a><\/p>\n\n\n\n En cuanto a los datos disponibles para acceder a cifras oficiales sobre la violencia contra las mujeres, durante el mes de noviembre de 2017 se estableci\u00f3 la desagregaci\u00f3n en distintas categor\u00edas relacionadas con la violencia de g\u00e9nero. La Secretar\u00eda de Gobernaci\u00f3n dio a conocer una lista donde aparecen desagregados 31 nuevos delitos, contabilizados durante los a\u00f1os 2014-2017. Con esta nueva clasificaci\u00f3n, se dio a conocer que se abrieron 1 500 investigaciones por feminicidio (Tabla 1).<\/p>\n\n\n Entre los datos desagregados resaltan tambi\u00e9n las denuncias presentadas por violencia intrafamiliar, que superan la cifra de 40 000, mayor que cualquiera de los dem\u00e1s apartados acumulando los tres a\u00f1os contabilizados. Otros delitos de los que ya se tienen cifras son: los cometidos por servidores p\u00fablicos (36 478), la corrupci\u00f3n de menores (5 489), delitos electorales (1 840), aborto (1 540), trata de personas (1 034), tr\u00e1fico de menores (467) e incesto (76).9<\/a><\/p>\n\n\n\n Si bien estos n\u00fameros son preocupantes en s\u00ed mismos, aluden a los casos denunciados sobre los cuales se inici\u00f3 una investigaci\u00f3n; sin embargo, de acuerdo con los datos aportados por el Ombudsman<\/em> nacional, Luis Ra\u00fal Gonz\u00e1lez P\u00e9rez, existe una tendencia al incremento de la violencia feminicida en los \u00faltimos a\u00f1os. En este sendero los datos presentados por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) se\u00f1alan que los feminicidios se elevaron a 12 811 tan s\u00f3lo en el a\u00f1o 2017. Se afirma que se trata de \u201cmuertes de mujeres con presunci\u00f3n de homicidio\u201d, lo que hizo que 2017 se convirtiera en el a\u00f1o m\u00e1s violento en contra de las mujeres (adn<\/span>40: 2017). No se sabe, sin embargo, cu\u00e1l es la proporci\u00f3n de mujeres ind\u00edgenas que han sido v\u00edctimas de feminicidio y de desaparici\u00f3n forzada, pues los datos no est\u00e1n segregados por pertenencia \u00e9tnica.<\/p>\n\n\n\n Ahora bien, las cifras en cuanto a la violencia contra defensores de derechos humanos, ambientalistas y l\u00edderes sociales e ind\u00edgenas son igualmente alarmantes tanto para M\u00e9xico como para el resto de los pa\u00edses de Am\u00e9rica Latina, por ejemplo en Honduras Chis Moye (bbc<\/span> News, 2016), de Global Witness, se\u00f1alaba que entre 2002 y 2014 hab\u00edan ocurrido ciento once asesinatos de activistas ambientales en el territorio hondure\u00f1o, ochenta de los cuales hab\u00edan tenido lugar en tan s\u00f3lo tres a\u00f1os (2012-2014). En lo que corresponde a M\u00e9xico entre 2010 a 2016, cuarenta y un defensoras de derechos humanos hab\u00edan sido asesinadas, esto de acuerdo con los datos aportados por la Red Nacional de Defensoras de los Derechos Humanos en M\u00e9xico, de las cuales once eran periodistas (rnddhm<\/span>, 2014). \u00c9ste es el escenario en donde l\u00edderes y organizaciones de mujeres ind\u00edgenas est\u00e1n luchando por detener la violencia y la desposesi\u00f3n de sus cuerpos-territorios, como veremos enseguida.<\/p>\n\n\n\n De este amplio escenario de la violencia generalizada y en contra las mujeres ind\u00edgenas quiero presentar algunos datos referentes a M\u00e9xico y Am\u00e9rica Latina. Me interesa enfatizar que las mujeres luchan al lado de sus pueblos, como agraviadas directas, como actores pol\u00edticos y no s\u00f3lo como acompa\u00f1antes; en m\u00faltiples casos han mostrado su agencia pol\u00edtica encabezando movimientos de resistencia, desenmascarando las injusticias y construyendo organizaciones primero con sus pueblos y de forma paralela creando organizaciones de mujeres, cimentando posicionamientos, reflexiones y propuestas epistemol\u00f3gicas. Este activismo, como mostraremos, las ha colocado como el centro de una violencia preferencial y focalizada, en acciones que van desde la criminalizaci\u00f3n hasta la violencia sexual (Hern\u00e1ndez, 2015) y del desplazamiento hasta el asesinato.<\/p>\n\n\n\n Es frente a este escenario que las mujeres organizadas pol\u00edticamente expresan en sus agendas una serie de reivindicaciones que han ido desde la defensa de sus derechos como mujeres hasta una posici\u00f3n pol\u00edtica denominada feminismo culturalmente situado (S\u00e1nchez, 2005); podemos hablar tambi\u00e9n de un feminismo anti-extractivista y de feminismos territoriales (Ulloa, 2016a y 2016b). Algunas se sit\u00faan en los feminismos populares y comunitarios, otras parten desde los ecofeminismos y muchas no se reconocen como feministas de forma expl\u00edcita. Pero todas, desde su diversidad, comparten el horizonte de una lucha anti-extractivista o post-extractivista, descolonizadora y antipatriarcal, y se empoderan en el marco de las resistencias. Su principal aporte, de acuerdo con Miriam Gartor (2014), ha sido visibilizar los estrechos v\u00ednculos entre extractivismo y patriarcado.<\/p>\n\n\n\n Entre las organizaciones de mujeres contra el extractivismo sobresale en Centroam\u00e9rica la red de Mujeres Latinoamericanas Tejiendo Territorios, quienes emprendieron una caravana entre el 7 y el 17 de enero del 2018 que recorri\u00f3 Guatemala, Honduras y El Salvador para denunciar las afectaciones de las industrias extractivas en las mujeres, y afirmaron que<\/p>\n\n\n\n como mujeres participantes en este esfuerzo, hemos confirmado que en nuestros pa\u00edses la l\u00f3gica extractivista est\u00e1 amenazando gravemente los territorios y las poblaciones que ah\u00ed habitamos (Gartor, 2014).<\/p>\n\n\n\n Por su parte, las integrantes de la Red de Comunidades Afectadas por la Miner\u00eda en Honduras, en voz de Xiomara Gait\u00e1n, afirman que \u201cla mayor\u00eda de los proyectos extractivistas promueven un contexto de violencia, estigmatizaci\u00f3n y criminalizaci\u00f3n contra liderazgos comunitarios, en especial hacia las mujeres que luchan desde los territorios en Centroam\u00e9rica, donde se cometen m\u00faltiples violaciones a los derechos humanos\u201d (Gartor, 2014).<\/p>\n\n\n\n En el mismo tenor se han vinculado en redes y organizaciones continentales, por ejemplo el encuentro m\u00e1s reciente tuvo lugar en Montreal, Canad\u00e1, en abril de 2018, bajo el nombre de Encuentro Internacional \u201cMujeres en resistencia frente al extractivismo\u201d<\/em>, donde denunciaron las agresiones que sufren los pueblos ind\u00edgenas y las mujeres en particular en sus etnoterritorios. Hablaron sobre los enclaves petroleros en la Amazon\u00eda ecuatoriana, la explotaci\u00f3n minera de Cajamarca en Per\u00fa o la ruta de la soja en Argentina, denunciando que est\u00e1n viviendo los impactos que trae consigo la masiva llegada de trabajadores, lo que ha provocado el incremento del mercado sexual. El alcohol, la violencia y la trata de mujeres y ni\u00f1as con fines de explotaci\u00f3n sexual se establecen en la cotidianidad de los pueblos como una expresi\u00f3n de la violencia machista (Gastor, 2014; Comunicaciones Aliadas, 2018).<\/p>\n\n\n\n En estos encuentros se ha dado cuenta de otras dimensiones e impactos con la llegada de las empresas, como son la militarizaci\u00f3n que acompa\u00f1a ciertas regiones mineras. Se trata de una problem\u00e1tica que ya tiene varios a\u00f1os de presentarse; por ejemplo, en el a\u00f1o 2011, en el marco del Encuentro Latinoamericano Mujer y Miner\u00eda<\/em>, efectuado en Bogot\u00e1, Colombia, mujeres de treinta y cuatro organizaciones, redes, comit\u00e9s y asociaciones denunciaron que<\/p>\n\n\n\n La megaminer\u00eda se acompa\u00f1a de bases militares, mayor presencia de todos los actores armados y aumento de vigilancia privada, lo que hace m\u00e1s vulnerables a las mujeres.<\/p>\n\n\n\n La salud de las mujeres y las ni\u00f1as recibe tambi\u00e9n fuertes impactos agresivos de los megaproyectos. Se acent\u00faan las enfermedades de transmisi\u00f3n sexual (ets<\/span>), respiratorias, mentales y de la piel, auditivas y todas aquellas derivadas de la actividad minera extractiva y de las fumigaciones. Adem\u00e1s, se destaca el incremento de los abortos, malformaciones, c\u00e1ncer y embarazos de adolescentes, entre otras problem\u00e1ticas de la salud.<\/p>\n\n\n\n Con dolor e indignaci\u00f3n afirmamos la permanente demanda de servicios sexuales por parte de funcionarios y obreros de la industria minero energ\u00e9tica, servidumbres, trata de personas, migraci\u00f3n de mujeres, as\u00ed como la estigmatizaci\u00f3n de las mujeres que ejercen el trabajo sexual promovido por este tipo de actividades econ\u00f3micas (Acci\u00f3n Ecol\u00f3gica et al<\/em>., 2011).<\/p>\n\n\n\n Desde esta perspectiva, tanto la tierra como el cuerpo de la mujer son concebidos como territorios sacrificables. A partir de ese paralelismo, los movimientos feministas contra los proyectos extractivos han construido un nuevo discurso pol\u00edtico y de lucha que se centra en el cuerpo de las mujeres como un primer territorio a defender. La recuperaci\u00f3n del territorio-cuerpo como un primer paso indisociable de la defensa del territorio-tierra. Se trata de una reinterpretaci\u00f3n en la que el concepto de soberan\u00eda y autodeterminaci\u00f3n de los territorios se ampl\u00eda y se vincula con los cuerpos de las mujeres. Desde esta perspectiva podemos aludir al feminismo comunitario de las mujeres xinkas en resistencia contra la miner\u00eda en la monta\u00f1a de Xalap\u00e1n (Guatemala), quienes plantean que defender un territorio-tierra contra la explotaci\u00f3n sin tener en cuenta los cuerpos de las mujeres que est\u00e1n siendo violentados ser\u00eda inadecuado. En ese mismo pa\u00eds se han expresado otras luchas que tienen ya una d\u00e9cada; por ejemplo, en junio de 2008 Gregoria Crisanta P\u00e9rez y otras siete mujeres de la comunidad de Agel, en San Miguel Ixtahuac\u00e1n, sabotearon el tendido el\u00e9ctrico interrumpiendo el suministro de la minera Montana Exploradora, subsidiaria de la canadiense Goldcorp Inc. Durante cuatro a\u00f1os recay\u00f3 sobre ellas una orden de captura por sabotaje del funcionamiento de la mina. Finalmente, en mayo de 2012 los cargos penales fueron levantados y las mujeres lograron recuperar parte de las tierras de Gregoria, que ven\u00edan siendo utilizadas de forma irregular por la empresa, con lo que lograron un triunfo importante.10<\/a><\/p>\n\n\n\n Los encuentros y redes latinoamericanos de mujeres contra el extractivismo tienen una enorme importancia, tanto porque se constituyen como espacios de denuncia como de creaci\u00f3n e intercambio de estrategias de lucha y resistencia. Son espacios desde donde las mujeres est\u00e1n planteando formas alternativas de vida comunitaria en armon\u00eda con la naturaleza, sus culturas, cosmovisiones, as\u00ed como para pensar nuevos acuerdos entre g\u00e9neros, con l\u00f3gicas que rompen con el modelo capitalista vigente. En este rumbo fueron muy elocuentes los planteamientos expresados en el Encuentro Regional de Feminismos y Mujeres Populares<\/em> celebrado en Ecuador en junio de 2013, donde las asistentes se plantearon otra forma de organizar la vida econ\u00f3mica. Una econom\u00eda basada en la gesti\u00f3n de los bienes comunes que garantice la reproducci\u00f3n cotidiana de la vida; es decir, se trata no solamente de luchas de resistencia, sino igualmente de b\u00fasquedas y construcciones dirigidas al ejercicio de nuevas econom\u00edas solidarias y sustentables con una nueva l\u00f3gica tanto identitaria en t\u00e9rminos \u00e9tnicos como socioambientales, y por tanto de defensa de sus territorios, de su vida como comunidades y como pueblos (Su\u00e1rez, 2017).<\/p>\n\n\n\n Los costos de la resistencia frente a este modelo econ\u00f3mico de desposesi\u00f3n han sido altos, como largos en tiempo y onerosos en t\u00e9rminos econ\u00f3micos, sociales y pol\u00edticos, pero tambi\u00e9n se han generado novedosos y vigorosos procesos de construcci\u00f3n organizativa, as\u00ed como de reflexiones te\u00f3ricas y de construcci\u00f3n de paradigmas alternativos; en este andar se han sumado algunos triunfos contra las grandes empresas extractivistas y contra los Estados que las sostienen. Tal es el caso por ejemplo del pueblo de Sarayaku en Ecuador, donde las mujeres tuvieron un papel importante en la lucha contra la empresa Yanacocha, que adquiri\u00f3 el proyecto minero Conga en 2001. Como es ampliamente sabido, las mujeres del pueblo de Sarayaku, en la Amazon\u00eda ecuatoriana, encabezaron la resistencia contra la petrolera argentina Compa\u00f1\u00eda General de Combustibles (cgc<\/span>), a la que lograron expulsar de sus tierras en el a\u00f1o 2004. En este caso, el Estado ecuatoriano hab\u00eda concesionado 60% de su territorio a la empresa, sin realizar ning\u00fan proceso de informaci\u00f3n ni consulta previa a los pueblos impactados. Fueron las mujeres quienes, desde el principio, tomaron la iniciativa. Cuando el ej\u00e9rcito incursion\u00f3 en su territorio militarizando la zona en favor de la petrolera, ellas requisaron su armamento. Incluso el ej\u00e9rcito quiso negociar la devoluci\u00f3n de las armas de forma secreta. El pueblo de Sarayaku, empujado por las mujeres, convoc\u00f3 a la prensa de Ecuador para llevar el caso a la luz p\u00fablica. Finalmente, en el a\u00f1o 2012, tras una d\u00e9cada de litigios, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cidh<\/span>) declar\u00f3 la responsabilidad del Estado ecuatoriano en la violaci\u00f3n de los derechos del pueblo de Sarayaku (Gartor, 2014).11<\/a><\/p>\n\n\n\n Ahora bien, es importante se\u00f1alar que si bien en Am\u00e9rica Latina podemos hablar de distintos Estados y modelos de desarrollo, en el caso del extractivismo investigadores como Eduardo Gudynas (2009) hablan de la existencia de un modelo post-extractivista para referirse a los pa\u00edses \u201cprogresistas\u201d como Venezuela, Ecuador o Bolivia, los cuales se posicionaron como post-neoliberales y emprendieron la construcci\u00f3n de nuevas constituciones de car\u00e1cter pluri\u00e9tnico y plurinacional, reconociendo derechos a sus pueblos ind\u00edgenas, inclusive en el caso de Bolivia se dejaron asentados derechos de la naturaleza; sin embargo, a\u00fan quedan grandes retos para lograr una relaci\u00f3n equitativa y respetuosa de los derechos de estos pueblos.<\/p>\n\n\n\n El caso de la miner\u00eda es elocuente porque nos permite ver las coincidencias o continuidades con el modelo neoliberal. Inicialmente, podemos constatar que los nuevos Estados han seguido la senda del extractivismo, tal vez la mayor diferencia con el resto de los pa\u00edses del orbe es el papel mucho m\u00e1s activo que los Estados progresistas tienen en la direcci\u00f3n del modelo econ\u00f3mico, que se expresa por ejemplo en la imposici\u00f3n de altas tasas fiscales y en que buena parte de dichos recursos tienen como destino su inversi\u00f3n en distintas \u00e1reas y programas sociales. Sin embargo, el da\u00f1o ecol\u00f3gico, la violaci\u00f3n de derechos y la resistencia de los pueblos y sus mujeres as\u00ed como la criminalizaci\u00f3n y la violencia que desatan son una constante compartida en todo el continente, independientemente del Estado promotor.<\/p>\n\n\n\n Retomo aqu\u00ed como ejemplo el caso del Arco Minero, en Venezuela, que se remonta al a\u00f1o 2016, cuando el gobierno de Nicol\u00e1s Maduro entreg\u00f3 concesiones mineras en 112 000 kil\u00f3metros cuadrados, que abarcan una parte de la regi\u00f3n norte del estado de Bol\u00edvar y de Amazonas, al sur del r\u00edo Orinoco. En ese territorio empresas nacionales y extranjeras pueden explotar legalmente colt\u00e1n, oro y diamante. Esto se traduce en que el gobierno venezolano le abri\u00f3 las puertas al desarrollo de la miner\u00eda en 12% del territorio nacional, con la intenci\u00f3n de que esta actividad sustituyera al petr\u00f3leo y se convirtiera en una nueva fuente de ingresos para el Estado (Mongabay Latam, 2018). Desde el inicio, ambientalistas y cient\u00edficos se opusieron a esta decisi\u00f3n, se\u00f1alando adem\u00e1s que el gobierno venezolano no cumpli\u00f3 con realizar un estudio de impacto ambiental, ni cumpli\u00f3 con la consulta previa, libre e informada a los pueblos ind\u00edgenas, como mandatan la Constituci\u00f3n y los instrumentos de derecho internacional, como el Convenio 169 de la oit<\/span>. En el proceso de oposici\u00f3n uno de los grupos m\u00e1s activos han sido las mujeres ind\u00edgenas amaz\u00f3nicas aglutinadas en la organizaci\u00f3n Wanaaleru, quienes han denunciado que en esta regi\u00f3n se est\u00e1 generando un ecocidio, pues se est\u00e1n arrasando miles de hect\u00e1reas de bosque amaz\u00f3nico, con la concomitante contaminaci\u00f3n de las aguas superficiales y subterr\u00e1neas ocasionada por la oxidaci\u00f3n de minerales sulfurosos. Asimismo, han denunciado el proyecto como etnocida en tanto que se han presentado detenciones, persecuci\u00f3n y el asesinato de l\u00edderes ind\u00edgenas. En cuanto a los efectos sobre la salud y el bienestar de las mujeres amaz\u00f3nicas, han denunciado la violencia provocada por el incremento de la trata de mujeres y la expansi\u00f3n de la prostituci\u00f3n, as\u00ed como en da\u00f1os a la salud materno-infantil, provocados por el abandono de cultivos tradicionales, la migraci\u00f3n y el aumento de defunciones infantiles, as\u00ed como altas concentraciones de qu\u00edmicos en la sangre que provocan abortos (Wanaaleru, 2016).<\/p>\n\n\n\n Estamos, en s\u00edntesis, ante un panorama enormemente preocupante tanto por la violencia, la descomposici\u00f3n social y el faccionalismo que las explotaciones mineras generan en los pueblos ind\u00edgenas como por los nuevos escenarios de agresiones contra las mujeres. Lamentablemente, este modelo parece que continuar\u00e1 en los siguientes a\u00f1os, porque pr\u00e1cticamente todos los pa\u00edses latinoamericanos siguen apostando al arribo de grandes inversiones de empresas nacionales y extranjeras, a pesar del desastre social y medioambiental que dejan a su paso. Por ejemplo, en el caso de Ecuador el expresidente Rafael Correa afirmaba que no era posible tener a un pueblo pobre sentado en sacos de oro, aludiendo a la riqueza mineral del pa\u00eds que era necesario explotar, con el objetivo de detonar el desarrollo econ\u00f3mico. Es decir, que su proyecto postneoliberal enarbol\u00f3 un modelo neoextractivista que pretend\u00eda \u201ctransformar el patr\u00f3n de especializaci\u00f3n de la econom\u00eda con el fin de lograr una inserci\u00f3n estrat\u00e9gica y soberana en el mundo\u201d.12<\/a> Pareciera que todos los pa\u00edses latinoamericanos han retomado aquella vieja afirmaci\u00f3n expresada en el siglo xix<\/span> por el naturalista, ge\u00f3grafo y explorador italiano Antonio Raimondi, a quien sus pesquisas lo llevaron a afirmar que \u201cel Per\u00fa es un mendigo sentado en un banco de oro\u201d (Villacorta, 2006).<\/p>\n\n\n\n Este modelo econ\u00f3mico denominado eufem\u00edsticamente como \u201cde desarrollo\u201d avanza a pesar de las decenas de investigaciones que han se\u00f1alado que recolocarnos como exportadores de materias primas no genera bienestar, sino por el contrario dependencias econ\u00f3micas y desigualdades regionales con la creaci\u00f3n de los enclaves extractivos. En t\u00e9rminos pol\u00edticos implica una disminuci\u00f3n de la soberan\u00eda nacional, porque se cede el destino econ\u00f3mico de nuestros pa\u00edses a la l\u00f3gica de las grandes empresas extractivas. Tambi\u00e9n es preocupante que las decenas de procesos de disputa sean por la v\u00eda jur\u00eddica o a trav\u00e9s de vigorosas movilizaciones sociales y protestas que no logran detener los procesos de expropiaci\u00f3n o despojo de vastos territorios ricos en recursos bioenerg\u00e9ticos. Como he se\u00f1alado, en el activismo antiminero las mujeres est\u00e1n teniendo un papel central, desde donde distintas organizaciones y colectivos est\u00e1n documentando, denunciando y mapeando estos procesos; tal es el caso por ejemplo del Atlas de Justicia Ambiental<\/em>, que tiene como objetivo mostrar las distintas formas en que tanto los pueblos como las mujeres est\u00e1n siendo afectados por la miner\u00eda, y su papel para construir alternativas a este devastador modelo econ\u00f3mico.13<\/a><\/p>\n\n\n\n Cierro este recuento de las resistencias contra el extractivismo dejando testimonio de la m\u00e1s reciente expresi\u00f3n ocurrida en M\u00e9xico el pasado 11 y 12 de octubre de 2018 en la ciudad de Oaxaca, donde se llev\u00f3 a cabo un \u201cjuicio popular comunitario contra el Estado y las empresas mineras\u201d que hab\u00eda sido acordado durante la realizaci\u00f3n del Segundo Encuentro Estatal de Pueblos, Comunidades y Organizaciones \u201caqu\u00ed decimos s\u00ed a la vida, no a la miner\u00eda\u201d<\/em>, realizado en la comunidad zapoteca de Magdalena Teitipac, los d\u00edas 23 y 24 de febrero de 2018. En dicho encuentro participaron alrededor de 60 comunidades y 36 organizaciones (Colectivo Oaxaque\u00f1o en Defensa de los Territorios, 2018).<\/p>\n\n\n\n Durante el juicio popular se presentaron 22 casos de empresas que est\u00e1n violando los derechos de los pueblos ind\u00edgenas en la entidad. Asimismo, se recuperaron, documentaron y difundieron testimonios de diversas comunidades y organizaciones. Quiero destacar los presentados por organizaciones de mujeres ind\u00edgenas en defensa de sus territorios, quienes produjeron un peque\u00f1o video para dar cuenta de la situaci\u00f3n que guardan sus derechos; son los casos de las mujeres defensoras de la tierra de San Jos\u00e9 del Progreso14<\/a> y el de las Defensoras del Territorio de San Mart\u00edn de los Cansecos,15<\/a> los cuales se constituyen como un testimonio de las luchas de los pueblos ind\u00edgenas donde las mujeres, junto con los hombres, est\u00e1n teniendo un papel importante.<\/p>\n\n\n\n
\n\n\n\nIntroducci\u00f3n<\/h2>\n\n\n\n
La violencia sin l\u00edmites: violencia estructural-violencia de g\u00e9nero<\/h2>\n\n\n\n
![](\"https:\/\/archive.org\/download\/encartesvol2num4\/tab_laura_valladares_mujeres_indigenas_entre_guerras_1.png\")
\n <\/i>\n <\/a>\n <\/figure> <\/div> \n <\/div>\n Resistencias de las mujeres ind\u00edgenas en Am\u00e9rica Latina contra el extractivismo<\/h2>\n\n\n\n